Quieren tapar el sol con un dedo?

El Acta de Sujeción sí existió, y obligó a las FF.AA. pedir perdón a la sociedad peruana

Quieren tapar el sol con un dedo. Luego de que los medios locales destaparon el hecho de que el nuevo Ministro de Interior, General (ret.) Wilver Calle Girón, habría firmado el infame Acta de Sujeción suscrito por unos 400 altos mandos militares —quienes así declararon su lealtad al autogolpe del 5 de abril de 1992 y a las leyes de amnistía que protegían a militares y policias de ser procesados penalmente por violaciones de derechos cometidos durante el conflicto armado interno, políticos de diversas tendencias así como altos mandos militares han intentando minimizar el hecho, e incluso negar la existencia de tal Acta.

Polémico nombramiento al Ministerio del Interior: Wilver Calle Girón

El Acta de Sujeción efectivamente existió. Vale la pena recordar cómo fue conocido por la opinión pública y qué repercusiones tuvo.

Luego de la huida de Fujimori comenzó a filtrarse cientos de los llamados Vladivideos que daban cuenta de la extensa red de corrupción que mantenía a flote el gobierno de Fujimori. Uno de ellos fue de la Acta de Sujeción. Fue dado a conocer ante la opinión pública por el legisladro Carlos Ferrero en abril de 2001. ¿En qué consistía el Acta de Sujeción?

En marzo de 1999 Montesinos y la cúpula militar policial de ese entonces convocaron a toda la plana de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional -desde capitanes hasta oficiales generales- a declarar su sujeción al autogolpe del 5 de abril de 1992 y a defender “silenciosa” e “irrestrictamente” la vigencia de las leyes de amnistía, que protegía a los militares y policías de ser responsabilizados individualmente por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 1995. Se dio mediante la firma de un documento que luego se conoció como Acta de Sujeción. Resumen Semanal de DESCO resume los hechos así:

El 4 de abril, el primer vice-presidente del Congreso de la República, Carlos Ferrero Costa, informó que la Fiscalía de la Nación envió al Legislativo 18 cintas de vídeos, en los cuales aparecen los altos mandos militares y policiales con Vladimiro Montesinos suscribiendo un acuerdo político de respaldo al golpe del 5 de abril de 1992 y en defensa de lo que llamaron una campaña de desprestigio en su contra por las denuncias de abuso a los derechos humanos y la ley de amnistía. Es decir, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú firmaron en marzo de 1999, ante Vladimiro Montesinos, un acuerdo de compromiso para salir en defensa del anterior régimen que, en esos momentos, afrontaba serios cuestionamientos a la violación de Derechos Humanos, así como contra la denominada ley de amnistía. De estos vídeos se desprende que el hoy prófugo de la justicia peruana fue el organizador de ese encuentro producido el 19 de marzo de 1999 en el auditorio José Ruiz, debido a que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) figura como parte del acuerdo del compromiso de honor que hicieron suyo los oficiales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional para mantener la línea de apoyo al presidente Fujimori. En algunas cintas se menciona que aquellos que incumplan el pacto serán sometidos a un tribunal de honor.

Ferrero agregó que existe la constancia de que este encuentro no sería la única reunión de esa naturaleza “en la que se hace mención a otra reunión en la cual se explica a los oficiales que el caso del empresario Baruch Ivcher no se encaminará contra delitos del Estado y seguridad nacional, ya que no convenían para los acuerdos de paz”, anotó. Entre las directivas dadas en esa reunión se dice que el “caso del señor Baruch Ivcher no se lo va a denunciar contra delitos del Estado y la seguridad nacional, porque no convenía para los acuerdos de paz (con Ecuador firmado en octubre de 1998)”. “Además, estaba el compromiso de considerar a Ivcher una persona que había desarrollado labores de espionaje, atentatoria a la seguridad nacional y venta de armas, pero no resuelven enjuiciarlo porque no era el momento de hacerlo”, agregó Ferrero. (Resumen Semanal No. 1117 Lima, 3-10 Abril 2001)

Según aparece el el tomo VI del libro En la sala de la corrupción: Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000) —serie publicado por el Congreso de la República que reproduce las transcripciones de los videos que registran el Acta de Sujeción, entre otras cosas— el General Calle Girón estuvo presente en esa reunión sobre Baruch Ivcher y firmó en ese momento. Correo colgó la página con la firma de Calle Girón en su web el día martes.

Vladimiro Montesinos fue condenado por el Acta de Sujeción. A la derecho, el nuevo Ministro del Interior firma dicha Acta.

La revelación del Acta de Sujeción en abril de 2001 —cuando el Perú se hallaba en plena transición hacia recuperar su institucionalidad democrática— causó un escándalo mayúscula. Estaba todavía fresca en la memoria la huida de Fujimori a Japón y su renuncia por fax, y las evidencias de corrupción masiva estaba siendo ventilada en la prensa día a día. Ver a toda la cúpula militar firmar a un acta que esencialmente sometiera la institución castrense a jurar por un gobierno autoritario y corrupta, y ya caída en desgracia, causó consternación masiva en la sociedad peruana.

Pero fue escándalo además porque entre los firmantes estaba el entonces comandante general del Ejército, general EP Carlos Tafur Ganoza, así como el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  y comandante general de la FAP, Pablo Carbone Merino y el comandante general de la Marina, Víctor Ramos Ormeño. Causó un problema mayúscula para el gobierno de transición de Valentín Paniagua, quien relevó de sus cargos a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales. El Ejecutivo rechazó la actitud de los altos mandos militares que obligaron a firmar a los oficiales por abusar “de la obediencia debida de los reglamentos castrenses y contrariando con ello la norma constitucional que establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes”. Por ello fueron enjuiciados. En una reunión en el Diálogo Interamericano después de haber dejado la presidencia, escuché al ex presidente Paniagua contar esa historia. Dijo que no le agradó tener que relevar de sus cargos los altos mandos militares, pero por el bien de la democracia no tenía otra opción.

Luego de eso las fuerzas armadas emitieron un comunicado de prensa en el cual pidieron perdón a la sociedad peruana por haberse sometido al gobierno de Alberto Fujimori. Aceptaron además la creación de una comisión de verdad, en aquel momento un reclamo de la sociedad peruana, para investigar a fondo las violaciones de derechos humanos cometidos durante los 20 años de conflicto interno armado, cometidos tanto por los grupos alzados en armas como por las fuerzas de seguridad del Estado. Abajo reproduzco el documento de las fuerzas armadas. Poco después, Valentín Paniagua afirmó publicamente que se creaba la Comisión de Verdad, y dos meses después lo hizo.

Existió el Acta de Sujeción. Vladimiro Montesinos y los altos mandos militares y policiales responsables fueron procesados penalmente por ello, como recordó hace unos días el ex procurado anticorrupción Luis Valdivia Vargas.

Más allá del operativo –actual- que busca minimizar los daños, dar la vuelta a la página (como ha sugerido como necesario una congresista del Perú Posible nada menos! El partido del gobierno de transición de Alejandro Toledo!), e incluso negar abiertamente un hecho infame en la historia reciente del Perú, el nombramiento de un ex general que firmó la Acta de Sujeción llama  profundamente la atención.

¿Sabía el equipo de Humala que Calle Girón firmó el Acta de Sujeción? ¿Indagaron antes de decidir nombrarlo como candidato oficial para dirigir el Ministerio del Interior?  Hay dos posibilidades. La primera es que no lo sabían, no indagaron antes de nombrarlo, lo cual es grave pues demuestra una falta de criterio y revela la grave crisis de caudros de ese gobierno. La segunda –que sí sabían y no les importó— es más grave aún. No sólo por lo que representa —que dentro de las Fuerzas Armadas sigue habiendo oficiales que juraron lealtad a un gobierno de facto, corrupto y violador de derechos humanos. Sino también, como ha recordado José Alejandro Godoy, porque el mismo Presidente Humala ha tenido una posición firme de denuncia frente a este episodio, y hasta exhortó una Corte de Honor para los oficiales que hubieran firmado tal Acta que tanto denegró las fuerzas armadas peruanas. Hace tan poco seis meses, en el día del Ejército, en diciembre de 2011, Humala dijo:

Pero también, hay otros puntos que son importantes en nuestra tarea diaria como Fuerza Armada, el fortalecimiento de la disciplina, no más intentos de politización de las Fuerzas Armadas como se vivió en el pasado, no más actas de sujeción, no más nada de esas cosas….

Si Calle Girón fue coaccionado a firmar el Acta de Sujeción, lo debe haber dicho hace tiempo. Si el gobierno de Humala no supo que lo había firmado antes de nombrarlo ministro del interior, debería ahora enfrentar el tema con claridad por el bien de la democracia peruana y la propia institución armada. Pero hay que decirlo, lo que destapa este episodio es un problema que viene arrastrándose desde hace más de diez años, pues no se llegó a culminar las reformas a las fuerzas armadas prometidas durante la transición para que sea una institución democrática y profesional. Al contrario parece que se ha ido dando varios pasos atrás hasta llegar a un punto en el cual altos mandos oficiales quieren negar el pasado. Es hora urgente de realizar una reforma profunda en las Fuerzas Armadas que limpie la institución de los rezagos de la dictadura y lo permita asumir su papel de una institución al servicio del pueblo y la democracia, no a una cúpula corrupta y traicionera.

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Aquí reproduzco el PRONUNCIAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS LUEGO DEL DESTAPE DEL ACTA DE SUJECION:

“Los señores comandantes generales de los institutos de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional del Perú, ante la exhibición de vídeos que muestran a oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional suscribiendo un Acta de Acuerdos del CC.FF.AA., expresan lo siguiente:

1. El 13 de marzo de 1999 se suscribió, un acta en la que se acordaba, entre otras cosas respaldar el golpe del 5 de abril de 1992, y la conducta del gobierno de facto de Alberto Fujimori Fujimori y de quienes comandaban las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las leyes de amnistía que liberan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en la lucha antiterrorista asumiendo, en ambos casos, el compromiso de defender y proteger, individual e institucionalmente a cualesquiera de sus miembros por responsabilidades derivadas de dichos actos, en cualquier tiempo, confiriéndole el carácter de un compromiso de honor personal e institucional.

2. El acta, en cuestión, que refleja la situación de grave menoscabo institucional que afectó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se explica a luz de los siguientes hechos: a) La violencia terrorista que enfrentó a los peruanos, durante 20 años, fue el pretexto que usó el gobierno de facto, a partir del 5 de abril de 1992, para sobredimensionar el SIN y para someter a control absoluto de éste no sólo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sino a los órganos del poder constitucional. Para este objeto, Alberto Fujimori Fujimori permitió y avaló la injerencia indebida y creciente de Vladimiro Montesinos Torres, quien sometió, paulatinamente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al control del SIN con el consentimiento de los ministros de Defensa y del Interior y de los comandantes generales de los diferentes institutos. Dicho proceso se facilitó durante los siete años continuados en que el general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos ejerció las funciones de comandante general del Ejército y de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, situación que prosiguió posteriormente. Fue durante esta etapa que se produjo un grave proceso de cooptación, sujeción y corrupción que alcanzó no sólo las Fuerzas Armadas sino todos los poderes constitucionales e incluso a empresarios y otros sectores de la sociedad civil. b) Como consecuencia del proceso de deterioro institucional antes descrito, en el mes de marzo de 1999, los señores oficiales generales, almirantes, coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional asistieron a la Base Aérea de Las Palmas, en cumplimiento de órdenes emitidas por quienes en ese momento desempeñaban los cargos de comandantes generales de sus respectivos institutos y el de director general de la Policía Nacional. Participaron de la mesa directiva los ministros de Defensa y del Interior, el presidente del CC.FF.AA., los comandantes generales ya señalados, el jefe del SIN y el asesor del SIN Vladimiro Montesinos. c) Las mencionadas reuniones se llevaron a efecto dentro de las características siguientes: – La orden de convocatoria no indicaba el motivo de la misma, pero señalaba la obligatoriedad de la asistencia. – Los documentos que se suscribieron fueron redactados con antelación sin haber sido sometidos a debate en dichas reuniones procediéndose simplemente a su lectura. – La suscripción de los documentos fue dispuesta por la Mesa Directiva en forma intimidatoria y coercitiva tal como se aprecia en la visualización de los vídeos sin permitirse ningún tipo de ponencia u observación invocándose además para tal efecto la disciplina, lealtad y cohesión institucional.

3. Por razón de las circunstancias en que se suscribieron los documentos en cuestión y sin ánimo alguno de exculpación, los actuales comandantes generales consideran que son írritos, que no representan ningún compromiso de honor que vincule a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional individual o institucionalmente y que por ende no pueden ni deben ser respetados por ellos mismos ni por las instituciones que representan, ya que no expresan la libre y auténtica voluntad de los firmantes y además violan principios y normas del Estado de derecho.

4. Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Ejército del Perú, Marina de Guerra, y el director general de la Policía Nacional se encuentran firmemente comprometidos en la ejecución de acciones que conllevan al sinceramiento de la situación que afecta a nuestras instituciones y, en especial, al proceso de moralización impulsado por el gobierno constitucional de transición. En tal sentido, se ha procedido a investigar y denunciar los hechos que implican comisión de delitos, en las instancias judiciales correspondientes, además de colaborar con todas las investigaciones dispuestas por el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

5. La demostración indiscutible de ese espíritu es la conducta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el reciente proceso de elecciones generales del 8 de abril último. En ellas han mantenido un comportamiento que la opinión pública y todos los organismos de observación internacional han considerado ejemplar, evidenciando así los esfuerzos realizados por la recuperación institucional, en armonía con los nobles ejemplos de Bolognesi, Grau, Quiñones y Mariano Santos, inspiradores de su vida institucional.

6. Consecuentes con los hechos señalados, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en solemne e inequívoco gesto de rectificación, y sin perjuicio de cualesquiera responsabilidades declaran: a. Su rechazo y condena a la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992, así como la de todo acto o compromiso que podría menoscabar las bases éticas y jurídicas del Estado de derecho y su repudio a prácticas inmorales en la administración de los recursos del Estado o en el manejo de la política del gobierno. Lamentan que algunos de sus miembros incurrieran en infracciones personales que no pueden ni deben afectar la gloriosa tradición de sus instituciones que comparten y compartirán los ideales democráticos que dieron nacimiento a la República. b. Su firme determinación de seguir actuando con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes de la República y su absoluta subordinación al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. c. Su compromiso de cumplir sus funciones dentro del marco de respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores morales y, en consecuencia, de combatir firme y permanentemente cualquier indicio de corrupción o inconducta en la vida institucional que comprometa tales valores y principios. Por ello, respaldan las iniciativas destinadas a la formación e instalación de una comisión de la verdad que permita la unión y reconciliación nacionales, fundada en la justicia y una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevó a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional. d. Finalmente, su propósito de reivindicar valores y tradiciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y de perfeccionar sus instituciones para contribuir más eficazmente a la defensa y al desarrollo nacionales y al fortalecimiento del estado constitucional y de la democracia en el Perú.

7. Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional del Perú, recogiendo el sentir de sus instituciones, ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general, por todos los hechos que, en el pasado reciente, hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional. Esperan, asimismo, que la ciudadanía reconozca en este acto de franca e histórica rectificación un gesto indispensable para cerrar una etapa negativa en nuestra historia y abrir así el camino a una era de genuina paz, fundada en el culto de los valores éticos y democráticos y en la unión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el pueblo para la construcción de una sociedad auténticamente libre y justa.

8. Finalmente los suscritos, comandantes generales y director general de la Policía Nacional, consideramos pertinente poner nuestros cargos a disposición del jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Lima, 16 de abril del 2001 Armando Santisteban de la Flor, director general de la Policía Nacional del Perú; Carlos Tafur Ganoza, comandante general del Ejército; Víctor Ramos Ormeño, comandante general de la Marina y Pablo Carbone Merino, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general de la Fuerza Aérea”. (Reproducido en Resumen Semanal, No. 1118, Lima, 18-25 Abril 2001.)