“No se puede interceptar las comunicaciones de un congresista”

Ayer, durante la sesión extraordinaria de la comisión de Justicia del Congreso, tanto el presidente del Poder Judicial, César San Martín, como el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, reconocieron que el levantamiento del secreto de las comunicaciones realizado al congresista de Alianza por el Gran Cambio, Luis Galarreta, es ilegal.

“No se puede interceptar (telefónicamente) a un congresista. Eso dice la ley vigente”, afirmó San Martín. Por su parte, el titular del Ministerio Público respondió que “siguiendo el camino legal, no se puede (interceptar las comunicaciones)”.

¿Por qué razón el fiscal Wiliam Montes, encargado del caso del periodista Rudy Palma, solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones realizado al congresista Galarreta, y por qué el juez Abel Pulido lo autorizó?

San Martín adelantó que el juez Pulido podría ser destituido de su cargo y además denunciado por el delito de prevaricato siempre y cuando la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) así lo consigne tras sus investigaciones.

NO SABÍA

El debate en la comisión de Justicia se hizo más interesante cuando el presidente de la Corte Suprema manifestó que “en el informe de la Dirincri aparecía una lista con 242 contactos que tenía el periodista de Perú.21 en su celular. El contacto número 238 decía Galarreta”. ¿Los policías no sabían que Galarreta era un congresista?, se preguntaron varios miembros de la comisión.

Al respecto, Peláez Bardales afirmó que el fiscal Wiliam Montes tampoco sabía de quiénes eran los 21 números ‘chuponeados’. Algo que al propio congresista Galarreta le es muy difícil de creer. Incluso el fiscal de la Nación aseguró que recién ayer se había enterado que el número le pertenecía al parlamentario de Alianza por el Gran Cambio.

Otra de las interrogantes que tuvieron varios congresistas como Juan Carlos Eguren y Alberto Beingolea giran en torno a por qué el caso del periodista Rudy Palma fue derivado a la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. El fiscal de la Nación aclaró que él no había firmado la resolución que ordenó que el caso vaya a la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado y precisó que quien lo hizo fue la fiscal Gladys Echaíz.

“Ella (Echaíz) fundamentó las razones al mérito de la denuncia de la Dirincri y consideró este caso por la envergadura y aparente complejidad de aparatos informáticos (…) Esa fue la razón para que vaya a la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Si fue un error, eso se verá en la investigación”, declaró.