Por: JAVIER TORRES
Al cumplirse los doce días del paro indefinido en Cajamarca, convocado por el Comité de Lucha que encabezan el presidente regional Gregorio Santos y el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, la preocupación crece conforme se ve que desde el gobierno nacional sencillamente se ha perdido toda iniciativa al respecto, salvo la de judicializar el conflicto con denuncias de todo tipo a quienes conducen la protesta.
Frente a ello comienzan a circular propuestas como la de Gustavo Guerra García que proponía el establecimiento de una comisión mediadora, una suerte de junta de notables con César Villanueva, Beatriz Merino, Gastón Garatea y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; mientras otros como Salomón Lerner Ghitis y Nelson Manrique consideran que hay que hacer un referéndum en Cajamarca –algo que el gobierno regional planteó en su momento-- para que se pueda terminar con el conflicto.
Propuestas bien intencionadas, pero que parecen no tener sustento debido a la poca disposición al diálogo que tienen las partes involucradas y porque olvidan que luego de la presentación del ya olvidado peritaje internacional, el presidente Ollanta Humala, mostrando la poca claridad del gobierno frente al tema, dejó la solución del problema en manos de la Minera Yanacocha, cosa que el primer ministro Valdés nos ha recordado en más de una ocasión. El problema es que la empresa tampoco termina de tomar una decisión o hacerla pública, ya que teme las consecuencias de la misma.
En ese sentido, el conflicto Conga aparece a los ojos de cualquier observador sensato en un punto muerto, donde las posiciones de los actores no van a cambiar, y donde la palabra “diálogo” es considerada una mala palabra, mostrando una inflexibilidad que se retroalimenta día a día con declaraciones cada vez más torpes de ambos lados, como las que hizo Gregorio Santos sugiriendo la vacancia del presidente Humala o las del primer ministro, que en una entrevista televisiva sobre los conflictos de Conga y Espinar ha dicho que el presidente Humala tiene que “olvidarse de sus ofertas electorales y gobernar para el 100% de los peruanos”.
Vistas así las cosas, lo más probable es que el conflicto termine cuando la empresa anuncie, finalmente, la postergación del proyecto, lo que terminará dándole una victoria a Gregorio Santos, luego de la cual tendrá que comenzar a dedicarse a la descuidada gestión que viene desarrollando, si es que antes no es vacado en razón de alguna de las denuncias en su contra, así como a competir por una probable candidatura presidencial con su actual socio Marco Arana.
Mientras que para el gobierno nacional dicha decisión será una derrota política, pero a la vez la oportunidad de licenciar definitivamente y para siempre de la política peruana al torpe primer ministro Valdés, y quizá, la última oportunidad que le quede al presidente Humala para definir en qué consiste exactamente –con normas y decretos y no con frases sueltas y tuiteos- la nueva política de la minería responsable, en especial en Cajamarca donde hay varios proyectos mineros en espera del desenlace del conflicto.
Aunque pueda resultar ingenuo pensar que las cosas sucederán así, las empresas Newmont y Buenaventura deben entender que si realmente les interesa el futuro minero del Perú tendrían que tomar la decisión lo más pronto posible, ya que de lo contrario no solo perderán este negocio, sino que terminarán sepultando, con la ayuda del primer ministro Valdés, a toda la industria minera en el Perú.
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JAIME ESPEJO ARCE