La verdadera historia de la compra de chalecos inservibles del VRAE

En los últimos años la muerte de 80 valerosos militares y policías a manos del autodenominado ‘Ejército Militarizado del Partido Comunista del Perú’, liderado por Víctor Quispe Palomino, (a) ‘camarada José’, han puesto en tela de juicio la estrategia que ejecuta el Comando Especial de las Fuerzas Armadas en el Valle de los Ríos Apurímac – Ene (VRAE). Según fuentes de inteligencia, su verdadero talón de Aquiles es el deterioro de su capacidad militar y logística, gracias a la adquisición de armamentos obsoletos y bajo extraños procedimientos, como los ya célebres ‘chalecos mortales’ adquiridos durante el gobierno aprista. Uno de los principales responsables sería el excomandante general del Ejército, general de división Otto Guibovich Arteaga.

La Unidad de Investigación de diario16 obtuvo el acuerdo y el contrato entre el Ejército Peruano (EP) y la empresa estadounidense Point Blank Solutions Inc., para la ‘fabricación de productos de protección antibalas’. Dos documentos que demuestran suspicaces arreglos y acomodos para la adquisición de un millar de chalecos antibalas modelos IIIA y IV destinados a los comandos desplegados en las denominadas ‘zonas liberadas’ del VRAE. Y no los chalecos para uso civil que finalmente se compraron.

Uno de los principales motivos para dicha adquisición era el alto número de bajas en acción que sufrían los miembros del Ejército a manos de los francotiradores senderistas. Los desprotegidos militares tenían que enfrentar el poder de fuego de los fusiles Kalashnikov y Galil calibre 7,62 mm y las minas antipersonales que los subversivos colocaban en la agreste selva, asesinando a los comandos del EP a vista de sus propios compañeros.

LA COMPRA DE LOS CHALECOS

El 30 de abril del 2010, el excomandante general de la región militar del VRAE, el general de división, Benigno Cabrera Pino, solicitó con carácter de urgente la adquisición y asignación de cinco mil chalecos antibalas a través del fax Nº 088/RM VRAE/DELOG. Con total celeridad el excomandante general del EP general de división Otto Guibovich Arteaga ordenó la compra de chalecos capaces de resistir el impacto de proyectiles 7,62 mm y las esquirlas y metralla de las minas antipersonales, pero lo que la empresa norteamericana vendió al EP fue gato por liebre.

El 23 de julio del 2010, por medio de la Resolución Nº 495-2010-SC-CGE firmada por Guibovich, se autoriza la firma de un extraño convenio, que en su artículo único señala: “Autorizar al general de Brigada, Richard Pitot Guzmán, Comandante General de la 18 División Blindada firme un convenio de contraprestación de servicios para la fabricación de productos balística entre el Ejército del Perú y la empresa Point Blank USA”. Lo sospechoso es que esta resolución se rubrica sin contar con los sellos y opiniones técnicas que regularmente emiten el Servicio de Material de Guerra, Servicio de Intendencia y de la Dirección de Inteligencia del EP para toda adquisición de pertrecho militar.

Increíblemente, el 19 de agosto de ese año, sin el pronunciamiento de las dependencias responsables se firma el acuerdo entre el EP y Point Blank Solutions Inc para la mencionada adquisición y en la cláusula segunda aparece la cereza de la torta. Ahí se indica textualmente: “El EP se compromete a adquirir seis juegos completos y ensamblados de chalecos antibalas. El primer millar de chalecos se producirán y enviarán con el pago inicial del 50 por ciento, el saldo restante se cancelará con la conformidad del EP”. A través de esta cláusula el EP infringió la Ley de Contrataciones del Estado, que permite solo el pago de un 30 por ciento para compras en el extranjero y cartas fianzas equivalente al 10 por ciento de la compra. Nada de esto se cumplió.

Lo más irregular del acuerdo se encuentra en la cláusula décimo primera, donde el Ejército Peruano y la empresa Point Blank Solutions Inc señalan: “La ley aplicable al presente contrato será la Ley del Estado de Nueva York, así como las disposiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y el Perú”. Es decir, cualquier controversia sobre la adquisición de los chalecos, tendríamos que ir a los tribunales gringos, renunciando a cualquier reclamo en nuestro país. Un escándalo total. El mismo día que se firma el acuerdo, el Ejército Peruano y la empresa norteamericana suscriben el contrato Nº 322 denominado “Derivado del Acuerdo entre el EP y Point Blank Solutions Inc en virtud de los servicios relacionados a la fabricación de productos de protección antibalas”. Pero esta vez se exige el pago del 100 por ciento de los mil chalecos antibalas antes de ser embarcados al puerto del Callao. Nuevamente el Estado salía perdiendo.

CELERIDAD PARA LA COMPRA

Todo parece indicar que el excomandante general del Ejército, general de división, Otto Guibovich Arteaga, tenía un interés mayor por suscripción de este contrato. Una semana antes, por medio del oficio Nº 981DIPLAN/ SD PPTO/19.00 solicita una ampliación presupuestal de un millón 145 mil 916 nuevos soles con la finalidad de que el Centro de Entrenamiento Técnico Productivo (CETPRO) de la 18ª Brigada Blindada confeccione mil chalecos antibalas para el personal combatiente del VRAE. Lo interesante del documento es que se indica claramente la necesidad de adquirir chalecos nivel IIA, III y IV y habla que nuestro Ejército está en condiciones de confeccionarlos requiriendo diversos insumos. Algo que dista mucho de la realidad, pues nuestras fuentes nos aseguraron que el CETPRO solo tiene la capacidad de confeccionar camisas y pantalones y no chalecos antibalas bajo los requerimientos de calidad ISO 9001. Mucho menos los chalecos para el VRAE.

Según el contrato, si el Ejército tras la prueba de los primeros mil chalecos antibalas adquiría un monto mayor a los 6 mil chalecos la empresa norteamericana estaba obligada a brindarle servicios de consultoría consistente en el ensamblaje de los chalecos antibalas en esas instalaciones del CETPRO, así como asistir a la implementación de una planta de fabricación. Mientras tanto, los combatientes en el VRAE podían seguir siendo asesinados por los narcoterroristas.

Lo increíble es que el Ejército compró los mil chalecos de uso civil IIIA con la finalidad de convertirlos posteriormente en chalecos tipo IV. Precisamente, los otros 5 mil chalecos se iban a confeccionar en el CETPRO, pero todo quedó trunco por la falta de presupuesto del Comando Conjunto de las FFAA. Hoy, a pedido del ministro de Defensa, Luis Otárola, los chalecos han sido retirados de combate, al no poder mitigar un impacto de bala de las huestes narcoterroristas. Durante más de un año nuestros militares fueron verdaderas carnes de cañón. Hoy se investiga la muerte de varios soldados y oficiales por la falta de protección de estos chalecos.