TULA BENITES: QUE TAL CONCIENCIA!!!

Mientras en el país la cantidad de policías es insuficiente para combatir la creciente ola delictiva, el narcotráfico y el terrorismo, en Trujillo dos agentes de Seguridad del Estado se encuentran asignados a brindar diariamente seguridad y protección personal a la suspendida congresista aprista Tula Luz Benites Vásquez, quien el año pasado fue desaforada del Congreso por un escandaloso caso de corrupción.

Benites, como se sabe, es procesada por falsedad genérica no obstante que, cuando fue suspendida, también se la acusó de presunto peculado y colusión.

Lo peor de todo es que los custodios son utilizados por Benites como simples choferes para que la trasladen a ella y a otras personas de su entorno (menores que viven en su casa, su empleada del hogar y allegados) a cuanto lugar tienen que acudir, tal como lo pudo confirmar el diario El Comercio tras una investigación periodística realizada en esa ciudad.

Los policías son los suboficiales Segundo Sánchez Cruzate y Klinger Vásquez Guevara, quienes fueron asignados formalmente para custodiar a Benites en turnos alternos de 24 horas cada uno, por la División de Seguridad del Estado de la Tercera Dirtepol de Trujillo.

Lo que llama la atención es que en el documento oficial denominado “Relación de servicio” se especifica que ambos deberán prestar seguridad “a la congresista Tula Benites”, pese a que ella está suspendida en su cargo desde el año pasado. En ese documento ella aparece, además, en el grupo de “autoridades y/o dignatarios”, cuando no lo es.

Los agentes, como se ve en las tomas fotográficas, no cumplen ninguna función de protección personal, pues básicamente se dedican a conducir la camioneta de propiedad de Benites.

AMPAY, TULA

Pruebas al canto. El 15 de julio pasado a la 1:40 p.m., aproximadamente, el suboficial Segundo Sánchez recogió a Benites en su casa ubicada en la urbanización La Noria y la trasladó al centro de idiomas El Cultural (calle Venezuela 125, urbanización El Recreo). La suspendida congresista ingresó al local sola mientras el agente permanecía en el vehículo. Luego de diez minutos Benites abandonó el edificio, subió a su camioneta y enrumbó hacia otro lugar. Salvo en el interior del vehículo, el suboficial nunca estuvo al lado de ella brindándole protección.

Minutos antes (1:45 p.m.), el chofer-policía había dejado a una señora (desconocemos su relación con Benites) en un inmueble de la cuadra 3 de la calle Sucre. En el vehículo también iba la suspendida parlamentaria.

El día anterior (martes 14 de julio), el suboficial Klinger Vásquez había sido el encargado de realizar similares tareas.

Ese día, luego de sacar la camioneta de la cochera de la casa, Vásquez llevó al colegio a un niño que salió de ese inmueble. Eran las siete de la mañana, aproximadamente. Al vehículo también subió la suspendida representante por La Libertad.

Por la tarde, a la 1:45 p.m., el policía, siempre conduciendo el mismo vehículo, llegó al colegio para recoger al menor. En el interior iba una joven que, al parecer, era una empleada de la casa.

El Comercio intentó reiteradamente entrevistar al ministro del Interior, Octavio Salazar, para preguntarle sobre este caso. Incluso le enviamos un cuestionario a través de su director de comunicaciones, pero hasta el cierre de este informe no respondió.

¿CON QUÉ DERECHO?

Lo cierto es que desde el 17 de marzo del año pasado a Tula Benites ya no le corresponde personal de seguridad de la PNP. Ese día, mediante la Resolución Legislativa 011-2007-CR, el Congreso de la República suspendió sus derechos como parlamentaria en tanto dure el proceso penal en el que se encuentra incluida.

Como se recuerda, Benites fue encontrada responsable por una comisión parlamentaria de haber contratado a un auxiliar que nunca acudió a trabajar y que, sin embargo, dejó su cuenta corriente a libre disposición de la entonces parlamentaria.

Luego de los trámites constitucionales, la entonces congresista por La Libertad fue desaforada y puesta a disposición del Poder Judicial. Su escaño y su oficina, así como todos los elementos de apoyo logístico, pasaron a disposición de la congresista accesitaria Olga Amelia Cribilleros Shighara.

Las actividades de Cribilleros, como es natural y reglamentario, irrogan al Estado un gasto previsto relacionado con el sueldo, operatividad, personal de oficina, útiles, movilidad y viáticos, entre otros rubros.

“No es lógico ni razonable que el Estado duplique gastos en otra persona como parece estar ocurriendo con el resguardo policial asignado a la congresista suspendida Tula Benites”, dijo una autoridad que está al tanto de esta irregularidad y dio la pista a El Comercio para comprobarla. (EL COMERCIO.

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