Tribunas vacías

No son aceptables tres de las nominaciones al Tribunal Constitucional

En un estado de derecho, el TC es el vértice máximo del sistema: el que interpreta qué dice el pacto fundamental donde están en blanco y negro nuestros derechos básicos y la organización del Estado, y el que consiguientemente está facultado para declarar si lo que el Estado quiere hacer con esos derechos está o no dentro de lo que puede”. Editorial de El Comercio El Tribunal y sus musas / 8 de marzo del 2012

Es cierto que la mitad de la lista de nominados al Tribunal Constitucional(TC) que finalmente han consensuado las bancadas del Congreso está formada por profesionales cuya solvencia académica y manejo del tema constitucional no se pueden negar, más allá de cualquier discrepancia ideológica. Lamentablemente, sin embargo, la otra mitad de la lista comprueba que la buena calidad de los nominados de los que comenzamos hablando responde más al azar que a otra cosa, y que lo que han buscado sobre todo los partidos al negociar sus nominados ha sido sentir que lograrían colocar en el TC a un alfil propio que les pueda servir luego para reforzar sus cuotas de poder. Es decir, a personas que sirvan para todo lo contrario de aquello para lo que esencialmente existe un TC: proteger las libertades individuales consagradas en la Constitución contra cualquier transgresión de los poderes estatales –léase, de los partidos en el poder–.

Resulta difícil entender de otra forma nombramientos como el del señorRolando Sousa. El defensor de un régimen inconstitucional como el de los noventa, régimen que logró mantenerse en el poder durante tantos años precisamente porque atropelló e inutilizó, junto con varias otras instituciones, al TC que con tanto honor intentó defender su entonces presidente Manuel Aguirre Roca. Uno hubiera pensado que un requisito mínimo para formar parte de un TC es respetar la idea de un TC.

Por otro lado, el estudio que el señor Sousa posee en sociedad con César Nakazaki ha defendido, además de a una serie de condenados por delitos de corrupción y violaciones de los DD.HH., a los Sánchez Paredes y al ex alcalde de Pucallpa (hoy procesado por lavado de activos). De hecho, según una denuncia de IDL-Reporteros, el señor Sousa en persona usó sus conexiones con el entonces ministro del Interior para reunirse el 2010 con el director general de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo, a quien habría intentado presionar respecto de las investigaciones que tenían los Sánchez Paredes por lavado de activos.

Desde luego, un abogado no puede ser condenado sobre la base de sus defendidos: todas las personas sin excepción tienen derechos y la justicia requiere que estos tengan una defensa profesional. Pero también es verdad que hay ciertos extremos que dejan lugar al tipo de dudas que no deberían tener cabida en el principal intérprete de nuestra Constitución.

Luego está el caso del congresista Víctor Mayorga, también conocido como“el congresista planchacamisas” después de que su asistente parlamentario Isidro Villa denunciase que el congresista lo obligaba a planchar sus camisas y a darle parte de su sueldo. Se trata del mismo congresista miembro del ala radical del Partido Nacionalista que en el 2011 permitió el acceso al Congreso al brazo político del MRTA. Con lo que, claro, su nominación demuestra no solo que nuestros congresistas no tienen idea de lo que es la majestad que posee una institución como el TC, en tanto que máximo órgano jurisdiccional del Estado, sino que tampoco tienen problemas con colocar en él a alguien que simpatice –e incluso colabore– con los enemigos del propio Estado.

Finalmente, tenemos al congresista Cayo Galindo, un abogado que hasta donde se sabe no es conocido por jurisconsulto y que no parece tener más picos en su hoja de vida que el de haber sido suspendido del Congreso en el 2009 por 120 días hábiles.

Naturalmente, estas tres personas no pueden llegar al TC. Y no debería ser difícil encontrar mejores candidatos. Nosotros, de hecho, hemos propuesto ya varias veces un método que objetivaría el proceso y lo salvaría de tantas componendas partidarias: que las bancadas escojan a los reemplazos de estos tres señores de entre los presidentes de los tribunales de arbitraje más nombrados del país (la información la tienen las diferentes cámaras de arbitraje). De esta forma, nuestro sistema de justicia pública podría tener a su cabeza a los mismos “jueces” a los que las empresas más importantes contratan para resolver sus propios litigios. Esto sí que sería llevar la inclusión a la justicia.

Pero si nuestros congresistas no quieren ese método para reemplazar a estos tres nominados, que traten cualquier otro. Lo primordial ahora es que produzcan tres nuevas nominaciones que muestren a la ciudadanía que sus representantes le tienen un mínimo de respeto. (El Comercio)