Como desinformar haciendo la finta que informas: (Editorial) La muerte de la Cajita Feliz | El Comercio

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Próximamente, se discutirá en el pleno del Congreso un proyecto que busca reducir el consumo de “comida de bajo contenido nutricional” en los niños. Las prohibiciones que se establecerán de aprobarse esta iniciativa son varias: no se permitirá vender este tipo de productos en colegios, entregar regalos para promocionarlos, ni publicitarlos mediante el testimonio de artistas o utilizando personajes animados. Además, el proyecto busca que se obligue a que en la publicidad y en los empaques se incluya mensajes de advertencia cual cajetilla de cigarrillos.

Los autores de este proyecto buscan, en pocas palabras, dificultar que los comerciantes de esta clase de comida logren que los padres se la compren a sus hijos para, así, supuestamente, reducir la obesidad infantil y las enfermedades relacionadas. La comida de bajo contenido nutricional, sin embargo, no es cianuro. Nadie se enferma, sube de peso, ni deja de ser una persona saludable por comer un dulce o una hamburguesa de vez en cuando. Cuánto de este tipo de comida puede una persona consumir sin generar problemas a su salud depende de su metabolismo, hábitos alimenticios y estilo de vida.

¿Quién debería entonces decidir qué comida pueden consumir los niños? ¿Un funcionario público que tiene en mente a un niño promedio inexistente o sus padres? La respuesta es clara y su explicación es la misma por la que la patria potestad la tienen estos últimos y no el ministro de Salud o Educación: es el padre quien sabe mejor que nadie qué es lo bueno para su hijo.

Nadie niega, no obstante, que algunos padres irresponsables no alimenten adecuadamente a sus hijos. Pero de poco servirá frente a su irresponsabilidad que el Congreso ponga trabas al comercio de la comida. Es ingenuo pensar que estos padres empezarán a alimentar a sus hijos con brócoli y zanahorias gracias a la restricción de publicidad. Estas prohibiciones, además, tampoco tienen cómo cambiar los gustos alimenticios de los niños. Solo porque ellos dejen de ver a los Backyardigans en las cajas de hamburguesas no van a empezar a pedir coles de Bruselas en el almuerzo. El proyecto de ley parece ignorar que para cambiar los malos hábitos alimenticios se necesita algo más que el voto aprobatorio de 66 congresistas.

Pero este proyecto no solamente yerra al quitarle a los padres la elección de qué es mejor para sus hijos. Además, parte del discutible presupuesto de que restringir la publicidad reducirá la tasa de sobrepeso en la población infantil, cuando, de hecho, existe evidencia de que esta medida es inútil. Años después de haber sido implementada en lugares como Canadá, Noruega o Suecia, no se ha demostrado reducciones significativas de la obesidad infantil. Esta tasa, en los últimos dos países, es similar a la de otras naciones europeas que no aplican la medida.

También en Estados Unidos existe evidencia de que la publicidad de comida no tiene relación causal con la obesidad. Se estima que ahí los niños cada vez ven menos televisión (ya que prefieren usar Internet, jugar videojuegos o ver DVD) por lo que ya en el 2003 veían 900 comerciales menos de comida al año que en 1994 y, no obstante, la tasa de obesidad infantil continuó aumentando.

Por lo demás, no se trata de una medida sin costos. Para comenzar, es costosa para los niños: cualquier padre sabe que la Cajita Feliz es más que un eslogan. Es costosa también para los adultos, quienes reciben menos publicidad e información de un producto que desean. Es costosa, finalmente, para los empresarios y trabajadores de este mercado, que tendrán menos utilidades y oportunidades de empleo si su producto –como desean algunos congresistas– se consume menos.

Nadie discute que el Estado no deba buscar mecanismos de informar mejor a las personas qué es saludable consumir pero no tiene por qué inclinar la balanza de las decisiones de los ciudadanos con respecto a sus hijos. Cuando les llamamos “Padres de la Patria”, a fin de cuentas, no lo decimos tan en serio.