viernes, 10 de octubre de 2014

Ex Ministro Aurelio Pastor condenado a pena de cárcel efectiva

Juez Jorge Barreto sentenció al ex ministro a 4 años y medio de prisión. Fallo se ejecutará cuando una sala superior confirme el veredicto del juzgado.
Foto: La República.
Gabriel Mazzei Mancesidor
Condenado en libertad. El exministro aprista Aurelio Pastor fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión y al pago de 100 mil soles por concepto de reparación civil, al ser hallado responsable del delito de tráfico de influencias.
Sin embargo, el juez del Primer Juzgado Unipersonal de Justicia de LimaJorge Barreto, dispuso que la pena recién se haga efectiva luego de que una sala superior confirme la misma, tras revisar el recurso de apelación que interpuso la defensa del acusado.
Es decir, Pastor esperará unas semanas más en libertad mientras se realice una nueva audiencia en la Corte de Lima para definir su situación. La lectura de sentencia de ayer estableció que el condenado ofreció sus presuntas influencias –que se quedaron en suposición porque nunca las tuvo– a la alcaldesa de TocacheCorina de la Cruz, en el 2012 para solucionar los procesos en su contra por vacancia en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y una denuncia en el Ministerio Público por difamación agravada.
"Está acreditado que Pastor buscaba obtener un beneficio económico mediante el ofrecimiento de sus influencias", se escuchó en la lectura que duró un poco más de una hora, en el edificio Carlos Zavala de la Corte de Lima.
En otras palabras, el también ex congresista vendió humo: le dijo a la alcaldesa –en tres reuniones en su estudio– que conocía a Hugo Sivina, en ese entonces presidente del JNE, así como al fiscal supremo penal Pablo Sánchez, con el afán de sacar un surtido provecho económico: la suma de 60 mil soles.
Ambos, llamados como testigos para este juicio, desmintieron la versión de Pastor. Sivina señaló que nunca recibió su visita y Sánchez dijo que la reunión con el ex ministro no influenció en el dictamen que iba a resolver a favor de la alcaldesa sobre difamación. 
De esta manera, el juez Barreto acogió el pedido de la fiscal Jenny Sánchez pero redujo el monto de la reparación civil, formulado por el procurador anticorrupción, Christian Salas Beteta, de 200 mil a 100 mil soles. Como medida facultativa, el juez dispuso también la inhabilitación de Pastor para ocupar cualquier cargo público por 4 años y medio, luego del cumplimiento de la pena.
Mientras se revisa la sentencia, no podrá salir del país y cada viernes deberá firmar un cuaderno de control en los juzgados anticorrupción.
los audios

"Yo los conozco, son mis amigos. Cualquier cosa que se consiga en el Jurado no es con plata sino con amistad. A mí me escuchan porque soy amigo, porque soy conocido y porque confían en mí", es un fragmento de los audios que fueron presentados como pruebas durante el juicio oral.
El juez Barreto estableció en su fallo que esos audios constituyen una prueba fehaciente de la culpabilidad del imputado, pruebas acreditadas y validadas por peritos que declararon en el juicio.
"Este modus operandi (de Pastor) es una usanza tradicional y cotidiana en los pasillos judiciales pues existen un sinnúmero de individuos que se arrogan una serie de influencias reales o simuladas ante determinados funcionarios(...)", dice un extremo del fallo.
Se determinó que Pastor nunca actuó como abogado de De la Cruz, al no realizar acciones que lo consideren como tal, como presentar escritos.
"FUI VÍCTIMA DE UNA TRAMPA"
A la salida del juzgado, Aurelio Pastor señaló que la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, le tendió una trampa, por lo que no puede ser condenado.
"En segunda instancia, van a fallar por nosotros, pues esto fue una trampa. La Corte Suprema ha disuelto los casos de trampas, porque eso no se puede permitir", dijo Pastor.
Pero, el fallo descartó que la alcaldesa haya tendido una trampa y que Pastor armó todo el modus operandi. "Por primera vez se condena a un ex ministro por tráfico de influencias, por las pruebas que no han sido manipuladas", dijo el procurador anticorrupción Christian Salas.

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JAIME ESPEJO ARCE