Entre Gabriel y la ineptitud...

Entre Gabriel y la ineptitud, otro VRAE está surgiendo

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Por: 

Hugo Cabieses

Hacía casi cuatro años que no visitaba el VRAE: la última vez que lo hice fue en agosto del 2008. Aun así, en ese tiempo le he tomado el pulso a su problemática conversando con entrañables amigos de la zona que venían a Lima con regularidad. Algunos artículos he escrito en defensa de este valle y sus gentes —que conozco desde mediados de la década de 1990—, en mi concepto injustamente satanizadas por muchos medios de comunicación, por el Gobierno y por la sociedad civil.

Claro que no ayudan mucho a dar otra visión del VRAE las acciones recientes de la “panaca” de los Quispe-Palomino y sus huestes terroristas —dizque político-militares— en zonas focalizadas de este inmenso, hermoso y rico valle que fue durante años la despensa alimentaria de Ayacucho, Huancavelica, Junín e incluso el Cusco.

Durante la década de 1980 los Comités de Autodefensa (CAD), fundados en Pichihuilca por el legendario Antonio Cárdenas en 1984, desarrollaron una guerra sin cuartel contra las fuerzas genocidas de Sendero Luminoso (SL), lo que provocó no menos de 10 mil muertos entre 1985 y 1991: el 12% de la población de entonces.

Este esfuerzo y este sacrificio corrieron principalmente por cuenta de los agricultores y la población en general, y hasta ahora no han sido debidamente reconocidos. En tanto que medianos propietarios —o “campesinado rico”, como les decía SL—, los agricultores del VRAE tenían un mundo que perder y sus cadenas que ganar con SL: con los CAD y sus heroicos combatientes el VRAE fue el principio del fin de esta lacra terrorista.

Si a las recientes acciones de secuestro, extorsión y fuga de Gabriel, el menor de la “panaca” Quispe-Palomino (dicho sea de paso, en una zona que no es el VRAE pero sí la frontera), añadimos la ineficiente acción militar y policial de las “fuerzas del orden”, que se ha traducido en la pérdida de 9 vidas, decenas de heridos y miles de nativos desplazados, y que provocó la segunda crisis de Gabinete del Gobierno del presidente Humala, podemos concluir que ello no ayuda a una buena imagen del VRAE y sus pobladores.

Por si fuera poco, para nadie es un secreto que en este valle se cultivan más de 19.000 hectáreas de coca para producir el 65% de la cocaína que se exporta del Perú y que alimenta el tráfico ilícito de drogas (TID) y una parte de la “bonanza” que se nota en el VRAE.

Entre el 17 y el 19 de mayo últimos, Ricardo Soberón y el autor de este artículo fuimos invitados a participar en el Primer Congreso Interregional de Comunidades Nativas Cusco-Ayacucho-Junín-VRAE, organizado por la Coordinadora Distrital de Comunidades Nativas de Pichari (CODICOMP). Nos invitó el joven dirigente Rodrigo Vargas Saavedra, coordinador general de la CONDICOP, y contamos con la atención y el afecto de los cerca de mil delegados y delegadas asháninkas y matsiguengas.

Los delegados vinieron de todas partes del VRAE en representación de 40 comunidades nativas afiliadas a la CONDICOP y otras 30 de los distritos de Quimbiri, Vilcabamba, San Martín de Pangoa y Río Negro, en la margen derecha del Apurímac y el Ene, así como de Santa Rosa, Palmapampa, Ayna, Sivia y Llochegua, en la margen izquierda.

El evento se desarrolló en la comunidad nativa de Alto Shinongari, a una hora y media de Pichari, distrito de la provincia de La Convención, en el Cusco, en la margen izquierda del río Apurímac. No obstante, tuvimos oportunidad de recorrer un poco el valle, y me ratifico en la percepción que tuviera hace casi cuatro años.

Luego de que, en 1992, lo visitara por primera vez, sigo sosteniendo que el VRAE es el valle del nunca jamás, el “neverland” que imaginó J. M. Barrie en su entrañable cuento sobre Peter Pan, con niños perdidos, piratas liderados por el capitán Garfio, indios salvajes, el hada Campanita y hasta el cocodrilo bueno que se comió la mano del capitán. En Lima los medios informan que se trata del infierno, que las balas vuelan por los aires y los machetes cortan cabezas; que los muertos se cuentan por decenas y que sus habitantes están malditos, endiablados y lejos de la protección de Dios.

Considero que se trata de la interesada visión estadounidense y sus agencias en el Perú —que no quieren cooperar para su desarrollo rural—, con la que no estoy de acuerdo. Lo que he palpado en mi reciente viaje es que la población y sus autoridades están hartas de que los satanicen desde los medios de comunicación, los organismos gubernamentales —sobre todo los ministerios de Defensa e Interior— y las ONG como CEDRO, Info Región y Chemonics.

Si bien hay hechos aislados de violencia, ajustes de cuentas entre ‘narcos’, ‘mochileros’ que llevan pasta y presencia de la “panaca” armada Quispe-Palomino en zonas alejadas —Vizcatán, Selva de Oro y ahora Kiteni—, los CAD patrullan permanentemente las ciudades y las carreteras asegurando a las familias que no confían en la Policía y el Ejército por los abusos que cometen y porque, según sostienen, “están coludidos con el narcotráfico y son unos abusivos”.

Para nadie es un secreto que en este valle se cultivan más de 19.000 hectáreas de coca para producir el 65% de la cocaína que se exporta del Perú y que alimenta el tráfico ilícito de drogas (TID) y una parte de la “bonanza” que se nota en el VRAE.

Los caminos vecinales han mejorado ostensiblemente, sobre todo en Quimbiri y Pichari, gracias a los fondos del canon gasífero y minero que proporciona el Cusco. En Lima dicen que los alcaldes cocaleros dilapidan el dinero en monumentos a la coca, mercados tipo Jockey Plaza, piscinas y canchas de fulbito; además de ello, yo he visto centros de capacitación, el mejoramiento de las comunicaciones telefónicas, cabinas de Internet y caminos en muy buen estado. Esto último en el tramo de Quimbiri hasta Huayanay, una alejada y olvidada comunidad matsiguenga en pobreza extrema, así como entre Quimbiri y Valle Esmeralda, río abajo.

Por supuesto que hay cultivos de coca —19.723 hectáreas en el 2010, según el último informe de la ONU—, pero, de acuerdo con la misma fuente, lo que he constatado en el campo, los agricultores están diversificando sus actividades económicas, gracias a que los precios de algunos productos alternativos han mejorado —tanto de exportación como para los mercados locales y regionales— y a que, según me confiaron varios, temen que la coca sea erradicada.

La posible erradicación es, además, lo que ha declarado hace unos días la doctora Carmen Macías, presidenta ejecutiva de DEVIDA: se realizará en el valle del Monzón y en el VRAE este año. Esta errada estrategia ha sido ratificada por el flamante ministro de Defensa, José Urquizo.

La piña está en pleno auge, con decenas de hectáreas sembradas en la margen derecha del Apurímac, lo mismo que el cacao, los cafés especiales y el retorno a los cultivos de ajonjolí orgánico, achiote, palillo, maní y arroz. Los cítricos —naranja, mandarina y tangüelo— están siendo llevados a Huamanga y vendidos en San Francisco y Kimbiri en bolsas y cajitas de madera.

Varias decenas de agricultores están construyendo piscigranjas para truchas, que venden fritas en docenas de restaurantes de la carretera y en varios de las principales ciudades. Otros más siguen vendiendo sus rocotos de varios colores en Tutumbaru y plátanos en caja de madera a la salida de San Francisco, mientras que por lo menos tres operadores turísticos están aprovechando las bellas cascadas de Omaya y la hace tres años descubierta ciudadela de Manco Pata, en Quimbiri, para transportar en decenas de camionetas Toyota Hilux doble cabina —llamadas “tiburones”— y automóviles Yaris de múltiples colores, a gente interesada en el turismo ecológico, arqueológico y vivencial.

Condeno la salvaje emboscada y secuestro terroristas realizados en abril por la facción senderista del llamado Partido Comunista Militarizado del Perú que dirige la “panaca” armada de los Quispe-Palomino en Kepashiato y Kiteni. Me solidarizo con los deudos de los 9 policías y soldados muertos; ruego por la pronta recuperación de los heridos y solicito al Gobierno que cumpla con atender a los deudos y las necesidades inmediatas y de rehabilitación de los heridos.

Manifiesto mi preocupación por los jóvenes soldados sin experiencia y poco entrenamiento que han caído en esta acción debido, en gran parte, a la falta de previsión, inteligencia, atención logística y apoyo que tienen estas fuerzas de seguridad desde hace años en ésa y otras zonas del país.

No obstante, considero que las acciones terroristas y las actividades de producción y tráfico ilícito de drogas no pueden ni deben ser pretexto para satanizar a toda una región y sus gentes. Una vez más, los 180.000 habitantes del VRAE se encuentran secuestrados entre dos fuegos.

No estoy de acuerdo con poner en un mismo saco a la facción “panaca” armada Quispe-Palomino con el TID. Es indispensable diferenciar la problemática de los cultivos de coca de las actividades senderistas y del narcotráfico, para priorizar el enfrentamiento a este último buscando cortarle alas al terrorismo mediante una alianza estratégica con el campesinado organizado.

Lamentablemente, dado el fracaso del llamado “desarrollo alternativo” promovido y financiado por las políticas estadounidenses, los agricultores del VRAE no han tenido mejor actividad económica que el cultivo de la hoja de coca.

He escrito y hecho propuestas sobre el VRAE anteriormente (véase revista Quehacer número 142, octubre-diciembre del 2008). Sugiero crear un espacio serio de diálogo y debate con acuerdos vinculantes con las autoridades y líderes locales del VRAE, cuya agenda debe estar compuesta por los puntos planteados en actas firmadas con anticipación, tales como los siguientes:

1) Cesar la satanización del VRAE y sus gentes, así como del cultivo y producción de la hoja de coca para usos tradicionales e industrial benéfico.

2) Apoyarse en las Rondas Campesinas (CAD), asociaciones y gobiernos locales, coordinando con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales —sin corrupción, con apoyo logístico e inteligencia—, para combatir y aislar a las fuerzas terroristas-senderistas.

3) Desmilitarizar la estrategia para el VRAE designando a una autoridad civil autónoma con presencia estatal-civil que impulse verdaderos programas de desarrollo sostenible y sustentable.

4) Golpear el tráfico de insumos químicos depurando a los policías y militares corruptos que hacen la vista gorda en éste y otros aspectos, como el lavado de dinero.

5) Prescindir, debido a su ineficacia, de las fuerzas extranjeras que están en la zona realizando labores de inteligencia estratégica para controlar los recursos naturales.

6) Elaborar e impulsar un Programa Integral de Desarrollo Sostenible basado en la construcción de mercados locales y regionales, rechazando el “Plan VRAE” y el fracasado “desarrollo alternativo”.