Indignación y pedidos de investigación causó ayer el hecho que mil chalecos antibalas cuyo blindaje no servía para soportar las balas de fusil de los narcoterroristas y que compró el gobierno de Alan García en agosto del año pasado, habían sido repartidos a los comandos del Ejército para combatir a los narcoterroristas en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae)
El congresista de Gana Perú Rogelio Canches adelantó que solicitará a la Comisión de Defensa delCongreso citar al exministro de Defensa Rafael Rey para que explique la adquisición de mil chalecos antibalas inservibles durante su gestión.
Un oficio dirigido por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al comandante general del Ejército, general Víctor Ripalda, y revelado por la revista “Caretas”, reveló que el régimen aprista adquirió chalecos antibalas que carecen de placas especiales de acero, necesarias para mitigar el impacto de balas calibre 7.62 m.m, utilizadas por los fusiles de los narcoterroristas en el Vrae. Es decir que estas pueden atravesarlos y matar al soldado o Policía que los use.
“Rey debe venir a explicar por qué compraron esos chalecos en malas condiciones, por qué se hicieron compras por comprar, las que ahora no sirven a las Fuerzas Armadas”, sostuvo Canches.
Lo hizo tras anunciar la creación de un subgrupo de trabajo en la Comisión de Defensa que investigará el caso.
GRUPO DE TRABAJO
El grupo lo preside la congresista Fujimorista Luz Salgado y lo integran Heriberto Benítez, de Solidaridad Nacional; César Yrupailla, de Gana Perú; Modesto Julca de Alianza Parlamentaria, y Federico Pariona, del Fujimorismo.
Canches consideró que el exministro aprista deberá comparecer en LA PRIMERA semana de mayo, cuando el subgrupo tendrá su primera reunión.
“Creo que los congresistas de todas las bancadas estamos de acuerdo en la investigación por la compra de los chalecos y el responsable de eso sería el ministro Rafael Rey”, agregó.
Para el congresista Mauricio Mulder deben ser investigados los ministros de Defensa del gobierno aprista por la compra de 6,000 chalecos a la empresa estadounidense Point Blank Solutions INC, realizada en agosto de 2010, cuando el ministro era Rey. Mil de estos chalecos fueron enviados al Vrae para la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso.
Señaló que tiene que precisarse en qué parte del proceso se presentó la presunta irregularidad. “Si tiene que ver con el gobierno anterior se hará la investigación más prolija. Las personas que pudieron cometer irregularidades debe ser sancionadas”, indicó.
Por su parte, el titular de la Comisión de Defensa, Tomás Zamudio consideró innecesario citar a los ministros Luis Otárola de Defensa y Daniel Lozada del Interior, para que brinden una explicación por la repartición de estos chalecos en el Vrae.
En este sentido, destacó que el Congreso y el Ministerio de Defensa hayan ordenado una exhaustiva investigación. Resaltó también que el Ministerio de Defensa haya dispuesto el retiro de los chalecos inservibles.
La dirección de informaciones del Ejército afirmó que mil chalecos fueron descartados y se está investigando el caso. “Se ha cumplido la orden ministro. Los chalecos han sido replegados”, dijo el director de informaciones del Ejército, general EP Luis Caballero.
El jefe de la Oficina de Comunicaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, coronel Alejandro Luján, confirmó el retiro de los chalecos y el inicio de las investigaciones.
El retiro había sido dispuesto en el oficio del ministro Otárola dirigido el 14 de marzo último al jefe del Ejército, general EP Víctor Ripalda Ganoza, debido a que se estaría poniendo en riesgo la vida de las tropas. El texto demanda además información minuciosa sobre la turbia aquisición.
Canches saludó que el ministro Otárola haya solicitado a la Oficina de Control Interno de su despacho y a la Contraloría General de la República investigar este caso.
LOS GENERALES
El expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Montoya, y el ex comandante general del Ejército, José Antonio Graham, coincidieron en remarcar que el caso de los chalecos antibalas comprados por el gobierno anterior amerita una exhaustiva investigación.
Graham refirió que toda denuncia amerita una investigación. “No sé por qué motivo se habrán comprado los chalecos para balas de 9 milímetros, cuando en el Vrae se requieren de chalecos especiales para balas de fusiles con mayor calibre. Debería investigarse”, reiteró.
Montoya subrayó que no pueden llegarse a conclusiones antes de la culminación de las investigaciones.
“Si a los chalecos comprados se les recubría con un material de acero iban a convertirse en un peso inadecuado para los combatientes en el Vrae, esa decisión es operativa. Por ese motivo, hay que investigar bien antes de buscar responsabilidades de antemano”, manifestó.
El congresista y exministro aprista Octavio Salazar dijo que los chalecos retirados solo servían para proteger de balas de pistola calibre 9 milímetros, pero no para soportar balas de 7.62 milímetros de fusiles FAL y AKM. Y alegó, tratando de minimizar su envío al Vrae, que si se blindaba con placas de acero a esos chalecos implicaba aumentarles 12 kilos de peso, lo cual “pesa una barbaridad” e iban a ser inadecuados para el combate.
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JAIME ESPEJO ARCE