¿Quiénes serán los más poderosos en el sistema de justicia?

Por: Ernesto de la Jara 

Se está en pleno proceso de nombramiento de cargos de la máxima importancia para el sistema de justicia. El Congreso debe elegir a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y a un nuevo defensor del Pueblo (DF), en ambos casos por los próximos cinco años. Los 18 vocales supremos existentes deberán elegir a su próximo presidente para los próximos dos años.

La mayoría de las personas creen que todo esto es ajeno y lejano, cuando son autoridades que en realidad tienen nuestras vidas en sus manos. Y no es una exageración. El TC no solo puede anular una ley o pronunciarse a favor o en contra de los hábeas corpus o amparos, sino que ejerce control de constitucionalidad frente a todo y todos. Un ejemplo: puede decidir el futuro de la PUCP. Entre las muchas atribuciones que tiene el presidente de la Corte está la influencia decisiva en la composición de los tribunales que resolverán casos vinculados a crímenes de lesa humanidad, violación sexual o corrupción.

En el caso del defensor del Pueblo, ¿qué pasará, por ejemplo, con el observatorio de conflictos que, por haberse convertido en un termómetro de la intensa conflictividad social, hay más de uno que preferiría que no exista?

Entre los opinólogos sobre estos temas hay consenso que los sistemas de elección de estos funcionarios son un peligro. A través de ellos cualquiera puede llegar, y muchos de los que entran pasan a ser la puerta de entrada de la corrupción o de la mediocridad.

Las elecciones en el Congreso se prestan a negociaciones y acuerdos políticos que nada tienen que ver con la búsqueda de la persona adecuada, si no con el clásico “toma y daca”. La elección del presidente de la Suprema entre un grupo reducido de pares entre sí hace inevitable las ofertas de beneficios y represalias.

¿Cuál es la alternativa? Es una de las curas que hasta ahora no se encuentra. Se pensaba que la introducción de sistemas de elección democrática sería mejor. Pero en los casos en que se han aplicado, los resultados han sido un desastre. En los casos del Consejo Nacional de la Magistratura o del Consejo Ejecutivo, por ejemplo, el voto de todos los abogados o de sus decanos ha servido para elegir a los peores candidatos.

Prueba de lo dicho es lo que viene sucediendo actualmente. Entre los nombres posibles para el TC hay algunos que son impecables, pero hasta ahora no logran el respaldo de casi nadie. En cambio, hay otros que se van acercando a la meta por más que deberían haber sido descartados de arranque. ¿Un fujimorista que continúa defendiendo el golpe de Estado del 5 de abril o la destitución de la mayoría de los miembros del TC durante los 90 puede convertirse en juez constitucional?

Para defensor del Pueblo se ha manejado un nombre de lujo, pero parece ser que solo logró un voto. Tampoco se ha evaluado –cuando por sentido común debe hacerse– si sería mejor que el actual defensor del Pueblo interno sea elegido definitivamente en el cargo, dado el alto nivel de aprobación que tiene en la opinión pública. En la Corte Suprema, por lo menos ahora, se conocen los nombres de los candidatos, y hay algunos nombres mucho mejores que otros, pero no hay ninguna garantía de quién.

Mientras se encuentren mejores sistemas, lo que debería hacerse es la evaluación de los candidatos en función de los siguientes criterios: 1) honestidad, 2) capacidad para actuar con independencia, por encima de simpatías políticas que legítimamente se puede haber tenido previamente, 3) mentalidad democrática, 4) coraje para comprarse pleitos, 5) buen nivel profesional. Y, como son cargos no aptos para debutantes, las huellas de estos requisitos deben ser muchas. Una evaluación que debe hacerse abiertamente y de cara al país, y cada quien deberá expresar sus fundamentos y comprometerse a una corresponsabilidad moral, frente de la actuación de la persona asumiendo que contó con su voto.