El premier Javier Velásquez Quesquén justificó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que legisle en materia de normas procesales y penitenciarias de militares y policías procesados por casos de derechos humanos, pues dijo que permitirá que los actos de función sean llevados en la jurisdicción militar-policial y no en la justicia ordinaria.
El jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros manifestó que el cambio se hará mediante unas precisiones al Código de Justicia Militar-Policial.
“Eso se tiene que hacer. Cómo es posible que se procese a militares y policías por actos de su función, cuando eso debe ser visto en la jurisdicción militar-policial y no en la justicia ordinaria”, apuntó.
En consecuencia, según el premier, el gobierno apoya al ministro Rafael Rey, quien fue el que planteó la iniciativa de la delegación de facultades. “La posición del ministro Rey es respetable”, afirmó.
Descarta ley de amnistía
Asimismo, Velásquez negó categóricamente que la delegación de facultades al Ejecutivo deje abierta la posibilidad para que se dé una ley de amnistía a favor de los militares que conforman el ‘Grupo Colina’.
“No hay una posibilidad de esa naturaleza. Se ha hablado de amnistía y no se ha revisado bien que la amnistía es una prerrogativa del Congreso, no del Poder Ejecutivo”, declaró a una radioemisora local.
Por su parte, el ministro de Justicia Víctor García Toma señaló que su cartera está a la espera del proyecto del Ministerio de Defensa para conocer la propuesta técnica y analizarla.
García Toma no descartó que entre los beneficios penitenciarios que se propongan a favor de militares y policías también se considere la semilibertad y la libertad condicional. Sin embargo, evitó adelantar opinión sobre su posible aprobación.
Al igual que el premier, el titular de Justicia también descartó que con la delegación de facultades permita conceder alguna amnistía a militares sentenciados por violaciones de derechos humanos.
“No sería tan mal pensando. La intención es que todo preso, más allá del delito que haya cometido, tiene derecho a obtener un tipo de posibilidad de mejora en su conducta con estos estímulos”, dijo.
En referencia a los miembros del ‘Grupo Colina’, el ministro García Toma explicó que en la medida que el delito sea más execrable, la posibilidad de acceder a más beneficios decrece.
Claves
Delegación. La delegación de facultades al Ejecutivo por 60 días se aprobó el último jueves con 43 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.
Beneficios. Los militares y policías sentenciados también podrían acceder a los beneficios de incremento de comunicaciones escritas y orales, mayor acceso a visitas, permisos de salida en caso de la muerte de un familiar y la redención de la pena por trabajo o educación.
“La intención es acomodar leyes”
El ministro Rafael Rey aclaró que la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar sobre temas de la justicia militar-policial permitirá hacer precisiones y evitar que efectivos del orden sean acusados injustamente por acciones en el cumplimiento de su deber.
“La intención es acomodar las leyes a lo que ha determinado como constitucional el Tribunal Constitucional, y conseguir que las leyes, efectivamente, no puedan ser interpretadas de dos maneras y que la gente que está combatiendo para defendernos, por cumplir con su deber, resulte acusada injustamente”, señaló.
En tanto, el congresista Luis Gonzales Posada propuso que el gobierno abra un proceso de diálogo con las ONG de DDHH sobre el tema de los juicios a militares y policías.
El jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros manifestó que el cambio se hará mediante unas precisiones al Código de Justicia Militar-Policial.
“Eso se tiene que hacer. Cómo es posible que se procese a militares y policías por actos de su función, cuando eso debe ser visto en la jurisdicción militar-policial y no en la justicia ordinaria”, apuntó.
En consecuencia, según el premier, el gobierno apoya al ministro Rafael Rey, quien fue el que planteó la iniciativa de la delegación de facultades. “La posición del ministro Rey es respetable”, afirmó.
Descarta ley de amnistía
Asimismo, Velásquez negó categóricamente que la delegación de facultades al Ejecutivo deje abierta la posibilidad para que se dé una ley de amnistía a favor de los militares que conforman el ‘Grupo Colina’.
“No hay una posibilidad de esa naturaleza. Se ha hablado de amnistía y no se ha revisado bien que la amnistía es una prerrogativa del Congreso, no del Poder Ejecutivo”, declaró a una radioemisora local.
Por su parte, el ministro de Justicia Víctor García Toma señaló que su cartera está a la espera del proyecto del Ministerio de Defensa para conocer la propuesta técnica y analizarla.
García Toma no descartó que entre los beneficios penitenciarios que se propongan a favor de militares y policías también se considere la semilibertad y la libertad condicional. Sin embargo, evitó adelantar opinión sobre su posible aprobación.
Al igual que el premier, el titular de Justicia también descartó que con la delegación de facultades permita conceder alguna amnistía a militares sentenciados por violaciones de derechos humanos.
“No sería tan mal pensando. La intención es que todo preso, más allá del delito que haya cometido, tiene derecho a obtener un tipo de posibilidad de mejora en su conducta con estos estímulos”, dijo.
En referencia a los miembros del ‘Grupo Colina’, el ministro García Toma explicó que en la medida que el delito sea más execrable, la posibilidad de acceder a más beneficios decrece.
Claves
Delegación. La delegación de facultades al Ejecutivo por 60 días se aprobó el último jueves con 43 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.
Beneficios. Los militares y policías sentenciados también podrían acceder a los beneficios de incremento de comunicaciones escritas y orales, mayor acceso a visitas, permisos de salida en caso de la muerte de un familiar y la redención de la pena por trabajo o educación.
“La intención es acomodar leyes”
El ministro Rafael Rey aclaró que la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar sobre temas de la justicia militar-policial permitirá hacer precisiones y evitar que efectivos del orden sean acusados injustamente por acciones en el cumplimiento de su deber.
“La intención es acomodar las leyes a lo que ha determinado como constitucional el Tribunal Constitucional, y conseguir que las leyes, efectivamente, no puedan ser interpretadas de dos maneras y que la gente que está combatiendo para defendernos, por cumplir con su deber, resulte acusada injustamente”, señaló.
En tanto, el congresista Luis Gonzales Posada propuso que el gobierno abra un proceso de diálogo con las ONG de DDHH sobre el tema de los juicios a militares y policías.
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JAIME ESPEJO ARCE