martes, 5 de junio de 2012

El conflicto es político


 Por: JAVIER TORRES

El conflicto minero en el Perú va adquiriendo otra escala. Ahora sí, quienes están a favor y en contra de dicha actividad reconocen que el conflicto es político, y eso debe ser visto como un avance, en un país donde la política es considerada por muchos, como una actividad casi delictiva. El problema es que ambos bandos consideran que la mejor vía para procesarlo es la confrontación abierta.

Para unos, el espacio son las plazas y carreteras, desde donde pueden hacerse oír. Los otros tienen el privilegio de contar con el más amplio respaldo de los medios de comunicación masiva. Sin embargo, cuando el conflicto escala, los medios abren un poco sus micrófonos y cámaras a quienes protestan, pero como el diálogo no es una costumbre, se termina a trompicones porque los periodistas “llaman al orden” a los manifestantes y estos responden con un coro de arengas, sabiendo que  probablemente  la próxima vez no les vuelvan a dar cámara.

Resulta insólito escuchar en ciertos programas televisivos, a algunos defensores a ultranza de la minería, reclamar a los conductores de los programas, darles tanta voz a quienes califican de “radicales”, “antisistemas”, “ultraizquierdistas que no quieren el progreso y el bienestar de la nación”. Uno se pregunta: ¿Cuántos peruanos habían escuchado el nombre de Óscar Mollohuanca, dos veces alcalde de la provincia de Espinar, antes de la semana pasada?, y que ahora ha sido convertido en el “enemigo público número uno” de la gran minería. Así, para los más radicales defensores de la gran minería nadie debería haberlos escuchado ni visto ni oído nunca. Y es que, para este sector y su extraña noción de la política, esta solo es legítima cuando responde a su ideología, y si el que protesta es un alcalde o un presidente regional elegido en procesos electorales impecables, es apenas un dato irrelevante.

Del lado de los críticos a la minería es claro que hay posiciones más radicales que rechazan esta actividad por considerarla dañina al ecosistema y al medio ambiente. Por ello protestan, se movilizan y buscan articular los diversos reclamos de la población en relación al comportamiento de las empresas. Es decir, hacen política, y en buena hora que la hagan, ya que el gran problema de nuestro país es que durante años nadie ha hecho política. Ahora bien, el gobierno y los defensores de la minería han optado por acusar a estos de engañar a la población, usando información que es inexacta o falsa. En ese sentido, estando de acuerdo en que la mentira debe estar excluida de la política y que por tanto debe ser rechazada, ello no basta para explicar la protesta ni la movilización de miles de personas que, siendo en su mayoría campesinos, se les ve como una suerte de minusválidos que siguen al primer líder que grita: “¡No a la minería!”.

El emblemático caso de Tintaya muestra cómo existe un malestar real en la ciudadanía  de Espinar, a pesar de los aportes que la empresa Xstrata ha hecho en obras y proyectos de desarrollo, que son públicos y que no se pueden negar. Por ello, tanto el gobierno, como la empresa y los defensores de la minería deberían hacer un esfuerzo mayor para entender qué es exactamente lo que ha sucedido con dicha experiencia, ya que no resulta creíble que solo bastó la prédica del alcalde Mollohuanca y los dirigentes del Frente de Defensa con el apoyo de una pequeña oficina de la Iglesia de Sicuani, para poner en cuestión la gestión de Xstrata.


Quienes sí conocemos a Óscar Mollohuanca desde hace muchos años, sabemos que es un dirigente de izquierda que ganó la alcaldía en 1998 por primera vez y que luego perdió en dos intentos hasta que fue elegido nuevamente el 2010. ¿Por qué lo eligieron los ciudadanos de Espinar si sabían que era un crítico a la gestión del Convenio Marco, que supuestamente funciona sin problemas? La pregunta vale también para la masiva votación que Ollanta Humala –en ese entonces un crítico de la minería- recibió en el 2011 en dicha provincia. Si la empresa Xstrata es un actor central del desarrollo de Espinar, sin duda alguna, la posición que los diferentes líderes políticos tienen en relación a la empresa debe ser un factor que los electores de  la provincia toman en cuenta a la hora de emitir su voto.


Frente a esta situación, el gobierno optó por la peor respuesta que se podía dar a la movilización de Espinar al optar por la vía represiva, en vez de hacer política, menospreciando la inteligencia y  las percepciones  de quienes en las alturas de Cusco no están convencidos de que la empresa está respetando el ambiente en el que viven, y que sospechan que lo que el gobierno nacional les dice es falso, tanto en lo que concierne a la contaminación que puede haber en la zona, como en que su alcalde sea un peligro para la tranquilidad pública, y por eso tenga que estar preso  en un penal de Ica.