Gallinazos sin plumas

 Augusto Alvarez Rodrich

La conversación entre representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el caso Chavín de Huántar, revelada por el diario La República, aporta elementos que apuntan directamente a los graves problemas institucionales que existen en el país para avanzar hacia un respeto cabal de los derechos humanos.

La cita, realizada a fines de mayo del 2012, reunió al entonces presidente de la Corte Suprema, César San Martín, en la sede del Consejo Ejecutivo del PJ, con el entonces ministro de Justicia y hoy premier Juan Jiménez; el entonces agente del Estado peruano y hoy ministro de Defensa Pedro Cateriano; y la presidenta de la sala que proceso el caso Chavín de Huántar en primera instancia, la hoy ex jueza –pues no fue ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura– Carmen Rojjasi.

De los audios revelados se desprende que las autoridades del Ejecutivo presentes en la cita fueron, por un lado, a unificar criterios para una mejor defensa del Estado peruano en la CIDH, lo cual está bien salvo por la presencia de la jueza Rojjasi.

Pero su presencia obedecía al otro objetivo de los miembros del Poder Ejecutivo en la cita: evitar que la justicia peruana vuelva a fallar por el reconocimiento de ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huántar.

Los problemas de fondo de estas citas, y en varios pasajes lamentables de la conversación ocurrida en mayo de 2012, es, por un lado, que, sin llegar a un chantaje, extorsión ni nada por el estilo, sí es evidente que se buscaba ejercer presión sobre la jueza que debía fallar en este caso, algo que pone en entredicho la necesaria independencia de poderes.

El otro problema no es menos relevante que el anterior y se refiere a la absurda decisión del Estado peruano, continuada por el gobierno actual, de no separar la paja del trigo, distinguiendo claramente entre el valeroso y heroico grupo de los comandos Chavín de Huántar, quienes merecen todo el agradecimiento del país; de lo realizado por los gallinazos sin plumas que integraron un comando de ejecución extrajudicial.

La solución a este problema es la que ya han planteado varios abogados: que, de una vez por todas, el Ministerio Público inicie una investigación de oficio y sobresea a los comandos Chavín de Huántar.

Lo lamentable de todo lo ocurrido radica en que personas con trayectoria democrática acaban, por un mal entendimiento de los intereses del Estado, colaborando con grupos opuestos a la defensa de los derechos humanos.

Y que, de este modo, se les abre espacio a agrupaciones políticas alejadas de la defensa de la institucionalidad democrática, para que pretendan fortalecerse aprovechando políticamente este caso.