viernes, 13 de septiembre de 2013

Diversos organismos del Estado habrían intervenido con el fin de controlar la investigación a BTR

Prueba de fuego. Megacomisión decide hoy la aprobación de su polémico informe sobre la interferencia política en el caso BTR.
Según el documento, cabos sueltos muestran a la Dirección Antidrogas del sector Interior, a Fiscalía de la Nación e instancias a su cargo, Cancillería, personal y mandos de la Marina, y al premier de la época envueltos en actos de interferencia política que alcanzarían a ex presidente García.
Edmundo Cruz y Elízabeth Prado

La novedad del informe preliminar de la Megacomisión titulado "Interferencia política en el caso BTR" es haber puesto en evidencia un nuevo delito que no ha sido materia de juicio. Ese delito es el que define el título de su informe.
¿En qué consiste? Sencillamente, en el despliegue evidente de diversos organismos de los poderes del Estado orientado a controlar y direccionar la investigación de los delitos que mostraron los llamados "Petroaudios", con fines de interferencia política. LaMegacomisión plantea que este presunto delito sea investigado por el Poder Judicial.


Información perdida
Todo indica que fue el grupo de inteligencia "Orión" de la Dirección Antidrogas de laPolicía Nacional (Dirandro), el que emprendió la búsqueda de los autores de la interceptación telefónica o "chuponeo".
"Orión" es la unidad de inteligencia operativa (de campo) con la que cuenta Dirandro para perseguir el crimen organizado. Y actúa apoyado por un sofisticado sistema de interceptación telefónica llamado "Constelación" (equipo donado por el gobierno de los EEUU) que realiza la inteligencia electrónica.
¿Cuándo empezó a operar "Orión"? Gastón Alberto Farash, entonces jefe de este grupo con el grado de comandante, declaró en el proceso que el general Miguel Hidaldo lo llamó para ese efecto "en noviembre de 2008". Otras fuentes indican que empezó a actuar inmediatamente después del destape de los "Petroaudios".
Lo cierto es que el 16 de octubre del 2008, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima había tomado de oficio el caso, con el apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Dirincri. Pero cuatro días después, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, lo puso en manos del fiscal superior Mateo Castañeda, y a fines de noviembre, toda la pesquisa de los chuponeadores estaba en manos de la Dirandro.
Los oficiales de Dirandro reconocieron en el proceso (seguido por la Segunda Sala Penal Especial) que "Orión" realizó labores de su especialidad para la detección de los autores del espionaje telefónico. Aunque explicaron que por tratarse de una labor de inteligencia no se emitieron informes escritos sino notas de inteligencia breves, y por esa razón no entregaron ninguna información sobre el contenido de sus indagaciones por la presunta corrupción.
Se presume, de acuerdo a los hechos, que a mediados de noviembre Dirandro poseía información básica sobre BTR, aunque insuficiente para proceder a la captura, allanamiento y descerraje de los domicilios de los implicados.
Entonces ya habían entrado en escena dos agentes de inteligencia de la Marina en situación de retiro: Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza. El primero de ellos trabajaba en BTR y fue presentado como colaborador eficaz por oficiales de inteligencia de la Dirandro ante el fiscal Mateo Castañeda. El segundo había trabajado como chofer de Jorge del Castillo desde los años ochenta, cuando este fue alcalde de Lima.
La historia de este dúo marino fue sacada a luz meses después por el periodista de investigación de La República Miguel Gutiérrez, en una nota titulada "La sospechosa colaboración eficaz", recogida en el informe de la Megacomisión.
La figura de Ismael Matta como colaborador eficaz dio sustento legal a la información que sobre BTR había acumulado Dirandro y viabilizó la captura de los implicados, el 8 de enero de 2009.
En febrero siguiente, Matta y familia viajaron a EEUU y un mes después lo hizo Luis Amengual. Ambos salen a trabajar en dos consulados peruanos, el primero en Patterson y el segundo en Nueva York.
Lo curioso es que el 20 de diciembre de 2008, cuando los chuponeadores de BTR aún no eran capturados, los dos agentes de la Marina y sus familiares se acercaron a la Dirección de Migraciones para tramitar sus pasaportes. Algo más: con el fin de obtener su visa familiar, Amengual contrajo matrimonio en la víspera con el padrinazgo de Jorge del Castillo. 


Vendida en la cachina
El comandante PNP Raúl del Castillo Vidal, quien lideró el equipo de 80 policías que allanó la casa de la gerente de comercialización de BTR, Giselle Giannotti Grados, ingresó a la diligencia portando una laptop. El video de incautación mostró que encendió el equipo y accionó un CD decomisado, pese a que el juez había prohibido la visualización.
Cuando en el juicio se le preguntó sobre la laptop a fin de que la entregara, dado que hay formas de recuperar información, el comandante respondió: "La terminé vendiendo a fines de año (…) en Las Malvinas".
En la misma diligencia, la fiscal Vanessa Araníbar efectuó 51 llamadas telefónicas mientras dirigía al contingente policial, 11 de ellas a un número registrado a nombre de la Embajada de los EEUU, posiblemente de un magistrado nacional que usa equipo de tal matrícula en razón a convenios con dicha legación. Y otras 21 llamadas a Nelson Díaz Caro, abogado. 
En el mejor de los casos, cabe suponer que Araníbar, fiscal provisional con dos años de experiencia en ese momento, buscaba asesoramiento.


Marina a bordo
La declaración del técnico electrónico de la Marina Martín Fernández Vírhuez ante el tribunal contiene una clara denuncia por no haberse incluido en el proceso a altos mandos de la Marina de Guerra implicados en el caso, cita al contralmirante Pedro García Yaque, entonces director de Inteligencia Naval. Menciona seis correos electrónicos que relacionan a seis contralmirantes con las actividades de BTR.