Ejecutivos de Osiptel son procesados por favorecimiento a Telefónica pero opinarán sobre renovación de su licencia
(Tomado de IDL Reporteros). Por Emilio Camacho.
El martes 22 de mayo el ministro de Transportes, Carlos Paredes, informó al Congreso que ha pedido un informe más sobre Telefónica al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), antes de decidir si se renuevan o no las licencias de telefonía móvil – por 20 años, nada menos– a esa empresa.
Será un documento en el que Osiptel hará un cálculo basado en la cantidad de sanciones que Telefónica ha recibido en los últimos años.
Sucede, según indicó Osiptel en un comunicado el mismo martes 22, que el cálculo no es del todo fácil, pues Telefónica ha impugnado en el Poder Judicial las sanciones que aquella impuso. El proceso, como subraya el comunicado, “podría tomar varios años”.
Pero, como hay que decidir sobre la renovación de licencia, la tarea de Osiptel es la evaluar los “descargos presentados por Telefónica Móviles respecto de las sanciones”.
No es una tarea fácil. Para nada. Requiere conocimiento y, sobre todo, independencia. Ni sombra de un posible conflicto de interés.
Pero ocurre que dos de los cuatro funcionarios que evaluarán y tomarán esas cruciales decisiones están procesados judicialmente por un supuesto favorecimiento a Telefónica: ellos son, la presidenta interina de este organismo,Carolina Linares; y Marco Antonio Torrey Motta.
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JAIME ESPEJO ARCE