Un nuevo escándalo estalló en el Poder Judicial por la extraña desaparición de certificados de depósitos judiciales, pagaderos al portador -casi como dinero en efectivo-, por la suma de S/.51’787,544, de la Corte Superior de Lima, cuyo presidente, el magistrado aprista César Vega Vega, ha sido incluido en la investigación del caso, abierta el 16 de diciembre por la Junta de Fiscales Superiores, y ha asumido una actitud al menos extraña ante el grave suceso.
Según la documentación del caso, presentada ante la Fiscalía de la Nación el último 3 de diciembre por la ex jefa de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación de la Corte Superior de Lima, Mirtha Ramos, Vega Vega tuvo conocimiento de la desaparición sistemática de certificados desde mayo pasado, pero no hizo nada para recuperarlos y en lugar de ordenar una investigación profunda protegió a la administradora distrital de la Corte, Carola Cáceres, y al funcionario Carlos Alberto Díaz, encargados del resguardo de los certificados y presuntos responsables de la desaparición de los valiosos documentos.
Los referidos certificados de depósitos judiciales eran la única constancia de la existencia de depósitos realizados en el Banco de la Nación como fianzas por personas enjuiciadas durante los últimos diez años. Una vez terminados los procesos, los certificados podían ser cobrados por un trabajador judicial autorizado y luego el dinero en efectivo debía ser depositado en la cuenta de ingresos propios de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, la Corte ha dejado de percibir ese dinero y no podrá recuperarlo porque los certificados, que funcionan como bonos por cobrar, desaparecieron de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación.
El caso comenzó en el año 2005, cuando la Oficina General de Inspectoría encontró oculto en los ductos de ventilación de la Corte Superior de Lima un paquete con más de 40 mil certificados de depósitos judiciales endosados y listos para ser cobrados. La Inspectoría emite entonces el informe Nº 0011-2005-02-0279, que recomienda a la administradora distrital de la Corte, Carola Cáceres, inventariar los certificados existentes.
Recién el año 2008 Cáceres responde a Inspectoría con el oficio Nº 064-2008-CASJL/PJ y manifiesta que ya realizó el ordenamiento y verificación de los certificados por monedas. Cuando Mirtha Ramos asume la jefatura de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación de la Corte, el 13 de enero de 2009, encuentra un “Acta de Verificación” de los certificados de depósitos judiciales firmada por su antecesora Sandra Juárez y dos analistas de la gerencia general del Poder Judicial. El acta da cuenta que al 12 de junio de 2008 existían 48 mil 427 certificados de depósitos judiciales que sumaban S/. 52’396,544 por cobrar. Entonces la oficina de Recaudaciones comienza la tarea de inventariar los certificados para endosarlos, cobrarlos e ingresar el dinero en las arcas de la Corte. Sin embargo, cuando en mayo de este año Mirtha Ramos y su equipo terminan de inventariar los certificados, encuentran que las letras por más de 52 millones de soles ya no existían y que sólo había documentos por S/. 611,234 por cobrar.¿Quién se llevó los certificados faltantes por S/. 51’787,544 endosados y listos para ser cobrados? (fuente: LA PRIMERA)
Según la documentación del caso, presentada ante la Fiscalía de la Nación el último 3 de diciembre por la ex jefa de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación de la Corte Superior de Lima, Mirtha Ramos, Vega Vega tuvo conocimiento de la desaparición sistemática de certificados desde mayo pasado, pero no hizo nada para recuperarlos y en lugar de ordenar una investigación profunda protegió a la administradora distrital de la Corte, Carola Cáceres, y al funcionario Carlos Alberto Díaz, encargados del resguardo de los certificados y presuntos responsables de la desaparición de los valiosos documentos.
Los referidos certificados de depósitos judiciales eran la única constancia de la existencia de depósitos realizados en el Banco de la Nación como fianzas por personas enjuiciadas durante los últimos diez años. Una vez terminados los procesos, los certificados podían ser cobrados por un trabajador judicial autorizado y luego el dinero en efectivo debía ser depositado en la cuenta de ingresos propios de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, la Corte ha dejado de percibir ese dinero y no podrá recuperarlo porque los certificados, que funcionan como bonos por cobrar, desaparecieron de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación.
El caso comenzó en el año 2005, cuando la Oficina General de Inspectoría encontró oculto en los ductos de ventilación de la Corte Superior de Lima un paquete con más de 40 mil certificados de depósitos judiciales endosados y listos para ser cobrados. La Inspectoría emite entonces el informe Nº 0011-2005-02-0279, que recomienda a la administradora distrital de la Corte, Carola Cáceres, inventariar los certificados existentes.
Recién el año 2008 Cáceres responde a Inspectoría con el oficio Nº 064-2008-CASJL/PJ y manifiesta que ya realizó el ordenamiento y verificación de los certificados por monedas. Cuando Mirtha Ramos asume la jefatura de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación de la Corte, el 13 de enero de 2009, encuentra un “Acta de Verificación” de los certificados de depósitos judiciales firmada por su antecesora Sandra Juárez y dos analistas de la gerencia general del Poder Judicial. El acta da cuenta que al 12 de junio de 2008 existían 48 mil 427 certificados de depósitos judiciales que sumaban S/. 52’396,544 por cobrar. Entonces la oficina de Recaudaciones comienza la tarea de inventariar los certificados para endosarlos, cobrarlos e ingresar el dinero en las arcas de la Corte. Sin embargo, cuando en mayo de este año Mirtha Ramos y su equipo terminan de inventariar los certificados, encuentran que las letras por más de 52 millones de soles ya no existían y que sólo había documentos por S/. 611,234 por cobrar.¿Quién se llevó los certificados faltantes por S/. 51’787,544 endosados y listos para ser cobrados? (fuente: LA PRIMERA)
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JAIME ESPEJO ARCE