miércoles, 31 de julio de 2013

CONGRESO TIENE LA OBLIGACIÓN MORAL DE APROBAR LEY DE MUERTE CIVIL

* Existen 293 condenados por corrupción que deben al Estado ¡mil millones de soles! Solo Montesinos y Fujimori adeudan 210 millones de dólares
La justicia tarda pero llega. El Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de aprobar, en los próximos días, la Ley de Muerte Civil que creará un mecanismo, para que tarde o temprano,el exasesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres y el reo expresidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori paguen los cerca de 210 millones de dólares que juntos deben al Estado por sus delitos de corrupción y por los que ya han sido sentenciados.
La lista de deudores del Estado, que maneja la Procuraduría Anticorrupción, está encabezada por Montesinos, con 200 millones de dólares y en segundo lugar se encuentra el exmandatario, con 10 millones de dólares.
No obstante, en total son 293 personas condenadas por corrupción y que todas juntas deben 1.000 millones de soles (unos 357 millones de dólares) al Estado, según datos del Ministerio de Justicia y la Procuraduría Anticorrupción.
El jefe de ese despacho, el procurador Julio Arbizu, reveló ayer a diario16 que el Congreso tiene el deber de aprobar esa normativa para que de esa forma se pueda recuperar todo ese dinero que se tiene por cobrar a los presos sentenciados por corrupción.
No obstante, esa ley no sólo alcanzará a los grandes deudores como Fujimori o Montesinos así como a los medianos y los pequeños deficitarios, ya que actualmente no existe un mecanismo que impida que los presos por ese delito –una vez que recuperan su libertad– puedan seguir teniendo actividades económicas y públicas, pese a que no hayan pagado el capital que deben por los forados que dejaron.
Por ejemplo, actualmente, un preso por corrupción que recupera su libertad puede obtener, sin problemas, un préstamo a un banco o trabajar en el sector público o privado, sin que nada se lo impida.
La norma también evitará que el delito prescriba con el paso del tiempo, o sea que la deuda pase al olvido. Esto quiere decir que sí o sí el preso, si quiere volver a trabajar o seguir con su vida normal, tendrá que cancelar sus deudas o en todo caso será un ‘muerto civil’ o muerto en vida.
“Toda esa realidad cambiará una vez que se apruebe esa ley”, subrayó Arbizu.
El presidente de la Corte Superior de Justicia, Enrique Mendoza, se sumó ayer también a ese pedido. “La muerte civil hará la sanción más efectiva a los corruptos. Además, significa la abstención de todo tipo de actividades económicas, por eso es importante dar apoyo a esa iniciativa”, sostuvo.
Ahora le toca al Congreso
“Con la muerte civil, además, no podrán formar empresas ni acceder a créditos ni a ningún tipo de asociación con el sistema económico; se atacará a sus bolsillos, que es algo que siempre quieren llenar los corruptos”, recordó, por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, al ser consultado sobre ese tema.
El presidente del Parlamento, Fredy Otárola, ha señalado, el pasado domingo, que esa normativa tendrá prioridad en su aprobación.
Esto quiere decir que a partir de hoy, fecha en que comienza el tercer período legislativo (2013 -2014), el Legislativo agendará su debate lo más pronto posible.
El presidente Ollanta Humala, en su mensaje a la Nación, exigió que la Ley de Muerte Civil sea aprobada urgentemente.
El dato:
El proyecto de Ley de Muerte Civil está en manos del Congreso. Si se aprueba esa normativa, será más fácil que se pueda recupar el dinero que los presos corruptos adeudan.
Datos claves de la norma
-La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción requiere necesariamente la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Estado. Por eso, existe actualmente discrepancias para conseguir consenso entre las bancadas del Congreso para su aprobación.
- Ese artículo y el número 80 del Código Penal contemplan la figura de la duplicación del plazo de acuerdo al tiempo de la condena. Pero, eso implica solamente los ilícitos de peculado, malversación de fondos y colusión agravada cometidos por los funcionarios públicos.
- La nueva norma plantea que afecte a todos los que tengan que ver con la corrupción, incluido el tráfico de influencias.
-El proyecto de Ley 2285/2012-CR plantea, además, la creación de un Registro de Sentenciados e Inhabilitados por delitos de corrupción y el Registro de Deudores de Reparación Civil por delitos en agravio del Estado.
- El primer proyecto para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción lo presentó Perú Posible en julio del 2001.
- Según el Ministerio de Justicia, hay 293 condenados por corrupción que deben cerca de 1.000 millones de soles.
-La Procuraduría Anticorrupción ha recuperado, en los dos últimos años, 4 millones de soles.