Defensoría: No inventamos cifra de conflictos y esquema del Gobierno no varió mucho respecto al Apra

Defensoría puede sustentar cada uno de los casos 

La Defensoría del Pueblo no inventó los 247 conflictos que tiene registrado, sino que aplica una metodología a través de sus 38 oficinas descentralizadas, afirmó Porfirio Barrenechea, comisionado de la Adjuntía de Conflictos Sociales, tras sostener que el esquema de atención de estas controversias no ha cambiado si se compara la gestión del actual gobierno con el régimen anterior.

“Hemos pedido [a la Presidencia del Consejo de Ministros] saber cuál es la metodología porque formalmente no se tiene. No es que la Defensoría se invente los casos, la Defensoría tiene 38 oficinas a nivel nacional. […] Ahí hay una metodología que nos permite decir con toda certeza que los 247 casos que tenemos son los que la Defensoría puede sustentar y además la tengan que ser atendidos de manera prioritaria”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En esa lógica es que la Defensoría alimenta su información, a través de sus oficinas defensoriales, y permite tener la certeza de que un caso que se reporta como conflicto efectivamente lo es, con el sustento no solo de la identificación, no solo de actores, sino también del propio contexto y de las autoridades competentes para solucionarlo y del estado en el cual está en su momento”, agregó.

Detalló que cada una de las oficinas defensoriales conoce la realidad, tiene legitimidad de parte de la población y puede identificar las situaciones de demandas que aún no han sido atendidas. Explicó que en base a ello, se evalúa si la controversia es un problema por atender o si es realmente un conflicto.

La idea es no cerrar los ojos

Porfirio Cárdenas aseguró, en otro momento, que no es tan significativo el mantener una controversia con la PCM en cuanto a las cifras, tras remarcar que lo importante es saber cómo abordar las protestas. Precisó que en base a la información solicitada a la PCM se podrá cruzar información que permitirá a su vez, colaborar en la atención de la conflictividad.

“Diferencias, podemos tener seguro de carácter metodológico, de percepción de lo que pueda ser un conflicto, pero la idea es no cerrar los ojos, la idea es decir esto está pasando, tal institución como la Defensoría puede ayudarme y a partir de ahí, colaborar juntos para solucionar el problema”, manifestó.

“Hay algunos casos, donde coincidimos y seguramente, también, intercambiamos y presentamos algunas propuestas de parte de la Defensoría. La idea es mejorar, la idea es que eso puedo ir articulándose mejor, y que no se vea a la Defensoría no como alguien que quisiera perjudicarlos en la gestión, sino al contrario, colaborar para fortalecer la institucionalidad y la autoridad competente brinde soluciones al problema”, añadió.

Señaló que coincidencias en determinados casos en los que la Defensoría ha colaborado con el Ejecutivo, como por ejemplo, en el caso de Espinar, el de mineros informales o el caso de Apurímac.

No ha variado atención de conflictos 

Dijo, además, que no se percibe que haya habido un cambio significativo en relación al esquema de atención de los conflictos, si se compara la actual gestión con el gobierno anterior. Incidió, además, en que es imprescindible que las oficinas especializadas en el tema de conflictos de los ministerios actúen de manera coordinada para abordar la problemática.

“Creo que hay dos reflexiones al respecto. Uno que el esquema no ha variado mucho, en términos de la atención de la conflictividad sobre todo y básicamente cuando ya está en crisis, pero, también va de la mano con algunas decisiones que tomado esta gestión en la organización misma del Estado, del Poder Ejecutivo sobre todo”, indicó.

“Y ahí no solo la presencia de la Unidad de Conflictos de la PCM, no solo de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, que ya venían de la gestión anterior, sino también la posibilidad de tener espacios u oficinas especializadas de los ministerios que atienden la conflictividad. No es suficiente, porque es necesario que estas instancias actúen de manera coordinada para abordar una problemática, dependiendo de las demandas que haya de la población, pero eso creo que son diferencias que podríamos mencionar en relación con la gestión anterior”, aseveró.

Cuatro de cada cinco conflictos son socioambientales

Por otra parte, informó que los conflictos socioambientales son, en general, el registro más significativo que tiene la Defensoría del Pueblo, pues de cada cinco, cuatro están referidos a temas socioambientales. Puntualizó, del mismo modo, que el 60 % de los 150 conflictos registrados están vinculados a las actividades extractivas.

“Los temas socioambientales son en general, en el registro de la Defensoría, el número más significativo; de cada cuatro conflictos cinco son socioambientales, lo que tenemos registrado nosotros es que son el 60% del total de casos que tenemos”, declaró.

“Es decir, de los 150 casos están vinculados a actividades extractivas minería, energía, petróleo y básicamente por demandas de la población, por temor a la contaminación, pro incumplimientos de actas y acuerdos en apoyos a favor de la comunidad dentro de las principales causas que pudiéramos identificar, son los conflictos socioambientales los que en este momento representan un número mayor y que requieren una mejor atención”, reveló.

Quellaveco es un buen ejemplo para Cajamarca 

Finalmente, estimó que el caso del conflicto de Quellaveco es un buen ejemplo de cómo lograr resolver un conflicto entre las partes. Remarcó que en los casos de Espinar y Cajamarca estos se encuentran en un proceso de diálogo y acercamiento.

“El caso de Quellaveco, por ejemplo, es importante; resalta porque estuvo un tiempo en una mesa de diálogo, donde hubo la posibilidad de acercamiento gracias el liderazgo del gobierno regional y de todas sus autoridades también y representa, por la forma como se ha resuelto, un caso –valga la redundancia– como un caso resuelto y eso permite retirarlo del registro”, expuso.

“Es un caso [Cusco y Cajamarca] de conflicto activo porque todavía no se ha resuelto la demanda de la población, pero es en todo caso un diálogo, a diferencia de otros que están en crisis, que no están en proceso de diálogo, que están en fase de escalamiento. Entonces, es un conflicto que se encuentra en proceso de diálogo y que la Defensoría vemos como un tema interesante para abordarlo porque se está tratando de llegar a un entendimiento entre las partes”, concluyó.