El conflicto entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y los comerciantes mayoristas de La Parada llegó a su máximo pico de crisis la semana pasada. El día jueves, un operativo policial ineficiente fue respondido con un alto grado de violencia por parte de miles de personas, donde se combinaron –como en toda protesta- los múltiples intereses afectados por el traslado del mercado mayorista a Santa Anita. Dos días más tarde, con una mayor coordinación de recursos y mejor estrategia, la municipalidad logró cumplir con el objetivo de cerrar los accesos a los camiones a La Parada, y así forzar el inicio de actividades del nuevo mercado de Santa Anita.
El saldo de los sucesos del jueves y el sábado dejaron 4 muertos, cerca de 100 heridos y 120 detenidos, lo que pone una vez más sobre el tapete la tantas veces constatada torpeza estatal para enfrentar un conflicto. Que algunos de los muertos sean personas con antecedentes penales, no aminora la responsabilidad de quienes dirigieron la intervención policial, ni tampoco la responsabilidad política de la alcaldesa de Lima, que hizo bien en asumirla en todas sus consecuencias, ya que la decisión provino de la Resolución de Alcaldía 274, y no de una Ordenanza Municipal como declaraban el día jueves los policías a cargo del operativo, el Presidente de la República, e incluso los voceros de la Municipalidad de Lima.
Hizo bien la alcaldesa Villarán en asumir su responsabilidad, porque más allá del malestar de comerciantes, transportistas, estibadores y usuarios de La Parada, trasladar el mercado mayorista a Santa Anita es una de las decisiones más audaces acometida por algún alcalde de la capital, en los últimos cuarenta años. Villarán corrió el riesgo, como en el caso del transporte, y aunque el destino final de La Parada sea incierto, la violencia que se desató contra los policías terminó generando un rechazo masivo a las intenciones de resistencia de los grandes mayoristas.
En política las decisiones audaces tienen sus costos y es probable que quienes han venido impulsando la revocatoria de la alcaldesa y de su equipo de regidores, busquen enrostrarle los muertos, heridos y el costo social del traslado, así como todos los males de la gran metrópoli que es Lima, pero que son producto de una suma de erráticas decisiones de alcaldes y de presidentes de la República, así como de la dinámica que los limeños y limeñas le hemos impreso, aunque sin entender las enormes transformaciones que hemos generado.
Los sucesos de La Parada así como son el cruce del Rubicón para el gobierno de centroizquierda que lidera Susana Villarán, deben ser también un punto de quiebre para una ciudad desmesurada, caótica y privatizada, en la cual más allá de algunos bolsones aparentemente modernos, la calidad de vida de sus millones de habitantes deja mucho que desear. Quizás antes que revocar a su alcaldesa, sea hora que la ciudad revoque su pasado reciente para convertirse en una ciudad en la que todos y todas podamos vivir con dignidad.
HIZO BIEN LA ALCALDESA VILLARÁN EN ASUMIR SU RESPONSABILIDAD, PORQUE MÁS ALLÁ DEL MALESTAR DE COMERCIANTES, TRANSPORTISTAS, ESTIBADORES Y USUARIOS DE LA PARADA, TRASLADAR EL MERCADO MAYORISTA A SANTA ANITA ES UNA DE LAS DECISIONES MÁS AUDACES ACOMETIDA POR ALGÚN ALCALDE DE LA CAPITAL
