Los doce Apus de las comunidades indígenas de las regiones de Pasco, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios presentaron sus demandas resumidas en seis puntos, empezando por la anulación de los mencionados decretos legislativos.
Una hora después de la exposición de los Apus, el primer ministro Yehude Simon, quien se desplazó hasta esta localidad acompañado de los ministros de Ambiente, Antonio Brack; Salud, Óscar Ugarte; y de Agricultura, Carlos Leyton, solicitó un receso para analizar la solicitud de los indígenas.
Al volver a la reunión, Simon anunció que el pedido de derogatoria se oficializaría hoy martes en la Presidencia del Consejo de Ministros, cuando se eleve la solicitud al Congreso de la República.
Acta de compromiso
“Este es un acuerdo por la paz y por la vida”, dijo Yehude Simon: “Entiendo que los congresistas pueden estar mortificados, pero entiendo que ellos quieren lo mismo que nosotros. Les pido a los señores congresistas que nos entiendan, que nos apoyen, no a nosotros como personas, sino al Perú”.
Aparte de la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090, antes del jueves 18 de junio, el resto del paquete de leyes rechazado por la población nativa se discutirá en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se instalará, por iniciativa del Ejecutivo, hoy martes a las seis de la tarde.
El grupo estará integrado por los representantes de las comunidades indígenas, del Ejecutivo, de los gobiernos regionales amazónicos y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que en un principio no estuvo considerada.
El Ejecutivo afirma, igualmente, que el gobierno está dispuesto a levantar el estado de emergencia en Bagua apenas se deroguen los decretos legislativos cuestionados, y los pueblos indígenas levanten la toma de carreteras.
Otros puntos del Acta de Entendimiento entre los Pueblos Indígenas de la Selva Central y el gobierno se refieren al estudio de los mecanismos de consulta establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este mismo grupo de trabajo se encargará de observar la conveniencia o no de llevar adelante el proyecto Paquizapango, en la Selva Central.
En cuanto a los trabajos que desarrolla Foncodes en las comunidades indígenas, el Ejecutivo se compromete a garantizar que éstos se ejecuten con la participación de las etnias locales.
El grupo de trabajo, asimismo, elaborará una agenda conjunta con los pueblos indígenas para impedir la depredación de la Amazonía.
Lo que pide el ejecutivo
Además, se acordó asumir la atención de los heridos durante los actos de violencia ocurridos en Bagua. Ante la aprobación por el Ejecutivo de todas las demandas presentadas por los Apus de las comunidades indígenas de la Selva Central, Yehude Simon les solicitó que dejen sin efecto la toma de la carretera La Merced-Pedregal, en el puente Bucará, Chanchamayo.
En ese momento se produjo una suerte de negociación, de tira y afloja. Uno de los dirigentes indígenas, Lidia Rengifo, dijo que no podían levantar la medida mientras el Acta de Entendimiento no estuviera encaminada. En tanto, podrían abrir la vía bloqueada durante dos horas al día. El primer ministro propuso seis horas. Rengifo ofertó tres. Finalmente se acordó la apertura de esta importante vía por el lapso de cuatro horas. Dos en la mañana y dos en la tarde.
Rengifo también demandó que en el grupo de trabajo de hoy estén presentes sus dirigentes nacionales de Aidesep. Con este acto, el gobierno retrocedió y se restableció el diálogo.
Claves
Mazamari.
En esta localidad de Satipo, el primer ministro Yehude Simon sostuvo otra reunión con los Apus de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). Los dirigentes también exigieron la derogatoria de las “leyes de la selva”.
Reclamos.
La Conapa reclamó que el Estado asuma el pago a los profesores bilingües, que es costeado por las propias comunidades indígenas.
UN y AF acusan al gobierno de haber sido débil
Las bancadas de Unidad Nacional y Alianza Fujimorista, que secundaron al Apra en su decisión de suspender indefinidamente y no derogar los DL 1090 y 1064, arremetieron contra el gobierno ante el anuncio del premier Yehude Simon de enviar un proyecto para la anulación de las referidas normas.
“Debilidad, falta de pantalones, seguirles el juego a sectores radicales, querer lavarse la cara”, fueron algunas interpretaciones que legisladores como Martín Pérez, Raúl Castro o Luis Galarreta (UN) dieron al proceder del premier. Los parlamentarios recordaron que Simon participó en la cita de la semana pasada en la casa de la lideresa de UN Lourdes Flores, en la cual se acordó la suspensión de los DL 1090 y 1064. Aunque indicaron que todavía no habían tomado una decisión de bancada respecto a la propuesta del Ejecutivo, ellos dijeron que votarán en contra.
Los legisladores oficialistas se mostraron esquivos, pero César Zumaeta trató de justificar la marcha atrás del gobierno “porque esta decisión ayuda a la concordia nacional y a tener un diálogo sostenido con los verdaderos líderes indígenas”. ¿Esta medida no significa aceptar que el gobierno se equivocó? se le inquirió, y Zumaeta debió admitir que no podía responder esa pregunta.
Tras la sesión plenaria de ayer, la Célula Parlamentaria Aprista se reunió con el Jefe del Estado en Palacio de Gobierno para discutir el tema. (LA REPUBLICA)
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JAIME ESPEJO ARCE