En defensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Escribe: David Lovatón Palacios

Desde fines de diciembre pasado y a partir de la demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuso contra el Estado peruano en el caso “Chavín de Huantar” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte), se ha generado en nuestro país una corriente de opinión en contra de la CIDH. Al respecto, consideramos que es indispensable distinguir dos planos: el caso “Chavín de Huantar” y, por otro lado, los cuestionamientos a la CIDH; son dos ámbitos que sin duda están vinculados pero, a la vez, son distintos.

En cuanto al caso “Chavín de Huantar”, ciertamente que es un caso que levanta no sólo polémica sino también sentimientos encontrados en la opinión pública nacional: valerosos comandos que llevaron a cabo con éxito un legítimo operativo militar de rescate de rehenes que habían sido secuestrados por el MRTA en la casa del embajador del Japón, situación que tuvo en vilo al Perú y al mundo entero por varios meses ya que la vida e integridad de los rehenes corrían peligro. Sin embargo, Aprodeh, una organización de derechos humanos, denunció el 2001 que luego del operativo –no durante, sino luego- se habrían producido 3 ejecuciones extrajudiciales de emerretistas rendidos.

Nosotros hemos tenido acceso al informe de fondo de la CIDH sobre este caso y consideramos que hay indicios razonables de que, lamentablemente, se habrían perpetrado algunas ejecuciones extrajudiciales luego del operativo militar que, sin duda, en un Estado de Derecho deben ser investigadas. Ello no quiere decir que los comandos militares son los culpables ni que van a ser sentados en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana (la Corte juzga Estados, no personas). Es más, muestra de estos indicios razonables es la existencia de un proceso judicial ante la justicia peruana que, en unos meses, dictará sentencia respecto de los que ahora se conocen como “gallinazos” que se infiltraron en el operativo militar (Montesinos, Hermoza Ríos, Huamán Azcurra y Zamudio) pero que, en su momento, se adjudicaron la planificación y conducción de este operativo.

Ante esta demanda de la CIDH, el Estado peruano, como cualquier Estado del continente, tiene el derecho de discrepar abiertamente con la decisión de la CIDH y defenderse. Es más, es lo que se espera que haga y eso es lo que ya ha anunciado el Gobierno del Presidente Humala. Algunas autoridades peruanas han adelantado que uno de los argumentos que esgrimirán será la falta de agotamiento de la vía interna pues el Poder Judicial aún no ha emitido sentencia. Sobre este punto, hay argumentos de uno y otro lado y, reiteramos, el Estado peruano tiene el camino expedito para plantear una buena defensa ante la Corte.

Sin embargo, lo que sí lamentamos profundamente es que algunas autoridades del actual Gobierno del Perú, algunos parlamentarios y medios de comunicación, hayan ido mucho más allá del caso “Chavín de Huantar” y anuncien su intención de sumarse al grupo de países del continente que, por diversas razones, pretenden poner en tela de juicio el valioso papel que cumple la CIDH en la defensa de los derechos humanos en el continente.

Lamentamos también que gran parte de estos cuestionamientos a la Comisión se hagan desde la desinformación. Así es, durante el 29 de junio del 2011, la Comisión Permanente de la OEA inició un proceso de reflexión para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y, para ello, creó el “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH” que, en un inicio, fue presidido por el entonces Embajador del Perú ante la OEA, Hugo de Zela. Este Grupo de Trabajo sostuvo un total de 22 reuniones y en diciembre del 2011 entregó su informe final al Consejo Permanente de la OEA, el cual, va a discutir dicho informe en su sesión convocada para el próximo 25 de enero del 2012 y a la que, se ha anunciado, van a asistir el Canciller peruano, Rafael Roncagliolo, y el nuevo Embajador del Perú ante la OEA, Walter Albán.

El Informe final del Grupo de Trabajo contiene, por un lado, recomendaciones positivas para el fortalecimiento de la CIDH pero, por otro lado, también formula algunas recomendaciones que podrían estar dirigidas a debilitar y no a favorecer a la CIDH, algunas de las cuales fueron propuestas por países como Ecuador o Venezuela, con serios cuestionamientos por parte de la CIDH en materia de libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Pero ninguna de las recomendaciones plantea revisar o recortar atribuciones a la Comisión (tan sólo Venezuela cuestionó, en un primer momento, la atribución de la CIDH de emitir medidas cautelares).

Como se puede apreciar, ya hay en curso todo un proceso de reflexión sobre el sistema interamericano y ese es el marco en el que el nuevo Gobierno peruano debería formular sus cuestionamientos a la CIDH. Por ello, nos sorprende que el actual Ministro de Justicia –cuya trayectoria democrática incluye haber sido viceministro del actual Presidente de la Corte Interamericana, Diego García Sayán-, cuando ha afirmado que el Perú se va a sumar a otros países del continente para revisar las competencias de la Comisión; en especial, porque tan sólo dos meses antes -en octubre del 2011- su predecesor Francisco Eguiguren expresó ante la CIDH, en audiencia pública solicitada por el propio Gobierno peruano, el respaldo del nuevo Gobierno del Perú al sistema interamericano.

Confiamos que las aguas volverán a su cauce y que las autoridades peruanas distingan la legítima defensa del Estado ante cualquier demanda de la CIDH, del cuestionamiento inapropiado al papel que ha jugado y juega la CIDH en el continente. Para nosotros, el balance de este organismo internacional en los últimos veinte años es positivo, sin perjuicio de reconocer que hay aspectos que pueden ser mejorados o perfeccionados. En ese sentido, nos genera mucha expectativa la designación del ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, como nuevo Embajador del Perú ante la OEA. Es reconocida su trayectoria democrática en defensa de los derechos fundamentales y confiamos en que jugará un papel central en tender puentes entre la CIDH y las autoridades peruanas.