jueves, 11 de julio de 2013

Jugo de bonos, juego de tronos

Por: Augusto Alvarez Rodrich Augusto Álvarez Rodrich
Este pleito entre el gobierno y el Tribunal Constitucional (TC) tiene que ver, en lo inmediato, con los bonos de la reforma agraria, pero en el fondo está la manera de procesar diferencias entre poderes del Estado.
La bola la echó a rodar el presidente Ollanta Humala cuando el martes declaró que “el TC debería abstenerse de ver temas sensibles porque ya está de salida, por ejemplo, los bonos de la reforma agraria”.
La respuesta del presidente del TC, Óscar Urviola, no se hizo esperar y, con actitud de profesor de derecho constitucional básico, señaló su “disconformidad con la opinión del presidente sobre causas que él considera sensibles pues el TC es una institución autónoma”.
A su vez, el Congreso solicitó al TC que declare improcedente el pago de deuda agraria, y el ministro de Justicia Daniel Figallo pretendió actuar de traductor al decir que el comentario de Humala “no es injerencia, es llamado a la prudencia”.
Entonces, Urviola le recordó a Figallo su obligación de asesorar bien en asuntos jurídicos al presidente.
En contra de lo que a primera vista podría pensarse, los conflictos entre poderes e instituciones autónomas son normales en una democracia y hasta son señales positivas de su funcionamiento, siempre y cuando la confrontación se resuelva dentro de los conductos previstos.
Lo cierto es que el TC, como una entidad autónoma, no puede recibir órdenes del presidente de la república, por lo que Humala debiera tener más prudencia con los comentarios que hace, tanto en forma como en fondo. Y, por ello, hace muy bien Urviola en marcarle la cancha.
El presidente Humala debería evitar pronunciamientos como el del martes que implican una distancia del concepto fundamental de la separación de poderes.

Además, esta idea de que el TC ya no puede emitir resoluciones pues está de salida no tiene mucho sentido, especialmente si se recuerda que, en realidad, está de salida desde hace tres años, a la espera de que el Congreso se pusiera de acuerdo sobre sus nuevos miembros.
De paso, esta visión presidencial del status informal pero relevante del ‘lame duck’ es algo que puede pesarle a él mismo en el futuro, pues habrá quienes quieran ponerle fin adelantado, en la práctica, a su mandato, algo que puede ser bastante más pronto de lo pensado si es que su esposa cumple su palabra de no ser candidata en el año 2016.
Si el Poder Ejecutivo cree que hay algo indebido en los fallos del TC sobre los bonos agrarios, que lo denuncie con claridad, pero siempre respetando las autonomías institucionales, las cuales constituyen un fundamento de una democracia.