Cuánto vale la PUCP para la Iglesia

Escribe: Luis Eduardo Bacigalupo

En relación con la crisis de la Iglesia, sigo a la espera de desenlaces que no llegan. No es que me impaciente, sé que los acontecimientos en Roma se despliegan a velocidad de caracol y asumo que habrá novedades relevantes recién en octubre. Pero hoy no puedo prolongar mi auto-impuesta cura de silencio. En el episodio limeño de esta crisis, que es la lucha por la PUCP, han ocurrido cosas que merecen al menos un breve comentario, aunque sea indirecto.

Empiezo por subrayar que la lucha por la propiedad de los bienes de la PUCP es el episodio local de una estrategia financiera que un sector de la Iglesia pretende implementar en todo el mundo católico. Si uno ha leído el famoso libro del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, Sua Santità –el que dio lugar al escándalo de los Vatileaks–, se habrá topado con el capítulo en el que se revela esta estrategia, titulado Sacco a Benedetto XVI. Ahí se lee que el banquero vinculado al Opus Dei, Ettore Gotti Tedeschi, cuando todavía era presidente del IOR les planteó al Papa y a Bertone la necesidad de contar con una estrategia financiera de largo plazo que permitiera a la Iglesia superar la crisis económica de los países occidentales. Esa crisis repercutía gravemente en los balances de la Iglesia y si no se tomaban medidas inmediatas, advertía Gotti, el porvenir solo podía traer su empobrecimiento.

Gotti destacó además el progreso de los países orientales en los mercados financieros, sobre todo el crecimiento de China, y la preocupación que eso le generaba, porque si esos países llegaran a ser hegemónicos, impondrían a su paso el nihilismo y el ateísmo. El mundo que debe ser evangelizado se está haciendo rico, mientras que el mundo evangelizador empobrece. Con esos argumentos, Gotti pidió que la Iglesia se declarase en emergencia. ¿Qué salida veía él a la situación que él mismo pintó con tan vivos colores? Debía crearse una “unidad de crisis”, le dice a Bertone, que pueda refundar la organización de la Iglesia. La nueva estructura debía partir de una administración centralizada de los bienes católicos en todo el mundo, de modo que se pudiesen valorizar adecuadamente y sobre esa base debía procederse a mejorar la recaudación, reducir los costos y minimizar los riesgos.

Bertone recibió bien las sugerencias de Gotti. Él también creía que había que asegurar las cuentas, los bienes y racionalizar las finanzas de la Iglesia en todo el mundo. Pidió consejo a su entorno y surgió la preocupación acerca del método a seguir. No le resultaba claro al Secretario de Estado qué criterios y estándares comunes debían aplicarse para evitar una no deseada invasión de campo que lesionase la autonomía de las instituciones católicas.

El resto del capítulo es interesante, pero no voy a reseñarlo. Me basta lo destacado hasta aquí para hacer algunas suposiciones razonables. A Cipriani y a Gotti los une una visión del problema que presumiblemente es la del Opus Dei. Aprovechando ese enfoque de emergencia, Cipriani ha logrado que Bertone decrete que la PUCP es una institución de derecho canónico público, porque esa es la única manera que tiene de apoderarse de sus bienes. Se ve, pues, que hace esto no tanto por capricho, como puede parecer por su peculiar personalidad, sino porque desde hace más de una década ha sido alertado por economistas como Gotti del proceso de empobrecimiento de la Iglesia y sabe que urge adoptar medidas de acopio de recursos. El problema es que, a diferencia de Bertone, quien al parecer mostró algún nivel de escrúpulos cuando conversó con Gotti, Cipriani carece por completo de ellos.

Los jesuitas y Bamabrén no podían callar sin ofender sus conciencias. Todos los peruanos sabemos que ese diagnóstico mundial se agrava en el Perú, pero afortunadamente no todos estamos dispuestos a mentir o a callar para ponernos a salvo de los problemas que se avecinan.

Y la crisis que viene en nuestro país amenaza con ser peor que la que ya vive el clero católico en tantas partes del mundo. En los últimos treinta años los evangélicos crecieron en más de 10 puntos porcentuales, mientras que los católicos cayeron en 30. Si eso refleja una tendencia sostenida, no pasará mucho tiempo antes de que se vuelva a solicitar la justa revisión del acuerdo entre el Perú y la Santa Sede, que le asigna a la Iglesia católica una “colaboración conveniente” que sale de los bolsillos de todos los peruanos y no solo de los católicos. Es cuestión de tiempo, tarde o temprano las confesiones evangélicas mayoritarias reclamarán también un sistema de subvenciones para las personas, obras y servicios de sus iglesias, asignaciones personales que no estén sujetas a tributación, y exoneraciones y beneficios tributarios para sus fundaciones. Los resultados de ese debate político son impredecibles.

Imaginemos, por último, que las denuncias de abuso sexual se destapasen en el Perú. Si el poder judicial ordenara indemnizaciones como en otros países, la Iglesia peruana colapsaría al día siguiente.

Puedo suponer que éste sea el nivel de alarma que cunde en el episcopado peruano; pero me resisto a creer que todos los obispos avalen la expoliación como método para hacerse de recursos financieros. No me extraña que tomen partido por el cardenal cuando pende sobre ellos el imperativo de mostrar siempre una unidad corporativa absoluta; pero sí me apenaría mucho que para justificarse pretendiesen que es lícita la apropiación por decreto de la propiedad ajena; o que, peor aún, denostasen en los mismos términos injustos que utiliza la prensa amarilla a una institución educativa ejemplar como la PUCP.

Mientras tanto, solo la rebeldía frente a la prepotencia del cardenal puede defender nuestro carácter de institución educativa católica de derecho canónico privado, es decir, una universidad que sí es de la Iglesia, pero que es dueña absoluta de sus bienes.