Los siete pecados de El Interino

La Defensoría del Pueblo argumentó ayer, en una audiencia judicial, la medida cautelar que suspendió el llamamiento al servicio militar obligatorio.

El Defensor, llamado El Interino por el gobierno, trabaja como si fueran sus últimas horas. Ya sacó sus fotos de su despacho. Esta es una crónica de los logros y sinsabores en su relación con el Ejecutivo.

Ricardo Uceda

El Interino amaneció el viernes 19 de julio con una duda. ¿Devolvería la llamada a Pilar Freitas, nombrada Defensora del Pueblo el día anterior por el Congreso? En su oficina habían recibido la llamada de su sucesora mientras él estaba afuera. Ese día, según ha declarado Juan Sheput, dirigente del partido que la propuso, ella ya había coordinado con por lo menos dos ministros de Estado asuntos referidos a su nuevo cargo. Todo lo cual se produjo, claro, antes de que el presidente Humala pidiera públicamente su renuncia.

Fue Humala quien llamó “El Interino” a Eduardo Vega, para restar importancia a las objeciones que hacía a algunos actos de gobierno. Sin embargo, de acuerdo a ley el funcionario que reemplaza a un Defensor del Pueblo mientras el Congreso nombra al titular –debió hacerlo en 2011, tras la renuncia de  Beatriz Merino– tiene las mismas prerrogativas que el titular. El Interino ha usado este poder al máximo con la mayor humildad, y quizá eso es lo que ha cautivado a todos los sectores.

En la mañana de ayer, por ejemplo, los adjuntos de la Defensoría Fernando Castañeda y Gisella Vignolo, de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, respectivamente, defendieron en una audiencia judicial la medida cautelar que paró provisionalmente el sorteo del servicio militar, al que han tachado por discriminatorio. También intervino el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén. En las próximas horas el juez podría autorizar o suspender definitivamente el sorteo mientras resuelve el asunto de fondo, la protección de los derechos de miles de jóvenes. En uno u otro caso ese día habrá una leña más en la hoguera.

PRIMERAS PIEDRAS

En 2011 Gisella Vignolo fue, precisamente, quien primero constató que las visiones del gobierno y de la Defensoría  no serían del todo convergentes. El Ministerio de Justicia dio marcha atrás en la idea de no cerrar definitivamente la lista de víctimas de las reparaciones, y mantuvo una rígida disposición que recién indemniza a una víctima directa cuando cumple 65 años. Vanessa Quiroga, que tenía cuatro años en 1992, cuando perdió una pierna en el atentado senderista en la calle Tarata, recién será compensada por el Estado en el 2053. También retrocedió el gobierno en el proyecto de ampliar el monto, diez mil soles, a un poco más de treinta mil, de acuerdo con reparaciones ya entregadas. A fines del 2011, en una reunión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el entonces ministro Juan Jiménez se quejó de que la Defensoría publicitara posturas al respecto sin la información correcta y sin dialogar con el gobierno. Vignolo tuvo que contradecirlo, pues la Defensoría no solo fundamentaba cada pronunciamiento sobre reparaciones sino que a él, personalmente, se lo había informado. Según varios asistentes, quedó claro que el desubicado era el ministro, quien abandonó la reunión a los pocos minutos.

Hubo por entonces otro desacuerdo. La Defensoría del Pueblo se negaba a asumir un organismo de supervisión contra la tortura que el Estado peruano se comprometió a implementar y por el cual le estaban tomando cuentas internacionalmente. El gobierno se negó a aportar los fondos necesarios, sin argumento alguno, pese a que el financiamiento estaba previsto en el proyecto inicial. El compromiso requería organizar equipos multidisciplinarios, que la Defensoría no tiene, pues está llena de abogados. Para esto y para reforzar con inspectores sus oficinas descentralizadas se requería  un mínimo de millón y medio de soles. Una bicoca para el MEF pero sustantivo para la Adjuntía de Derechos Humanos. “Con lo que tenemos con las justas podemos hacer los informes defensoriales”, decía Vignolo en las reuniones internas. En el Ministerio de Justicia se consideró un capricho que la Defensoría se negara si no le transferían fondos, y así se lo hicieron saber a las organizaciones de derechos humanos.

–¿Y si lo hacemos mal, ustedes a quién van a ir a reclamarle? A nosotros– explicó después Eduardo Vega a los representantes de estas organizaciones

UN CONEJO DEL SOMBRERO

El ponente principal en la audiencia de ayer, por tratarse de un asunto jurídico, fue Fernando Castañeda, un abogado de la Universidad Católica que como Vignolo hizo carrera en la Defensoría del Pueblo. Castañeda no solo ha sido el principal redactor de esta acción de amparo contra el llamamiento al servicio militar,  sino de una acción de inconstitucionalidad, presentada al Tribunal Constitucional  en febrero del 2013, y dirigida a anular el Artículo 12 del Decreto Legislativo 1129, que vuelve secreta cualquier información sobre seguridad nacional. Aunque usted no lo crea, en la contestación de ambas demandas los procuradores del Estado han aducido lo mismo que Humala: que Vega no tiene títulos, que no es realmente un Defensor del Pueblo. El Interino también ha sido ninguneado ante el Poder Judicial.   

Se comprenderá entonces que Castañeda no es un santo de la devoción del gobierno. El viernes 12 de julio, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), donde  según la versión oficial  fue aprobado un plan nacional hasta el 2016, Jiménez sacó de la mesa a Castañeda porque no era el Defensor sino su reemplazante. Desde hace algún tiempo, la PCM ha dispuesto que a este organismo solo asistan los titulares. La medida se dio porque estos no asistían, al mismo tiempo que el CONASEC iba perdiendo credibilidad.

Después de ser presidido por Humala, quien  empezó a dar órdenes que no eran cumplidas o no tenían asidero, sobrevino un reflujo hasta que el CONASEC pasó a ser presidido por el Ministerio del Interior y después por el Premier.  Pero no todos los titulares pueden ir a una reunión de más de veinte instituciones y la semana pasada había por lo menos tres alternos: de la Defensoría del Pueblo, de la Asociación de Presidentes Regionales y del Consejo de la Prensa Peruana.

Jiménez tomó lista y cuando llamó a la Defensoría del Pueblo Castañeda levantó la mano. El fastidio del Premier fue evidente para muchos. Pidió, entonces, que abandonen la mesa los alternos y Castañeda lo hizo –muy visiblemente porque pesa 130 kilos– pero no el resto. El desafuero era para él. Una vez en desarrollo la sesión, los alternos  incluso intervinieron. Tanto así que la fiscal suprema Gladys Echaíz, que reemplazaba al Fiscal de la Nación, José Peláez, no dio su aprobación al plan. El documento,  que se supone es fruto de la discusión de los equipos técnicos de todos los miembros, había sido distribuido al comienzo de la reunión. Nadie lo conocía.

–Tenemos que estudiarlo para hacer el control de legalidad– dijo.

Sin embargo el Premier anunció, al cabo de la cita, que el plan reflejaba el concierto de todos los sectores para la lucha contra la inseguridad. Es posible que el plan sea una maravilla. Pero en modo alguno fue concertado. Ninguno de los presentes, titulares o alternos, sabía en detalle de lo que se estaba hablando. Los equipos técnicos se reunieron unas cuantas veces, primero con un plan y después con otro, y una institución no sabe lo que propuso la otra y viceversa. Las cartas que envió con sugerencias la Defensoría del Pueblo nunca fueron respondidas. “Han sacado un conejo del sombrero”, declaró después Eduardo Pérez Rocha, ex director de la PNP.

SIETE PECADOS

Nunca se produjo una situación demasiado tirante entre el gobierno y  la Defensoría del Pueblo porque finalmente no hubo una disputa pública. Incluso, Ollanta Humala atendió solicitudes escritas por El Interino, como cuando le pidió observar un proyecto de ley del Congreso sobre el uso de la fuerza policial, en mayo del 2012. También accedió a su pedido de aprobar la ley sobre personas con discapacidad. ¿Qué impidió un entendimiento mayor?

–En realidad hay siete pecados capitales de la Defensoría– dijo un asesor gubernamental.

Dos de ellos ya han sido mencionados: las acciones jurídicas contra el llamamiento del servicio militar y contra el secretismo en seguridad nacional.  Antes, otro hecho  irritó a Palacio: una declaración sobre el traslado de Antauro Humala al penal Virgen de la Merced.

La Defensoría dijo que había pedido inútilmente explicaciones acerca de las alegadas “razones de seguridad” para realizar el cambio, siendo que el hermano del Presidente provenía de Piedras Gordas, la cárcel de máxima seguridad del país. En el Congreso la nota fue usada para zarandear al  ministro de Justicia, Juan Jiménez, y al presidente del INPE, José Luis Pérez Guadalupe.

Cuarto disgusto: la insistencia defensorial de que el gobierno publique la lista de las comunidades indígenas que deben ser sometidas a consulta previa. La negativa se debe a que la base de datos incluye pueblos en zonas andinas, en contra de la política presidencial de consultar solo a los de la selva.  Eduardo Vega dijo que el Presidente estaba equivocado. En medio de protestas antimineras en Cañaris, donde más del sesenta por ciento de la población ha nacido hablando quechua,  Vega declaró que esta comunidad sí tenía derecho a la consulta previa. No importaba, añadió, que la base de datos se hubiera publicado o no.

Quinto, otra insistencia: la de mantener el sistema de evaluación de los conflictos sociales, que exagera su número a juicio de la PCM. No fue posible la suscripción de un convenio entre la Defensoría y la PCM para publicar un solo reporte. El  gobierno, como es obvio, quería tener la sartén por el mango. La controversia llevó a que la PCM creara su propio método, que contabiliza solo las protestas contra el Ejecutivo y que ahora casi permite hablar de un gobierno pacificador.

El sexto factor fue una declaración del Defensor en el sentido de que una ley le impedía a Nadine Heredia ser candidata presidencial. El hecho de que fuera en respuesta a una pregunta periodística, y de que finalmente existiera la ley,  no minimizó la irritación.  En fin, su último pecado fue suscribir un informe demostrativo que el debido proceso a Alan García no fue respetado por la comisión que lo investiga en el Congreso.

Todo esto alejó a El Interino del gobierno, pero de algún modo, por lo visto en estos días, lo acercó a los ciudadanos.

NUEVO INTERINATO

La semana pasada, El Interino había sacado sus pertenencias más personales –fotos, cartas– de su oficina del Centro de Lima. Diecisiete años atrás ingresó a la Defensoría por un mes, como abogado, a la oficina que estudiaba los indultos. Después vio asuntos penitenciarios y más tarde fue Adjunto para Derechos Humanos.

Ahora no sabe cuánto más durará su condición de reemplazante. Desde el lunes pasado, se concentró en apoyar a Castañeda y Vignolo para su presentación de ayer. Queda claro que si el próximo Defensor quiere quedar bien con el gobierno tendría que deshacerse de estos dos abogados que tomaron la palabra en la audiencia judicial.

En cada intervención, El Interino trata de hacer lo posible para que  su rol de colaborador crítico del Estado no sea confundido con el de un adversario político. Es un tipo especial de cristiano. Así, decidió no enviar una carta de protesta por el trato discriminatorio a Castañeda en la reunión del viernes 12. En una situación peor, en la que él mismo fue víctima, tampoco protestó. Lo había invitado la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que expusiera el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo para crear una Autoridad de Cumplimiento, que resuelva las controversias en materia de acceso a la información pública.

Este derecho, pese a existir una ley, se halla estancado en el Perú. El auditorio lo componían miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN). Los invitados preliminares ya habían hablado, y la presentación en power point de Vega estaba en el ecran, a la vista de todos,  cuando el premier Jiménez, que preside la CAN, intervino:

–Se nos ha acabado el tiempo –dijo–. Podemos ver esto en otro momento.

Y levantó la reunión.

JUEZ EVALÚA SUSPENDER EL SORTEO DE SERVICIO MILITAR

El juez David Suárez Burgos, del 1° Juzgado Constitucional de  Lima, resolverá en los próximos días la oposición del Ministerio de Defensa a la medida cautelar que suspendió el Sorteo Público del Servicio Militar Voluntario (SMV), que debió realizarse el 19 de junio pasado.

Para esto, el juez escuchó ayer en una audiencia pública los informes de los procuradores del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Defensor del Pueblo.

Los procuradores de dichas instituciones pidieron al juez levantar la suspensión del sorteo, explicando que esta medida no afecta ni vulnera los derechos fundamentales de quienes saldrían sorteados, por lo que se debería dar paso al sorteo.

Por su parte, el Defensor del Pueblo y sus abogados pidieron al juez mantener la suspensión del sorteo, pues este convierte en obligatorio o compulsivo al SMV.

De otro lado, el juez rechazó un pedido del Colegio de Abogados, la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú para adherirse a la demanda de amparo de la Defensoría del Pueblo.

El juez David Suárez suspendió el sorteo ante una demanda de acción de amparo de la Defensoría que considera que el sorteo desnaturaliza el Servicio Militar Voluntario.