martes, 2 de julio de 2013

Crimen y castigo

Por: Augusto Alvarez Rodrich
Más allá de la decisión que finalmente tome el juez Hugo Velásquez sobre la acción de amparo presentada por el ex presidente Alan García con el fin de ser excluido de la megacomisión que investiga las presuntas acciones de corrupción ocurridas durante su gobierno, pensando en el próximo proceso electoral, su principal problema es el enorme desprestigio que, por este motivo, está sufriendo su candidatura del año 2016.
Toda ciudadano puede recurrir al Poder Judicial si es que cree que se ha afectado su derecho al debido proceso, incluso si el ámbito de la eventual violación es el Congreso de la República, el cual no puede estar al margen de este fundamento.
El informe preparado por la Defensoría sobre el tema, tras una solicitud hecha por el propio García, ayuda a entender lo que está en juego. Como explicó el reportaje de Ricardo Uceda publicado el domingo en este diario, entre todos los cuestionamientos, el más relevante sería la forma como el ex presidente fue informado de los hechos específicos por los que se le investiga.
En ese sentido, García tiene derecho a recurrir a la justicia para salirse de la megacomisión, y el fallo del juez debe respetarse así como las apelaciones que vengan.
Así ocurrió antes con Javier Diez Canseco por el abuso que cometió el Congreso, y con Ollanta Humala por el Andahuaylazo. Al margen de cualquier filia o fobia política, el debido proceso es un derecho fundamental en la sociedad.
Pero desde un punto de vista político, la decisión de García es un error grave. No solo contradice lo que él mismo dijo hace poco sobre la posibilidad de eludir el proceso parlamentario con un instrumento de ese tipo, sino porque está proyectando la imagen del que quiere escapar de su responsabilidad.
Esto es más grave aún porque los ‘narcoindultos’ encontrados por la megacomisión no son poca cosa, especialmente en un país donde el narcotráfico avanza sin cesar gracias a que tiene los recursos suficientes para comprar a mucha gente.
Por ello, es lamentable que el gobierno del presidente García no haya tenido el cuidado indispensable en un tema que es muy grave.
La justicia deberá investigar, caiga quien caiga, hasta dónde llega la responsabilidad penal por estos delitos, pero no hay duda de que acá hay una responsabilidad política ineludible que mancha al gobierno del presidente García y complica su postulación a la Presidencia en el 2016.
Por ello, el ex presidente García tiene el derecho de presentar una acción de amparo, pero desde una perspectiva política y electoral, esta decisión lo perjudica a él más que a nadie. Sin dejar de exigir el debido proceso, debe ir a la megacomisión.