Destituyen a jefe de penal por “rapar” cabello a internos

Rapar el cabello a los internos del penal San Pedro (ex Lurigancho) era solo una entre otras disposiciones que buscaban terminar con gollerías de los internos e incrementar las medidas de seguridad, pero sin duda fue excesiva. No les gustó a los internos, ni al ministro de Justicia, Juan Jiménez, y tampoco al director de la Policía, Raúl Salazar, quien ayer tomó una decisión al respecto.

A menos de una semana de haber ordenado el corte de cabello de los casi ocho mil presos de dicho penal, el jefe de ese recinto, el coronel PNP Tomás Garay Durán, fue removido del cargo por decisión de Salazar, y se le abrió una investigación administrativa disciplinaria sobre el caso.

Garay, quien usa el cabello bastante corto, había justificado su medida diciendo que se trataba de un “mecanismo de higiene” y también de seguridad, pues algunos internos con largas –o quizá frondosas– cabelleras, aprovechan esta característica para escapar del penal. ¿Tan fácil es?

El anuncio de su remoción del cargo lo hizo el general Abel Gamarra, director ejecutivo de Operaciones Especiales de la Policía, quien en un intento por mitigar las críticas dijo que esa disposición no había sido planteada de manera drástica ni obligatoria, sino que era algo opcional, pero que igual ocasionó que los internos “la tomen a mal”.

Gamarra añadió que Garay Durán fue removido a otra unidad policial, mientras duran las investigaciones, y que quien ocupará su lugar al frente del penal será el coronel Luis Antonio Morales Marchinares. ƒ

ERA ALGO HUMILLANTE

El martes último se informaba que al menos unos 500 presos ya habían sido rapados y en unos 15 días se iba a terminar de hacer lo mismo con el resto. No obstante, la queja de más de uno –entre ellos la población homosexual– hizo que se detuviera tal imposición que no estaba establecida en ninguna norma disciplinaria penitenciaria.

A la oposición del ministro Jiménez a esta medida, que calificó de “inapropiada”, se sumó el reclamo de la Defensoría del Pueblo, que en un comunicado consideró la disposición de “humillante y degradante”, y que afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los procesados y condenados.

También recordó que el Tribunal Constitucional ha recomendado que el tratamiento penitenciario debe impedir que “los seres humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo”.