El reciente encarcelamiento de Miguel Facundo Chinguel sorprendió a muchos. Hasta ese momento, Facundo Chinguel parecía gozar de la estima del expresidente Alan García.
En su declaración ante la Megacomisión, el 3 de abril pasado, García dijo que Facundo Chinguel es “proactivo agitado, y cuando se mencionó su nombre me pareció adecuado (…) un tipo dispuesto a ayudar. Es un hombre de pueblo (…) Lo conozco y me parece que es excelente”.
De hecho, lo conocía muy bien, pues Facundo Chinguel fue su abogado en algunos de los casos más sensibles por violaciones de derechos humanos que éste enfrentó.
En marzo de 2004, Facundo Chinguel denunció, a nombre de Alan García, a Fernando Olivera, Julio Quintanilla, Cristina Olazábal (fiscal provincial de Ayacucho), Francisco Soberón y Gloria Cano (abogada de Aprodeh), por nada menos que el supuesto delito de ‘asociación ilícita para delinquir’.
Según Facundo Chinguel, los acusados “(…) desde que se inició el presente gobierno (de Alejandro Toledo) se han concertado para conformar una organización permanente, jerarquizada (…) con la finalidad de involucrar ilegalmente al doctor Alan García Pérez en supuestos hechos ilícitos ocurridos durante su mandato presidencial, con el propósito de perjudicar su candidatura presidencial en las elecciones del 2006”.
El objetivo, como puntualizó entonces un comunicado de Aprodeh, era neutralizar la investigación por los casos de Accomarca y Cayara que llevaba, entre otros, la entonces fiscal Olazábal.
Apenas logró García la Presidencia de la República, Facundo Chinguel asumió nuevamente la representación de su cliente más notable, para denunciar por prevaricato y abuso de autoridad, a Olazábal, cuyo título oficial: “fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas de Ayacucho”, da una idea de su función. La denuncia de Facundo Chinguel contra Olazábal se debía a la acción de esta, en los casos de Accomarca y Cayara.
Hasta ese momento, uno no hubiera podido inferir una relación particularmente tierna de Facundo Chinguel con los derechos humanos. Pero, en 2008, Alan García provocó la renuncia del prestigioso abogado y líder aprista Luis Alberto Salgado, para nombrar en el cargo a su abogado Facundo Chinguel.
En realidad, eran dos puestos: “secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos” y representante del Ministerio de Justicia ante la “Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CONADIH)”.
Además, en 2010 se creó la Comisión de Gracias Presidenciales, cuya presidencia asumió Facundo Chinguel.
Apenas entró este al Ministerio de Justicia empezaron los cambios y despidos. Uno de los abruptamente removidos fue el veterano funcionario Roger Ramos Peltroche, un abogado especializado, precisamente, en conmutación de penas.
Según Roger Ramos, un funcionario del Ministerio, Aldo Vegas Urrutia le dijo, al despedirse de él, que la ministra (Rosario Fernández) le había dicho que el error de Ramos “fue meterse con un hombre del presidente”.
Y, de acuerdo con múltiples testimonios que ha recabado IDL-R, ese fue el estatus de Facundo Chinguel hasta poco antes de su detención.
En el Apra, el guión es ya bastante conocido: si un colaborador cercano o excercano a Alan García cae en desgracia, no debe esperar un salvavidas. Lo único que se espera de él es que sufra y calle, especialmente lo segundo. Pregúntenle sino a Agustín Mantilla, a Rómulo León, entre otros.
COLABORACIONES DE CAMPAÑA
El exsecretario general de la Presidencia de la República durante el régimen de García, Luis Nava, por ejemplo, se ha esforzado en marcar distancias.
Nava en una entrevista por RPP, señaló que “he tenido solamente una reunión con él (Facundo Chinguel). Yo jamás he despachado ningún indulto (…) Conmigo se reunió el 10 de enero de 2008. Entró no como presidente de la Comisión sino como un funcionario más (…) Yo he aceptado en la comisión que me he reunido con Facundo una o dos veces, pero no para tratar indultos presidenciales. Él era director de Serpost. Él jamás me ha hablado de algún indulto (…)”.
Lo que sí es posible es que hayan hablado sobre política o sobre financiación de campaña.
En las elecciones de 2011, Luis Nava fue candidato aprista al Parlamento Andino. Luego de la elección, en la que no resultó elegido, Nava presentó a la ONPE el registro de los aportantes a su campaña.
En la relación de aportantes en dinero, hay una compañía, Intratex SAC, que realiza varias contribuciones; y dos personas: el propio Nava, que contribuyó con 5 mil 100 soles el 8 de abril de 2011; y Miguel Facundo Chinguel que aportó 5 mil 200 soles ese mismo día, ambos para pagar publicidad en una radio.
Como se ve en el registro, la empresa Intratex SAC dio cuatro importantes aportes a la campaña de Nava, por 99 mil 324 soles, para pagar publicidad en televisión.
El personaje más importante de esa empresa es Faresh Miguel Atala Herrera. Entre quienes recuerdan el caso ‘petroaudios’, el nombre de Atala Herrera suena vagamente familiar, a través de varias conversaciones con Alberto Químper y Rómulo León. Es que Atala Herrera era director y vicepresidente de Petroperú, nombrado por el gobierno de García el 3 de agosto de 2008, hasta agosto de 2011.
GUSTAVO GORRITI / ROMINA MELLA IDL - REPORTEROS
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