Un grupo de militares intentó hace dos décadas restituir el principio constitucional luego del autogolpe del 5 de abril. Aunque parezca increíble, hasta ahora el Estado no les reconoce sus derechos.
Jorge Loayza.
Alguna mano invisible de los presos Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza continúa persiguiendo a los militares que hace 20 años intentaron rescatar la democracia del secuestro al que la había sometido el principiante de dictador Alberto Fujimori.
La afirmación nos la hace alguno de los seis militares del 13 de noviembre, encabezados por el general Jaime Salinas Sedó, con los que conversamos. Pero ya con Fujimori fuera del poder, el Ejército los siguió tratando como soldados del enemigo. De los reincorporados a la institución militar en el 2001 ninguno ocupó la comandancia general, pese a sus méritos.
Al contrario, la mayoría fue relegada a puestos sin mayor rango. Y cuando la Ley 28472 ordenó que sean ascendidos al grado inmediato superior, solo dos fueron los beneficiados. En el 2007, luego de una sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente Alan García solo admitió el pedido hasta el grado de coronel, y no de once que debían ser generales de división y brigada.
Hoy, los 25 militares procesados por la dictadura fujimorista por la intentona del 13 de noviembre están en retiro. Los que salieron como generales pueden vivir de sus pensiones, pero los que no lograron ese grado tienen que buscárselas. El Estado tampoco ha cumplido con pagarles las indemnizaciones ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al comandante Hugo Ormeño sus compañeros lo conocen como "Pata de cabra", porque iba a ser el encargado de abrir las puertas de Palacio de Gobierno con esa herramienta. Vive de una pensión de 1.500 soles a pesar de que debería recibir más de 2.000 si se le reconociera su ascenso a coronel. "Cuando pasé a retiro no nos daban trabajo en el Estado, había ensañamiento, hasta que ingresé al serenazgo de Miraflores. Ahora soy tramitador de una inmobiliaria", relata.
Después de dejar el Ejército, su compañero, el coronel Víctor Granda (66), trabajó en seis empresas de seguridad. Hoy es el encargado de seguridad de la Maison de Santé.
Otros buscaron ingresar a política. Los generales José Soriano y Víctor Obando, y el comandante Hugo Ormeño postularon al Congreso el 2006. Pensaron que la ciudadanía podría agradecer con sus votos el gesto del 13 de noviembre. Ninguno tuvo fortuna.
Lo que más indigna a todo el grupo es que el Tribunal Militar no haya anulado el cargo de delito de rebelión tal como lo pidió la Comisión Interamericana. Solo lo hicieron por prescripción. "Ninguno de nosotros cometió delito", aclara el general Salinas Sedó, quien pide un juicio para quienes los secuestraron y torturaron.
El general confiesa que nunca tuvo un interés político con su accionar. "A mis compañeros les decía que la presidencia debía recaer en Máximo San Román, eso era lo que ordenaba la Constitución", repite como hace 20 años.
Las batallas del ‘13 de noviembre’
13 de noviembre de 1992. Intento de restitución del orden democrático, organizado por los generales EP (r) Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Ernesto Obando Salas. Todos los militares involucrados son detenidos horas más tarde.
16 de noviembre de 1992. Alberto Fujimori ratifica su confianza al general EP José Valdivia Dueñas, jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto.
24 de diciembre de 1992. El periodista Mario Campos ingresa una cámara fotográfica al penal Castro Castro escondida en un pavo asado para conversar y fotografiar a los militares detenidos. Horas más tarde serían trasladados al cuartel Simón Bolívar.
18 de febrero de 1993. Sentencia a todos los militares implicados. Al general Jaime Salinas Sedó lo condenan a 8 años de prisión efectiva.
26 de mayo de 1993. El gobierno indulta a 11 militares, menos al general Salinas Sedó.
14 de junio de 1995. La Ley de Amnistía coloca en similar condición a los asesinos de La Cantuta y Barrios Altos y al general EP Jaime Salinas Sedó.
14 mayo 2001. En ceremonia de reivindicación, 18 oficiales fueron reincorporados al servicio activo.
EN CIFRAS
4 mil dólares les ofreció el Estado como indemnización en el 2008 a los oficiales, pero el pago no se ha hecho.
25 fueron los oficiales condenados por el 13 de noviembre.
