Hoy se cumplen 29 años desde que el 26 de enero de 1983, ocho periodistas y su guía fueron asesinados en la comunidad de Uchuraccay, Ayacucho.
Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán de El Diario de Marka, Jorge Luis Mendívil y Willy Retto de El Observador, Jorge Sedano de La República, Amador García de la revista Oiga y Octavio Infante del diario Noticias de Ayacucho, así como el guía Juan Argumedo y el comunero uchuraccaíno Severino Huáscar Morales; encontraron la muerte ese fatídico día, cuando llegaron a la comunidad que se hizo conocer como el escenario de la lucha antisubversiva a inicios de los ochenta.
Casi tres décadas han pasado desde aquel atroz asesinato y este aún configura uno de los casos menos esclarecidos del conflicto armado interno que se vivió en nuestro país. Tres comisiones han intentado despuntar las interrogantes, sin embargo ante el hermetismo de las circunstancias, nunca será innecesario el recuento de los hechos que llevaron a este mortal desenlace.
El inicio de la violencia armada
El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) comenzó su lucha armada y terrorista el 17 de mayo de 1980 con la quema de 11 ánforas electorales en la localidad de Chuschi, Ayacucho. Al mismo tiempo, el Perú retornaba a la democracia con la elección de Fernando Belahunde Terry después de 12 años de gobierno militar.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala que al principio se desestimó la magnitud del conflicto. Recién a partir del año 83, el Estado encargó la lucha antisubversiva a los comandos político-militares que instaló en el centro y sur del país. Para entonces, de acuerdo al documento, Uchuraccay ya había sido testigo de la violencia del terrorismo. Tras el cruel asesinado de los comuneros detractores del “pensamiento Gonzalo” a manos de Sendero, las comunidades se organizaron para enfrentar a los miembros del PCP SL.
La justicia de los comuneros sin un frente de batalla
La primera rebelión multicomunal contra el PCP SL se dió en esta comunidad quechua, ubicada en las alturas de la provincia de Huanta. Los partes policiales dan cuenta del ajusticiamiento de cinco miembros del PCP SL en Uchuraccay hacia el 22 de enero de 1983.
Esta reacción contra el terrorismo recibió la venia del presidente Belahunde, quien en un gesto de reconocimiento, envió un helicóptero con provisiones y efectivos de la división policial especializada ‘Los Sinchis’. Según la CVR, el mensaje que dejaron a los campesinos fue claro: continuar con ese tipo de respuestas, matando a todo extraño que llegara a la comunidad a pie.
Foto: Colección Yuyanapaq
Licencias de un Estado ausente: Los hechos del 26 de enero de 1983
Esta licencia para matar otorgada por el Estado, sumada al miedo por las represalias de los senderistas, se tradujo en una actitud paranoica contra cualquier forastero que se acercase a la comunidad. Lo que se conocía entonces sobre el PCP SL y sobre lo que estaba ocurriendo en el campo ayacuchano era muy poco. Así fue como el grupo de ocho periodistas de medios limeños y ayacuchanos decidieron viajar hasta el lugar de los hechos.
A pesar de haber sido advertidos sobre la violencia que se vivía en el lugar, los periodistas no podrían haber imaginado que jamás saldrían con vida de Uchuraccay. Como se recoge en el mencionado informe, aquella tarde, los gritos de alarma - “los terroristas están viniendo”- que anunciaron la llegada de los hombres de prensa, marcaron su destino fatal.
Los periodistas intentaron explicar que no eran terroristas pero el diálogo fue imposible. Las investigaciones realizadas señalan que Silvio Chávez Soto, secretario de la comunidad, ordenó matar a los extraños, convencido de haber capturado a terroristas. La matanza fue cruel y no duró más que treinta minutos. Esa misma noche ejecutaron al guía Juan Argumedo.
Durante los meses siguientes, Uchuraccay continuó siendo escenario de violencia, muerte y desolación: ciento treinta y cinco comuneros fueron asesinados como consecuencia de los ataques del PCP-SL, la represión de las fuerzas contrasubversivas y de las rondas campesinas. A mediados de 1984, Uchuraccay dejó de existir debido a que las familias sobrevivientes huyeron. Recién en octubre de 1993, algunas familias se aventuraron a retornar.
Dos investigaciones y una comisión: Fuente ovejuna fue…
El asesinato de los periodistas generó dos investigaciones, según las cuales, habrían participado en la matanza unas cuarenta personas, entre varones y mujeres, jóvenes y adultos, muchos de ellos bajo la presión de las autoridades.
La primera estuvo a cargo de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay nombrada por el presidente Fernando Belaunde Terry el 2 de febrero de 1983 y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, la cual presentó su informe un mes después, señalando como responsables a los campesinos de Uchuraccay.
La segunda investigación fue realizada por el Poder Judicial, mediante un proceso penal sumamente confuso y dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987, sentenciando por homicidio a los campesinos Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma Quispe y Mariano Ccasani Gonzáles, y ordenando la captura de otros catorce campesinos de Uchuraccay.
La muerte de los ciento treinta y cinco uchuraccaínos, así como la desaparición de la comunidad por largos años, nunca alcanzaron notoriedad pública, quedando en la memoria privada de los familiares y comuneros hasta el 1 de junio de 2002, día en que la población entregó a los representantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación la «Lista de uchuraccaínos asesinados» elaborada en dos asambleas comunales.
Hay quienes se refieren a este caso como “el eterno duelo del periodismo”; por mi parte, me inclino por la apreciación que el periodista Gustavo Gorriti hizo sobre el tema en una entrevista para Caretas – “En esencia lo que sobrevive es el inmenso sacrificio de un grupo de periodistas por obtener la noticia”. (
Notas relacionadas:
Historias de Periodistas y de Periódicos- Los otros personajes de la tragedia de Uchuraccay
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