Por: Ernesto de la Jara
Cómo no condenar el vandalismo ocurrido en La Parada. La violencia lumpen contra la policía no debe quedar impune. También falta una explicación de por qué todo se hizo tan mal. Los resultados hablan por sí mismos: fue un desastre.
Pero no por eso el intento de revocar a la alcaldesa de Lima deja de ser lo que realmente es: una estrategia política que responde a ánimos de venganza, fundamentalismos ideológicos, objetivos políticos e intereses ilícitos. Qué más prueba de que nada tiene que ver con su desempeño en las funciones municipales que el hecho de que la revocatoria se planteó casi al día siguiente de que asumiera el cargo. No habían pasado ni seis meses desde entonces y ya había encuestadoras que preguntaban si se estaba a favor o en contra de dicha medida, cuando era hasta un imposible jurídico, ya que no se había cumplido el año que la ley exige para dar el primer paso hacia una revocatoria.
Y si se ha conseguido el número de firmas requeridas es por la gran cantidad de plata que han puesto por lo bajo los enemigos de la alcaldesa. No nos olvidemos de los audios en los que se escucha al impulsor principal de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, hablando de plata puesta para elecciones con una mujer que es parte de una familia directamente relacionada con una de las personas a las que Villarán ha investigado por corrupción.
Pero, además, la revocatoria ha devenido en ilegal, ya que no se cumplió con presentar las firmas requeridas en el plazo de ley. Un plazo que está establecido de manera muy clara en el artículo 10 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N º 26300: “Depurada la relación de suscriptores y no alcanzado el número necesario, los promotores tendrán un plazo adicional de hasta treinta días para completar el número de adherentes requerido”.
Esos treinta días vencieron, en este caso, el 5 de julio, y por eso el Reniec, el órgano que de acuerdo a la Constitución es el encargado de contar y verificar las firmas, no aceptó el último lote de firmas que los revocadores presentaron el 6 de julio, dando por terminado el intento de revocatoria, tal como correspondía legalmente.
Sin embargo, los revocadores usaron una leguleyada para recurrir ante el Jurado Nacional de Elecciones y cuestionar la decisión del Reniec. Invocaron a su favor una carta firmada por un subgerente de dicha entidad en la que se decía que dicho plazo vencía el 6 de julio.
Pregunta elemental: ¿Los revocadores debieron someterse a lo que dice la ley sobre el plazo o a lo que se dijo en una carta? Obviamente, a la ley.
Una interpretación en sentido contrario significaría que lo dicho por cualquier funcionario público, sea por error o por cualquier razón, está por encima de lo dispuesto expresamente por una ley. Absurdo. ¿Acaso si en la misma carta se hubiera puesto 2013 y no 2012 los revocadores podrían haber interpretado que, sin importar lo establecido por ley, el plazo para la presentación de firmas se extendió un año más? Claro que no.
Como se ha venido diciendo, el error no puede crear derecho. Si fuera así, imaginemos la cantidad de trampas que podrían ser legalizadas a partir de errores cometidos premeditadamente por funcionarios corruptos.
De otro lado, resulta inaudito que un error de un funcionario sea lo que termina definiendo el partido a favor de los revocadores y en contra de la alcaldesa y todos los regidores.
Es incomprensible que el JNE les haya dado la razón – por lo menos por ahora– a los revocadores, considerando que dicha carta los había inducido a error, como si ellos no tuvieran que conocer la ley que establece el plazo y no supieran contar por sí solos hasta 30, con calendario en mano.
No debemos olvidar que la alcaldesa no solo ha enfrentado este intento de revocatoria –proceso que sería la primera vez que se da a nivel de Lima Metropolitana–, sino que meses atrás tuvo que lidiar con la posibilidad de su vacancia, la misma que si bien fracasó, fue una prueba más de que hay intereses muy poderosos que la quieren bajar a como dé lugar.
Tampoco debemos dejar de lado la gran cantidad de irregularidades que se han dado en este intento de revocatoria. Debería investigarse penalmente tanto los audios referidos como la cantidad de firmas presentadas que corresponden a personas fallecidas, menores de edad o identificadas con libretas electorales totalmente distintas.
Pero la última palabra no está dicha, ya que el JNE tiene que resolver todavía el recurso de reconsideración interpuesto por el mismo Reniec y por la alcaldesa.
¿Quiénes integran actualmente el JNE y por qué están en un órgano tan importante? Su presidente es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, y actualmente es Hugo Silvina, quien –ojo– deberá ser reemplazado a comienzos de noviembre. Él ha sido también nada menos que presidente de la Corte Suprema, órgano al que se reincorporará en poco tiempo. Los otros cuatro integrantes son José Pereira, elegido por la Junta de Fiscales Supremos, Baldomero Elías, elegido por el Colegio de Abogados de Lima, José Velarde, elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, y Luis Lengua, electo por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, en este caso recién en octubre de este año.
Ellos son los que resolverán en última instancia si procede o no convocar un proceso de revocatoria contra Susana Villarán. ¿Sabemos bien quiénes son? ¿Qué trayectoria y formación tienen? Qué importante hubiera sido una fiscalización ciudadana en cada una de estas elecciones.
Es importantísimo lo que se disponga por varias razones. Si se ratifica lo resuelto, se estaría cometiendo una gran injusticia contra Susana Villarán; se le pueden hacer críticas, pero el haberse metido, por ejemplo, con el transporte público y los mercados (La Parada) no es poca cosa. Para revocar correctamente a un alcalde se tiene que estar ante un caso extremo de incompetencia, lo que no es absolutamente para nada la situación de Villarán. También se estaría afirmando la supremacía de un error en una comunicación en relación a una ley.
Lima sería la gran perjudicada (tres alcaldes en cinco años) y la polarización del país se agudizaría de manera inimaginable.
Y lo más grave: estaría prosperando una revocatoria a todas luces “fraudulenta”, en el sentido de que se le está sacando la vuelta al interés jurídico protegido con dicha figura, ya que –como se ha dicho– su intento responde exclusivamente a intereses o conveniencias. Se puede hacer una comparación con el indulto solicitado por la familia Fujimori: se pide por razones humanitarias, pero hay mil señales de que se trata de una maniobra política. Es más, ambas fechorías están visiblemente impulsadas por los mismos sectores; basta con solo ver las diferentes posiciones de los medios de comunicación y de algunos personajes públicos.
Qué peligroso es para el estado de derecho que cada vez sean más frecuentes, y a niveles más altos, los intentos de tumbarse a una autoridad, alegando el mal cumplimiento de sus funciones, al estilo paraguayo.
LIMA SERÍA LA GRAN PERJUDICADA (TRES ALCALDES EN CINCO AÑOS) Y LA POLARIZACIÓN DEL PAÍS SE AGUDIZARÍA DE MANERA INIMAGINABLE
