Sobre la Ley de Consulta Previa y su impacto en las Comunidades Indígenas

El 6 de setiembre el presidente Ollanta Humala decretó la Ley de Consulta Previa, cuya misión es promover que la voz de los pobladores nativos de una región se incluya en la decisión de aplicar o no inversiones en sus localidades. Es entonces imprescindible considerar qué impactos sociales y culturales podrían producirse en estos lugares.

Las opiniones de los especialistas varían desde el riesgo de asimilación cultural hasta la posibilidad de que el proceso sea menos efectivo de lo previsto. Uno de ellos es el antropólogo Jürgen Golte, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y doctor honoris causa por la Univesidad Nacional Mayor de San Marcos, cuya visión del tema fue recogida en una entrevista por Ricardo Marapi, periodista del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).

Para Golte, el mayor impacto es en lo democrático, con la organización social indígena. Por ejemplo, la mayoría de los grupos selváticos discuten y resuelven sus problemas con la participación de todos sus miembros y sin un líder designado, mientras que la Ley de Consulta Previa asume la existencia de líderes.

El detalle está en que, al ser estos grupos de organización paternal, la participación social es altamente influenciada por el número de familiares que una persona tiene y su posición en la red de parentesco. Esto es algo que marca el impacto de una ley que promueve derechos igualitarios ante una forma de organización que ha estado vigente durante siglos.

Otro caso es el de los pueblos quechua y aymara, donde históricamente el poder ha sido siempre ostentado por los más antiguos o viejos. El antropólogo indica que la legislación nacional tiende a interactuar con personas que saben leer y escribir, siendo estos fundamentalmente los más jóvenes, y esto reorganiza las relaciones de poder dentro de estos pueblos. Golte señala el inconveniente de una mayor comprensión de lo que pasa en el Estado por parte de la población joven con respecto a los mayores, lo que produciría cambios en las costumbres ancestrales de los pueblos al reorganizar el poder en los grupos sociales.

Si bien la Ley de Consulta Previa está pensada en el caso de la contratación de proyectos mineros, la norma afecta a los indígenas en todo asunto que tenga que ver con la forma de vida, cosa que prioritaria en la legislación de un Estado. Jürgen Golte opina entonces que una auténtica relación permanente entre los pueblos indígenas y el Estado Peruano sería la Consulta Previa aplicada en toda legislación que involucre a las poblaciones indígenas, pero advierte sobre el inconveniente de que en estos momentos el Estado sea más igualitario en su Constitución que en la práctica, con una sociedad peruana altamente estratificada con diferencias de riqueza y poder abismal entre sus miembros, una realidad que de pasarse a los grupos nativos devendría en serias complicaciones.