El presidente regional Hernán Fuentes y siete consejales están siendo investigados por el primer juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Puno debido a que cambiaron el nombre del departamento PUNO por Región Federal Quechua Aymara.
El delito que se les imputa es contra el Estado y la Defensa Nacional y Traición a la Patria, en la modalidad de Atentado contra la Soberanía Nacional, por “practicar un acto dirigido a hacer independiente una parte de la República” en grado de tentativa; delito que según la sustentación fiscal se está tipificado en el artóculo 325 del Código Penal.
También están siendo investigados los consejeros regionales representantes de las provincias de Yunguyo, Juli, El Collao, Huancané, Sandia, Azángaro y San Antonio de Putina, quienes firmaron el acta que declara Puno como “región federal”.
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JAIME ESPEJO ARCE