Tito el terrorista y el harakiri del Estado

Escribe: Claudia Cisneros 

1) Tito era un terrorista, que junto con sus secuaces transgredieron las leyes. Con  sus actos de violencia, abuso y muerte subvirtieron el  orden constitucional, legal y moral que  deslegitima cualquier intento de reivindicación o lucha en un Estado de Derecho.

Tito y los otro 13 terroristas eran blancos militares desde el momento en que decidieron su acción violenta, transgresora, ilegal e inhumana. Sus muertes, en el enfrentamiento con las fuerzas del orden, eran altamente probables, y si ocurridas en el fragor del fuego para recuperar la residencia y a los rehenes, absolutamente legales y lógicas.

2) Ninguno de los 142 comandos de la operación Chavín de Huántar ha sido procesado o puesto en cuestión. Al contrario, es consenso nacional reconocer su profesionalismo, efectividad y precisión en haber minimizado bajas durante una operación tan compleja. Son no solo héroes nacionales sino ejemplo de habilidad y virtud militar en el exterior. Un orgullo.

3) Precisamente porque esos honores se los han ganado limpia y denodadamente, todos deberíamos estar sulfurados de ira por la vileza de Montesinos y sus secuaces que –por años– se han escudado en el honor y gloria de los Comandos para librarse de responsabilidad penal de haber manchado con sus acciones ilegales una operación militar y humanamente modelo.

Los Comandos no tienen en absoluto culpa de que existiera un grupo paralelo que haya podido ser responsable de eliminar a un terrorista rendido, que por más maldito y equivocado, debió pasar un proceso judicial y condena severa como mandan las leyes que tratamos de preservar al combatir el terrorismo. Responder con su misma lógica anárquica de pisotear derechos de otros – sean de inocentes ciudadanos o de viles delincuentes– descalificaría el argumento de preservación del Derecho. Y eso es un peligro para todos.

Quienes piensan que no importa si a Tito lo remataron cuando ya no había combate, estaba rendido dejando de ser un peligro inminente, con las manos atadas (como dice la sentencia, peritajes y testimonios de policías), no es consciente de la contradicción legal y moral de su argumento. Nadie quiere defender a Tito el terrorista. Lo que se defiende es el absoluto cumplimiento y salvaguarda del Estado de Derecho que es una garantía para un ciudadano en cualquier momento de su vida –en acierto o error– de que los procesos serán cumplidos dentro de la ley. Es nuestra última y única garantía.

La mala suerte la echó el Estado desde que decidió no oír la verdad de las pruebas y testimonios en “nombre del Estado” ¿Por qué? Porque internacionalmente, así los responsables de la ejecución extrajudicial hayan sido Montesinos y sus gallinazos, calificarían como “Estado”. La ejecución extrajudicial habría sido cometida por “el Estado peruano”, aún tratándose de un poder paralelo como el de Montesinos.

Entonces, en vez de admitir lo que las pruebas forenses y testimonios gritaban, el Estado decidió “cambiar los hechos” por mentiras que han terminado por: salvar a Montesinos y sus impresentables; poner a los inocentes Comandos en riesgo de un nuevo proceso e injusto manoseo; desprestigiar a 2 poderes del Estado y desacreditarnos internacionalmente.

¿No se les ocurrió que el costo de asumir las verdades era menor y más seguro? : Aceptar la ejecución extrajudicial y procesar internamente a los Gallinazos y a Montesinos –que en la sombra aterrizaron en la residencia para ensuciar a los Comandos y utilizarlos para sus fines– desde la primera foto hasta la última sentencia que los exculpa.

¿Tan mal estamos que a nadie en el Estado se le ocurrió que la verdad era el único y mejor camino para hacer verdadera justicia a los Comandos y castigar a quienes los han utilizado todo este tiempo?