En el documento presentado en la comisión se les imputa delitos como malversación de fondos y colusión. Existe polémica entre congresistas por recomendación para investigar a la Universidad San Martín de Porres.
Martín Hidalgo Bustamante
La Comisión que investiga las presuntas irregularidades del gobierno pasado presentó el informe preliminar sobre las obras de refacción de los denominados Colegios Emblemáticos en el gobierno aprista.
En el documento, al que el diario La República tuvo acceso, se responsabiliza al ex ministro de Educación y actual rector de la USMP, José A. Chang, y otros seis funcionarios del sector, de presuntos delitos de omisión de funciones, malversación de fondos, entre otros. Además, se recomienda ampliar el plazo de investigación para un examen especial a la Universidad San Martín de Porres.
El informe preliminar que será sometido a votación el jueves para su aprobación comienza sus conclusiones señalando las irregularidades cometidas mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2009, el cual –se indica– permitió la ejecución de 77 obras a nivel nacional mediante contratación directa para la elaboración de expedientes técnicos, supervisión y ejecución de obras por el monto de S/. 1 251,203,350.70.
"Estos decretos fueron emitidos sin cumplir con disposiciones legales y constitucionales, específicamente sin atender lo dispuesto en el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución", agregan.
Los cargos
En otro punto, se determina que algunas instituciones educativas han sido consideradas como emblemáticas a pesar de no serlo, lo que habría ocasionado perjuicio económico al erario nacional por S/. 45'922,498.15 en cinco obras ejecutadas, al no respetar los importes considerados en estudios, expedientes y códigos SNIP al haberse contratado y pagado mayores montos.
Según el informe, habría presunta concertación de funcionarios del Ministerio de Educación que intervenieron, como Asabedo Fernández Carretero (secretario general), Luis Huaylinos Maraví (jefe de OINFE), Jorge Guevara Zapata ( jefe de la Oficina General de Administración y encargado de Abastecimientos); y de igual modo alcanza responsabilidad a José A. Chang Escobedo, por haber sido titular del Pliego.
Todo ellos estarían presuntamente inmersos en los ilícitos penales, relacionados con Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos, en la modalidad de Malversación de fondos y Colusión tipificados en los artículos 389º y 384 del Código Penal respectivamente, por que habrían beneficiado a los proveedores como ejecutores de obra de las empresas.
El informe determina, además, "presunta intervención del ex ministro José A. Chang, al permitir que empresas relacionadas a su entorno, tales como Corporación Ejecutora de Obras SAC (CEDOSA), Pérgola SAC y Building SAC e Instituto de Vivienda Urbanismos y Construcción – IVUC, participen en contrataciones con el Estado en el Sector Educación que dirigía, por lo que habría incurrido presuntamente en Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos en la Modalidad de Abuso de Autoridad previsto y penado en el artículo 376º del Código Penal, al haber actuado con la clara intención de sacar ventaja y provecho en perjuicio de los fondos del Estado".
Por ejemplo, el arquitecto proyectista Vicente Rojas Rosalino, quien trabajó en Building SAC entre octubre del 2000 y julio del 2008, y luego el 2010 y 2011, consigna como experiencia en la actividad haber participado en el diseño de diferentes obras al interior de la citada universidad. Además de la "remodelación del departamento del Ing. Chang en La Molina, la casa de Guevara en Chosica, la casa playa de Bao y la casa de García, en La Molina", según sus propias palabras citadas en el informe.
Es por ello que en las recomendaciones del mismo se pide a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue a la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, se solicita al Pleno del Congreso pedir una amplición del plazo de investigación para realizar un "examen especial" a las empresas que habrían tenido relación entre el Ministerio de Educación y el ente universitario.
El informe cita el análisis de los Estados Financieros de la Universidad, que obra en el portal de la Superintendencia de Mercado de Valores, donde se analiza la existencia de un incremento en el patrimonio neto de dicha entidad. Esto respecto al periodo 2011 con S/. 206'552,000.00, en relación al año próximo anterior 2010 que en la misma cuenta presentaba el monto de S/. 31'027,000.00. ❧
Alan García: “Que investiguen, pero si no es cierto... que renuncien”
El ex presidente Alan García desafió a los miembros de la megacomisión que investiga la construcción de colegios emblemáticos en su gestión.
“Estoy dispuesto a ser investigado y ser acusado de lo que sea pero si se descubre que eso no es cierto, que los que acusaron renuncien públicamente. Yo los desafío. Ese es mi punto de vista”, manifestó.
Más temprano, el congresista Javier Velásquez se presentó sin aviso a la 'Megacomisión' que presentaba el informe preliminar y dijo que no iba en nombre del ex ministro José A. Chang, sino por toda la gestión aprista y sobre la investigación a la USMP dijo que algunos congresistas piensan que pueden investigar lo que quieran. "La Constitución es el límite y la comisión está facultada para investigar el manejo de los recursos públicos", apuntó.
Agregó que el hecho de que una autoridad universitaria haya sido funcionario del gobierno no implica que el Congreso pueda investigarlo. "Mercedes Aráoz ha sido ministra de Economía y no vamos a cometer el error de investigar a la Universidad del Pacífico", acotó.
El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, precisó que si existe corrupción en el Estado vinculada a empresas privadas tienen el derecho de investigarlas.
Conclusiones
Exoneraciones. Se señala un perjuicio económico de S/. 7'659,677.63 por haber cambiado los términos de referencia para favorecer a las empresas contratistas en las exoneraciones de procesos en cuatro colegios emblemáticos. Se acusa a Jorge Luis Guevara Zapata, Asabedo Fernández Carretero, Luis Huaylinos Maraví, Pedro Morales y César Escate por malversación de fondos y colusión.
Penalidades. A Guevara, Morales y Huaylinos también se les imputa no cautelar los intereses del Estado al haber efectuado el cálculo por penalidad a contratistas en menor monto del que correspondía. Se dejó de cobrar S/. 2'187,942.50.
Los cheques. La investigación también indica que habría indicios suficientes para investigar a Luis Huaylinos por las transacciones que superarían los $150 mil dólares en octubre del 2009, en dos bancos peruanos. De igual forma a Pedro Morales por la transacción financiera de S/. 234,067.35; así como a los familiares directos del funcionario Asabedo Fernández por la transacción financiera superior a los $45,500.00 durante el mes de junio de 2010.
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