Por: Gustavo Gorriti
Los integrantes del congreso de la República parecen haber llegado a un acuerdo para nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor o defensora del Pueblo y a los directores faltantes del Banco Central de Reserva.
Como símbolo de la disonancia que vive nuestro país entre la economía y la política, no he visto casi objeción a la terna de directores para el BCR. Se los ve serios, se los presume solventes y equilibrados. Estando en vigor el lugar común que proclama la cobardía del dinero con un cierto orgullo retorcido, la gente suele sentirse mejor cuando la custodia de ese valioso cobarde es encomendada a gente seria, aburrida, sedentaria, razonablemente flácida y, sobre todo, con papada.
No me parece que se haya estudiado bien el efecto a la vez estimulante y estabilizador de una papada ilustrada en la economía. El milagro alemán no tiene el rostro adusto de Konrad Adenauer sino la papada feliz, la pícnica y equilibrada sabiduría de Ludwig Erhard.
Y aquí en el Perú, mientras Julio Velarde no adelgace, todos estaremos tranquilos. Si alguna vez el presidente del BCR tuviera una tentación anoréxica, entonces sí correríamos peligro de un pánico financiero. La rotundidad en las finanzas no es igual a la de la ópera. En esta se acepta la pasión, en aquella no; se quiere una inteligencia reposada, ciertamente capaz pero desafecta de las emociones, que digiere gozosamente la estabilidad y teme al vértigo; que sabe guardar con discreción el ciruelax para el momento en que el sentimiento conservador se haga un poco más retentivo de lo necesario.
De manera que mientras siga Julio Velarde y los nuevos directores proyecten la imagen de fobia a la adrenalina, capacidad analítica e imaginación limitada, el cobarde dinero se reproducirá sin cesáreas, se mantendrá contento, sin riesgo de estampidas.
"¿Qué comparación podría hacerse entre el Tribunal Constitucional de Manuel Aguirre Roca y el de Rolando Sousa? ¿Cómo se podrá explicar que el mejor fue primero y el peor después?".
El ámbito de la política es muy diferente.
Las fuerzas que obedecen a dos ex presidentes investigados por corrupción y a un ex gobernante sentenciado por crímenes diversos pero sin excepción graves, se han aproximado a nada menos que un consenso.
Según el congresista de Perú Posible, José León, se trata de optar por “el mal menor”.
“Pudimos haber vetado nosotros a Sousa, sin embargo tuvimos que hacer un balance de los pros y contras, y lo positivo le ganó a lo negativo”, dijo León a Enrique Patriau, de La República.
Es verdad que la democracia funciona en base a negociaciones, la capacidad de ceder racionalmente hasta encontrar puntos compartidos.
Pero ello se hace bajo la premisa de respetar y defender el interés de la gente, los principios de honestidad, integridad, rendición de cuentas, búsqueda del bien común.
Llevar a Rolando Sousa al Tribunal Constitucional como parte de un acuerdo multipartidario respaldado entre otros por partidos que lucharon contra la dictadura hace menos de 15 años, es una abominación.
El TC decayó mucho en años recientes, sobre todo durante el gobierno aprista. Pero hasta ahora ningún grupo vinculado con la democracia había caído en la degeneración de llevar a él a un defensor de la dictadura que, precisamente, intentó perpetuarse descabezando a aquel Tribunal Constitucional que defendió los derechos de los ciudadanos de la república.
¿Qué comparación podría hacerse entre el Tribunal Constitucional de Manuel Aguirre Roca y el de Rolando Sousa? ¿Cómo se podrá explicar que el mejor fue primero y el peor después? ¿Qué significará para la ciencia política interpretar el hecho de que unos lúcidos y valientes defensores de la democracia se hayan congregado en el TC bajo una dictadura; mientras que ahora, bajo una democracia, sus enemigos amenacen tomar el mismo TC como base de operaciones para lograr debilitarla y eventualmente destruirla?
Cuando la negociación se hace negociado, mientras las cabezas de cada fuerza priorizan la impunidad al sentirse amenazadas por lo que se descubre de ellas, el resultado es un juego infame a varias bandas cuyo objetivo es limpiarse mutuamente de responsabilidades.
Aún así, el acuerdo sobre Sousa traspasa otros límites. Entre ellos, el de la lucha contra o la connivencia con el crimen organizado.
Hace algo más de tres años publiqué en IDL-Reporteros una nota: “El encuentro”, en la que relaté la gestión que hizo Sousa a favor de la familia Sánchez Paredes el año 2010.
Sousa, como se debiera recordar, utilizó el Congreso para atacar a fondo, aprovechando el caso BTR, al equipo especial de policías de la Dirandro que intervino en él.
Se trataba del mismo equipo que había llevado a cabo una investigación de inédito alcance, a la familia Sánchez Paredes, por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. La cuidadosa y detallada investigación terminó con un atestado el 2010.
Sousa pertenecía al estudio Nakazaki, que defendía a los Sánchez Paredes, además de Fujimori, Hermoza y varios otros.
Cuando la investigación estaba por finalizar, el entonces ministro del Interior, Octavio Salazar, llamó a quien entonces era director general de la PNP, general Miguel Hidalgo, a su despacho. Ahí, para sorpresa de Hidalgo, no solo lo esperaba Salazar sino también el congresista fujimorista Rolando Sousa.
Apenas se saludaron, Salazar se levantó y diciendo “creo que ustedes dos tienen que hablar”, los dejó solos en su oficina.
Hidalgo se sintió, como me lo ha dicho, extraordinariamente incómodo. Antes de ser jefe de la Policía, había dirigido la Dirección Antidrogas cuya unidad especial realizó la investigación sobre los clientes del abogado/congresista que lo visitaba.
Sousa no perdió tiempo y empezó a hablarle a Hidalgo sobre sus defendidos, los Sánchez Paredes. “Habló sobre procedimientos en casos de lavado de activos”, recuerda Hidalgo.
Alarmado, Hidalgo le dijo que él ya no veía esas investigaciones y que cuando comandaba la Dirandro tampoco discutía casos en desarrollo. Apenas pudo, se levantó y se fue de la sala. Hoy retirado, Hidalgo me confirmó, con precisión de detalles, el encuentro en el que Sousa utilizó su cargo para intentar presionar al jefe de la Policía respecto de una de las mayores investigaciones sobre crimen organizado en nuestra historia.
El resto lo decantó el tiempo. Salazar, que hizo de intermediario, terminó como fujimorista y es ahora parte de la bancada que busca llevar a Sousa al TC donde sus gestiones a favor del tipo de clientes que representa tendrán mucha más fuerza. Y de repente lo hace sentado en el despacho que antaño dignificó Aguirre Roca.
Qué desvergüenza♦
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JAIME ESPEJO ARCE