Lo que se temía. El Tribunal Constitucional confirmó su intención de quebrar el presupuesto nacional al obligar al Estado peruano a pagar la millonaria deuda de los bonos de la reforma agraria, que en su mayoría ya no estarían en manos de sus dueños originales o descendientes sino bajo la tenencia de grupos de poder nacionales y extranjeros.
Las cartas del juego fueron reveladas por el mismo presidente del TC, Ernesto Álvarez, que en una entrevista a la agencia financiera Reuters afirmó que la sentencia “saldría en los próximos tres meses”.
Esta opinión adelantada sobre un proceso que a la fecha todavía no tiene un panorama claro y menos un dictamen, despierta suspicacia y un sinnúmero de interrogantes respecto al por qué se estaría presionando desde este gran tribunal al gobierno para que cancele estos bonos agrarios emitidos como compensación -en la década del setenta- por el general Juan Velasco Alvarado.
Y no es para menos. Pese a que el Tribunal Constitucional ordenó en el 2001 al Ejecutivo pagar los bonos, el criterio de los gobiernos anteriores ha pesado más que la sin razón de este veredicto que, según cálculos conservadores, estaría entre 1.000 millones y 3.000 millones de dólares en bonos. Y si estas cantidades suenan monumentales, otras estimaciones arrojan una cifra mucho mayor, comprendida entre 4.600 millones y 8.000 millones de dólares, es decir, alrededor 4% del Producto Bruto Interno (PBI).
DECISIÓN SOSPECHOSA
Álvarez también manifestó a Reuters que está trabajando en una resolución que no solo especificará el cuándo sino las formas o mecanismos que deberá seguir el Poder Ejecutivo para cancelar estos bonos. “Nuestra meta es esa”, aseveró.
Ante esta motivación de querer sacar un fallo ‘al caballazo’, y a sabiendas que prácticamente los magistrados tienen los días contados en el TC, el congresista Víctor Andrés García Belaunde se mostró sorprendido por estas declaraciones y recalcó que “está muy mal” anticipar juicios cuando no hay nada dicho en la vía judicial.
“Él no se da cuenta que es un juez constitucional y no un promotor de la deuda agraria. Él no puede entrometerse en temas económicos que solo deben ser resueltos por el Gobierno, además porque es un miembro que ya está de salida. Creo que está cometiendo un gravísimo error, ha metido la pata”, expresó el legislador muy mortificado.
Asimismo, García Belaunde no descartó la probabilidad de que se esté buscando beneficios personales además del ‘bienestar’ de los tenedores de los bonos.
“No quiero pensar mal respecto a que se esté haciendo algún negociado, pero tampoco hay que descartar dicha posibilidad. La idea es que haya un interés de hacer justicia, no obstante, sorprende que el tribunal se haya adelantado a un juicio que aún no se ha resuelto. Esa decisión del presidente del TC no tiene precedentes; es una declaración irregular, extraña y sospechosa”, acotó.
De otro lado, el nacionalista Jorge Rimarachín aseveró que el problema de un país que crece y que tiene buenos ahorros como Perú, es que siempre estarán pendientes “los mismos de siempre” para querer beneficiarse de ello, tanto a nivel nacional como internacional.
El parlamentario de Gana Perú subrayó que la predisposición natural del Estado, basada en guardar grandes montos como ahorro sin llevarlos a la inversión social, ha ocasionado que algunos agentes quieran aprovecharse de este dinero metiendo temas controversiales como el de los bonos agrarios.
“Al igual que esa intención del TC (de querer buscar el pago de los bonos de la reforma agraria) también podemos encontrar otras intenciones. (Hay personas que) están vigilantes y mirando si hay plata debajo del colchón”, expresó.
Rimarachín recomendó que este tema sea asumido por los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. “Los actuales miembros ya están de salida, con las horas contadas. Deberían dejar este tema delicado a los próximos integrantes del Tribunal”, puntualizó.
Definitivamente, la gran cantidad de dinero en juego es tal que definitivamente extraña la actitud tan rauda de los vigentes miembros del TC. ¿Quiénes son realmente los favorecidos con esta próxima sentencia? La respuesta aún no es clara.
“LA CIFRA ES REALMENTE GRANDE, MÁS O MENOS EL 25% DE LA DEUDA EXTERNA”
Parte de las suspicacias en torno a este apresurado pago de los bonos agrarios están vinculadas a la gran cantidad de dinero que está en disputa –algo más de 4.000 millones de dólares- y que podrían generar algunos ‘favores’ particulares, si se le da el visto bueno desde el TC.
Si hablamos de números, el economista Javier Zúñiga aseveró que el monto a pagar es gigantesco, nada comparable con las establecidas parcialmente desde 1970.
“La cifra es realmente grande, más o menos el 25% de la deuda externa peruana. No hay capacidad de pagar estos bonos en un solo round. El MEF podría decir que la deuda se puede programar pero la pregunta es cuándo se terminaría de pagar”, reflexionó.
Además, Zúñiga colocó en el tapete una pregunta: ¿quiénes serían verdaderamente los beneficiados? Recordó que los tenedores actuales de esos bonos ya no son agricultores y mucho menos descendientes de aquellos a los que les arrebataron sus tierras, sino estudios de abogados y empresas dedicadas a la banca de inversión, que compraron los bonos a precios risibles y ahora pretenden cobrarlos bajo los valores actuales.
En alguna oportunidad, al ser consultado por diario16, el también economista Gilberto Cárdenas indicó que no debería causar sorpresa que los grandes grupos de poder e inversionistas extranjeros ejerzan presión en los poderes del Estado. “Es altamente probable que algunos grupos empresariales, que desde que se comenzó a vocear durante el gobierno de Fujimori que esta deuda podía ser reconocida, hayan buscado la forma de adquirir estos papeles. Muchos expropiados vendieron sus papeles a los bancos, o los bancos compraron de terceros”, advirtió.
LA PLATA LLEGA SOLA
La preocupación de la clase política y de ciertos sectores de opinión -en razón a este pago- radica en que la mayoría de dichos bonos estaría en manos de grandes grupos de poder e inversionistas extranjeros que durante todos estos años se dedicaron a comprarlos a precios irrisorios, por lo que obtendrían grandes beneficios al momento de recuperar dichos recursos del Estado.
Citando un caso, en octubre del 2010 el Banco de Crédito del Perú interpuso una demanda judicial contra el Estado por el pago de 3.279 bonos de la reforma agraria. Esos papeles equivaldrían a US$27 millones. Mediante un comunicado de prensa la entidad financiera informó en esa fecha que había iniciado la acción judicial a fin de evitar que prescriba el pago de dichos papeles.
EL DATO
El legislador Víctor García Belaunde reiteró que los jueces del Tribunal solo pueden opinar a través de una sentencia y no antes, en vista de que podrían ser acusados constitucionalmente ante el Congreso por cualquier persona que se vea afectada.
