La sala manifestó en la sentencia que, en el caso de la compra del Cable Canal de Noticias por dos millones de dólares y de la línea editorial del diario Expreso, "el acusado -haciendo mal uso de la más alta jerarquía- realizó acciones ilícitas encaminadas a conseguir su reelección" en 2000.
El dinero en cuestión provenía del presupuesto de las fuerzas armadas y se utilizó con pleno conocimiento del acusado, agregó la resolución.
Sobre el caso de la interceptación telefónica, la sala afirmó que Fujimori buscaba "tener control de la actividad política en el país", creando centros de escucha para espiar las comunicaciones de diversos periodistas y políticos opositores.
En el mismo Palacio de Gobierno, se instaló un centro de escucha llamado "Casa Blanca", que era operado por personal militar bajo las órdenes del ex asesor presidencial Montesinos, quien a su vez entregaba las transcripciones a Fujimori.
Sobre el caso del pago a 13 congresistas tránsfugas, la sala recordó que el plan de reclutamiento de parlamentarios opositores al régimen tenía el objetivo de "obtener una mayoría parlamentaria a cualquier costo" y "controlar las labores de fiscalización del Congreso".
Precisamente, la difusión del vídeo del millonario pago a uno de esos congresistas fue el que motivó la caída del Gobierno de Fujimori, en septiembre de 2000, al destaparse un escándalo de corrupción que dio pie a cientos de juicios por ese delito contra diversos personajes públicos.
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SE ESCAPA DE VEREDICTO PUBLICO: VIDEO
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JAIME ESPEJO ARCE