lunes, 19 de agosto de 2013

Pisco.... Cumpleaños infeliz

(Editorial) Cumpleaños infeliz
Seis años han pasado ya desde el terremoto del 15 de agosto del 2007. Seis años durante los que, lejos de celebrar los logros de una labor de reconstrucción bien realizada, nos lamentamos año tras año por lo que se dejó de hacer, lo que aún no se ha hecho y hasta por lo que se ha hecho mal. Desgraciadamente, luego de este irracionalmente largo período de espera, aún quedan 14.000 familias en las localidades de Cañete, Pisco, Chincha e Ica que duermen en carpas, esteras y plásticos. Y ni este gobierno ni el anterior han cumplido con sus promesas de solucionar esta dramática situación.
Hagamos un poco de memoria de lo sucedido para tener una idea del tamaño de la deuda que tiene el Estado con las víctimas. El terremoto de 7,9 grados azotó principalmente las provincias de Ica, Pisco y Chincha en Ica, Cañete y Yauyos en Lima, y Huaytará y Castrovirreyna en Huancavelica. Dejó 596 muertos, 1.268 heridos, 320 mil damnificados y otras 400 mil personas afectadas, además de 76 mil viviendas destruidas.
Ese mismo año, un par de meses después, el entonces presidente García declaraba sobre el centro poblado de Hualcará, en Cañete: “Todo está listo y preparado para convertir a Hualcará en una ciudad moderna y ejemplar, que servirá de plan piloto para demostrar que sí se puede hacer la reconstrucción del sur, sin demandar mucho tiempo”. Hoy en día, sin embargo, aún quedan 90 familias viviendo entre esteras y plásticos en dicha localidad. Según Alberto Neyra Bolívar, presidente de la Asociación de Damnificados 15 de Agosto de Cañete, de las 7.970 casas destruidas en la provincia se ha reconstruido casi el 80%, pero estima que “el 60% han sido levantadas por los propios damnificados a través de préstamos personales ante el escaso apoyo gubernamental”. Una pequeña muestra de lo que, a grandes rasgos, sucede en los lugares afectados.
Las medidas que el Estado tomó desde el comienzo, en buena cuenta, sirvieron de muy poco. Días después del desastre, el pleno del Congreso aprobó la creación del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), al que se le asignó como principal función acelerar y centralizar los procesos de rehabilitación de las zonas afectadas. Sin embargo, el Forsur no cumplió con su objetivo. Prueba de ello, además de las cifras antes mencionadas, es que, a dos años del terremoto, en Chincha solo se había reconstruido el 15% de las casi 25.000 viviendas destruidas (de hecho, 5 de los 11 distritos chinchanos resultaron con el 60% de sus viviendas inhabitables). Además, a cinco años del sismo, se calculaba una inversión de más de S/.800 millones y supuestamente se iniciaron 925 proyectos de rehabilitación y, no obstante, no se culminaba la reconstrucción de dos instituciones educativas y de puestos de salud en Ocobamba y Huachojaico, y el INPE no había construido el nuevo penal de Chincha pese a que la transferencia de recursos se hizo en el 2009.
La gestión del Forsur, por otro lado, trajo consigo fuertes sospechas de corrupción en el manejo de los fondos con los que contaba. En efecto, la comisión investigadora Forsur del Congreso elaboró un informe que presentó al Ministerio Público en julio de este año y en el que recomendó denunciar a 140 personas por cometer irregularidades y a 400 por cobrar ayuda humanitaria sin ser damnificados. Además, según el informe, también se habría entregado 15.993 bonos de S/.6.000 a personas sin identidad conocida y se habrían presentado actos de corrupción por S/.42 millones en 33 obras.
A pesar de que a inicios del año pasado el presidente Humala aseguró que en dos años la misma se convertiría en un modelo de reconstrucción, no ha habido avances significativos. ¿Cómo hacer para que en cada aniversario de este desastre no nos encontremos con que el Estado sigue impasible frente a esta situación? Pues quizá podríamos empezar por hacer con los funcionarios públicos encargados lo mismo que hace el Estado con, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones que no reponen la infraestructura rápidamente luego de un terremoto: multarlos. Quizá ese es el incentivo que necesitan para cumplir con su trabajo.