Human Rights Watch: Perú debe prevenir muertes ilícitas de manifestantes

Según mencionan, investigaron muertes en Celendín, y éstas se habrían ocasionado por el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad.

La importante ONG internacional Human Rights Watch envió una carta al presidente Ollanta Humala en donde lo exhorta a prevenir más muertes ilícitas de compatriotas durante los conflictos sociales.

“Cuando se producen hechos de violencia durante manifestaciones públicas, las autoridades tienen la obligación de restablecer el orden, pero deben además respetar plenamente los derechos de los manifestantes y transeúntes por igual”, indicó José Miguel Vivanco,Director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien su trabajo puede ser realmente difícil, esto no justifica que actúen de manera irregular. La Policía debería recibir las herramientas y el entrenamiento que necesita para proteger a sus miembros y a terceros de actos de violencia, y debería rendir cuentas por su actuación cuando sean sus propios agentes quienes apliquen la violencia de manera ilícita”.

Así lo indica el director de la ONG, José Miguel Vivanco.

Según HRW, en el gobeirno de Ollanta Humala ya han muerto quince personas "aparentemente" por disparos de la policía.

MEDIDAS

Dentro de las medidas que el gobierno debería efectuar, según Vivanco, se presentan algunas como éstas:

"Además de proveer equipos adecuados, el gobierno debería asegurar que sus fuerzas armadas conozcan debidamente las normas vigentes sobre uso legítimo de la fuerza, y dejar bien en claro que cualquier persona que transgreda esas normas deberá rendir cuentas por su actuación", refiere.

Finalmente, en la web de la ONG se mencionan una serie de medidas que podrían ser tomadas para evitar más muertes así:

-    Investigar exhaustivamente todas las muertes de manifestantes y transeúntes, y aplicar las sanciones correspondientes si se determina que miembros de las fuerzas de seguridad han empleado la fuerza de manera ilegítima.

-Asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad que participen en operativos de control de manifestaciones públicas reciban entrenamiento y equipos adecuados, y conozcan las normas sobre el uso legítimo de la fuerza.  

-    Modificar el proyecto legislativo que autorizaría el uso de la fuerza en contravención a lo dispuesto por las normas internacionales y garantizaría la inmunidad de policías responsables por muertes ilegítimas.

-   Reformar el Decreto 1095 para asegurar que el personal militar acusado de violaciones de derechos humanos contra civiles sea investigado y procesado por autoridades de la justicia penal ordinaria.