lunes, 30 de julio de 2012

Hemos cometido errores


Por: Ernesto de la Jara 

La promesa del presidente Humala en su mensaje de 28 de julio de incorporar el derecho al agua a la Constitución ha sido audaz; por más que la puede haber hecho sin saber lo que implica o pensando que el Congreso nunca la concretará. El derecho humano al agua fue reconocido oficialmente por una resolución de Naciones Unidas de julio de 2010. Prueba de que no es una medida inocua es que no cuenta con la simpatía de los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Inicialmente, el derecho al agua apuntaba a que no podía seguir habiendo personas que no tuvieran acceso a agua potable y saneamiento. Actualmente se trata de un derecho que también está asociado a la idea de una “economía verde”. Es por eso que ha pasado a ser parte esencial de la agenda socioambiental, en tensión con el desarrollo de industrias extractivas y hasta de un tipo de proyectos agrícolas.

El derecho al agua en la Constitución implicaría una revolución normativa, ya que estaría por encima de cualquier ley, y –lo más importante– obligaría a redefinir sistemáticamente todos los otros derechos constitucionales. De ahí que podría ser un avance fundamental, pero para que lo sea se necesita que se haga con conciencia, responsabilidad y debate previo.

No coincido con quienes creen que el presidente debió hablar sobre Conga. Para qué obligarlo a anunciar una posición que podría tener que cambiar otra vez, ya que el desenlace del problema depende de una serie de procesos en curso.

Pero, de manera general, sí se refirió a los conflictos sociales, y en un tono más democrático. Lejos de centrarse en los ultras provocadores de enfrentamientos, esta vez prometió que no permitirá ningún proyecto extractivo que no cumpla con determinados estándares. Se acordó de la ley de consulta como algo positivo. Anunció la creación de una dirección nacional sobre conflictos que actuará a través de convenios con –nada menos– los gobiernos regionales. Cuando se refirió a la licencia social y ambiental, a varios se les debe haber puesto los pelos de punta.

Es solo un discurso, e insuficiente, pero para un gobierno con 17 muertos y el estado de emergencia en la mano, lo dicho podría marcar el inicio de una política social más equilibrada. Ahora, resulta contradictorio que se fije en 30,000 millones de dólares la inversión minera hasta el 2016; no está mal per se, pero habrá que lograr antes las condiciones para que ello sea viable.

Lo dicho sobre anticorrupción fue un imperdonable saludo a la bandera. En cambio, hubo transparencia en un tema importantísimo: derechos humanos. Quedó clarísimo su absoluto desinterés y concepción estrecha. Los restringió a proteger la integridad física de las fuerzas del orden en sus enfrentamientos(ojalá lo cumpla), a defender al Estado frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin importar que se trate de crímenes de lesa humanidad, y a dar un poco de plata a las víctimas.

Si hay algo absolutamente criticable, y que hay que evitar, es el anuncio que hizo de la solicitud que planteará para tener atribuciones excepcionales que le permitan legislar sobre Seguridad y Defensa. Aparte de las objeciones legales que se pueden hacer, hay que tomar en cuenta que el Congreso permitiría mayor transparencia y participación, mientras que del Ejecutivo pueden salir –cual hechos consumados– medidas absolutamente autoritarias.

La promesa más importante: la reducción de la pobreza del 28% al 15%. La parte más objetiva: “Hemos cometido errores”. Temas aparte. 1) Con su discurso político por 28, Cipriani volvió a demostrar lo que haría si logra tomar la PUCP: haría lo que se le venga en gana. 2) El Consejo Nacional de la Magistratura tiene la oportunidad de hacer justicia, destituyendo a Villa Stein por haber usado a la Corte Suprema para beneficiar irregularmente a los asesinos del grupo Colina.