miércoles, 11 de julio de 2012

Procuraduría le descubre dos inmuebles a Fujimori


Procuraduría le descubre dos inmuebles a Fujimori

La Procuraduría Anticorrupción descubrió dos inmuebles registrados a nombre de Alberto Fujimori en los distritos de La Molina y San Borja, valorizados cada uno en medio millón de soles, por lo que solicitó a la Corte Suprema autorice su embargo para recuperar por lo menos parte de los 27 millones 400 mil soles que le debe al Estado por las condenas que recibió por los casos Barrios Altos – La Cantuta, el secuestro de Gustavo Gorriti y el pago de la millonaria CTS a Vladimiro Montesinos.

El programa Tribuna Abierta tuvo acceso a los documentos que confirman este importante descubrimiento y mostró imágenes de los dos inmuebles.

La Procuraduría Anticorrupción ya remitió el pasado 5 de julio a la Corte Suprema un oficio solicitando se ordene el embargo, en forma de inscripción, del inmueble de la avenida La Fontana con calle Las Moreras, chalet A, de La Molina. El periodista Daniel Yovera pudo verificar que se trata de una vivienda que se encuentra dentro de este condominio privado al cual no es posible ingresar. Esta casa de Fujimori estaría valorizada en medio millón de soles.

La otra vivienda está ubicada en el chalet A de la calle López de Ayala 1516 – 1518, San Borja. En ambos casos el Ministerio de Justicia solo está a la espera de que la Corte Suprema le dé luz verde a sus pretensiones. 

Cabe precisar que la Procuraduría Anticorrupción ha puesto en la mira estas dos viviendas para cobrarle a Fujimori parte de los 3 millones de soles que debía pagar solidariamente con el expremier Federico Salas, el exministro de Economía Carlos Boloña, y el exministro de Defensa Carlos Bergamino, como reparación civil por el caso del millonario pago de la CTS a Vladimiro Montesinos.

GROSERA MANIPULACIÓN
En el caso de Federico Salas, precisamente la Procuraduría Anticorrupción le detectó en el año 2002 el inmueble ubicado en el tercer piso de este edificio ubicado entre las calles Jorge Vanderghen y Eusebio del Llano Zapata, en Miraflores. Pero pese a que la Procuraduría inscribió en julio del 2002 un embargo preventivo ante los Registros Públicos, una maniobra del expremier fujimorista está dilatando la confiscación.

A inicios de abril último esta tasación a pedido de la Procuraduría Anticorrupción había valorizado el departamento de Salas Guevara en 350,000 dólares y empezó a ultimar los detalles para embargarlo. Sin embargo, el 23 de abril apareció un nuevo personaje llamado Hernán Daniel Velarde Santa María, quien se presentó ante la Corte Suprema alegando ser el dueño del inmueble y pidiendo que se le excluya del plan de embargos. Resulta que Santa María le había comprado a Salas el departamento que vale 350,000 dólares, a 25,000 dólares, y había inscrito la operación en una notaría de Huancayo.

El 16 de mayo pasado la Procuraduría Anticorrupción se dirigió a la misma Corte Suprema pidiéndole que declare improcedente la intervención de exclusión de la propiedad en cuestión. La Procuraduría dijo en su escrito que el embargo ya había sido inscrito en julio del 2002 y la venta recién se realizó en el 2009. Además señaló: “nos atrevemos a señalar que esta transferencia de inmueble es fraudulenta y solo en el papel, porque en la realidad el condenado (Salas) sigue siendo el propietario, tan es así que su familia continúa ocupando el bien, conforme lo constató el secretario de la Vocalía el día de la diligencia en que los peritos judiciales lograron acceder al departamento para recabar la información” para la tasación.

Es más, la procuraduría insta al vocal de la Corte Suprema encargado del caso a no dejarse sorprender por esta grosera maniobra: “Señor magistrado, usted no puede dejarse sorprender con este tipo de peticiones amañadas, que lo único que pretenden es dilatar la ejecución forzada y evitar el remate del bien afectado”. Más claro ni el agua.

DATO: La Procuraduría Anticorrupción se ha propuesto recuperar los más de 1,000 millones de soles por reparaciones civiles que adeudan los condenados en los casos Fujimori – Montesinos.