VRAEM, civiles y militares

Escribe: Juan de la Puente 

Por lo que empiezan a reconocer varios funcionarios del gobierno, el principal problema en el Vraem es la excesiva autonomía de los mandos operativos allí localizados y la falta de supervisión de sus actividades por sus superiores.  En los años ochenta, esta vía libre estuvo en la base de la violación de los DDHH, encubierta luego por las autoridades políticas. No parece ser el único problema; los especialistas anotan dos muy importantes: la ausencia de un verdadero comando unificado de las fuerzas desplegadas en la zona y la falta de preparación del personal allí destacado.

Tomando el rábano por las hojas, algunos sectores se fijan solo en el papel de los ministros y colocan como elementos centrales del reciente Operativo Mantaro sus consecuencias. Algunas de estas opiniones traslucen el natural deseo de que el gobierno asuma su responsabilidad política. En otras se advierte una complicidad con errores y excesos que no deberían ser tolerados.

Disculpar a los militares/policías y cargar la tinta solo a los políticos encierra por lo menos tres mensajes: 1) En el Vrae las cosas se están haciendo bien y el problema son los políticos en el gobierno; 2) Siendo el Vrae un escenario de guerra lo que hagan los militares/policías debe ser juzgado desde las leyes de la guerra; y 3) Si existe algún error/exceso, se trata de un “daño colateral” o hecho fortuito que no incide en las acciones en el teatro de operaciones, que deben continuar como tales.

Debe celebrarse la decisión del gobierno de enfrentar a los grupos armados de senderistas/narcos que operan en esa zona. Sin embargo, no habría que perder de vista que quien combate es un poder democrático y que quienes operan en la zona actúan a nombre de él y no son otro poder, distinto y contrario. Por esa razón el principal desafío al que nos conduce el fracaso de la Operación Mantaro es la revisión de la estrategia del Estado en el Vraem sin separar a los políticos de los uniformados.

Esa revisión no puede eludir preguntas básicas como si está funcionando la estrategia aprobada para el Vraem en setiembre del año pasado; si se ha logrado constituir un mando conjunto eficaz en la zona; si se han resuelto los problemas de personal que la anterior Operación Libertad develaron; y si las FFAA y la PNP se han relacionado de modo cooperativo con las instituciones públicas: regiones, municipios, fiscalía, Defensoría y Poder Judicial.

No obstante, dos preguntas clave surgen de los últimos sucesos y deberían ser respondidas con claridad, sobre todo luego del desastroso comunicado triunfalista del Comando Conjunto de las FFAA: 1) ¿Quién manda en el Vraem?; 2) ¿Cuál es el papel de los ministros de Defensa e Interior en la estrategia? 2) ¿Qué papel juegan los ciudadanos, organizados o no, es decir, sus DDHH, su vida cotidiana y su derecho a participar como aliada y no adversaria del Estado en la lucha por la paz?