Alerta. Asegura abogada de Aprodeh, Gloria Cano, ante arremetida de Ministro de Defensa. Directivos del IDL y de la CNDDHH advierten sobre peligrosa delegación de facultades al Ejecutivo para ver casos de militares procesados.
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano afirmó que la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que legisle sobre normas procesales y penitenciarias de personal militar-policial condenado o procesado por violación a los derechos humanos busca generar un ambiente favorable para la excarcelación del Grupo Colina.
En ese sentido, coincidió con las declaraciones del fiscal supremo Avelino Guillén, quien denunció que existe una campaña de presión contra magistrados por parte del ministro de Defensa, Rafael Rey.
“Durante y después del juicio a Fujimori hemos visto cómo el grupo Colina manda mensajes a determinadas personas, ante sus abogados, diciendo qué pasa con los beneficios, si ya presentaron el proyecto de ley y cómo harían”, dijo.
La abogada advirtió que había un trato entre algunos miembros del destacamento Colina para no hablar ni decir la verdad de cómo fueron las matanzas, cómo era su organización y de dónde venían las órdenes, a cambio de un proyecto de ley en el que se les otorgue beneficios penitenciarios.
Por eso no es extraño –sostuvo– que tras dos intentos del congresista fujimorista Rolando Souza de presentar beneficios para acusados por delitos de lesa humanidad, ahora se le otorga facultades legislativas al Ejecutivo para que, en fruto de esa alianza aprofujimorista, se allane la posibilidad de dar libertad al grupo Colina.
Quieren la impunidad
Según Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la decisión del Congreso de otorgar facultades al Ejecutivo para legislar sobre materias referidas a delincuencia común, terrorismo y fuero militar-policial revela un afán de impunidad del gobierno.
Agregó que no le sorprendería que el presidente Alan García promulgue un decreto legislativo con el que pretenda archivar todos los procesos contra militares que violaron los derechos humanos.
El Congreso le otorgó al Ejecutivo tales facultades legislativas por 60 días.
Gamarra indicó además que la medida es “tan peligrosa” como las declaraciones del ministro Rafael Rey, quien dijo que hay una campaña contra los militares que enfrentan procesos por violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, el directivo de CNDDHH precisó que en el 85 % de los casos los militares enjuiciados son absueltos, y que quienes son condenados reciben penas leves en comparación con los delitos cometidos.
“Rey prepara indulto a Fujimori”
Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), aseguró por su lado que Rey miente, pues el Poder Judicial y el Ministerio Público enviaron numerosas comunicaciones solicitando información, que jamás fueron respondidas.
“Con toda esa presión política, el sector Defensa está preparando el terreno para también indultar a (Alberto) Fujimori. Es un resorte político a favor de la violación de derechos humanos”, señaló.
Solo 194 militares son procesados
En carta dirigida al ministro Rafael Rey, la adjunta para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, le aclara que su institución hace un seguimiento de 194 casos de violaciones ocurridas del año 80 al 2000. De igual forma reiteró su pedido para que el Ministerio de Defensa haga los esfuerzos posibles para brindar la información requerida por el Ministerio Público y el Poder Judicial en esas investigaciones.
“La Defensoría del Pueblo únicamente se refiere a los 194 casos y a la evolución y actualización de los procesos e investigaciones relacionadas con esos casos”, dice Vignolo.
Temprano, Rafael Rey sostuvo que son 755 los militares que han sido denunciados por supuestos delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo.
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano afirmó que la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que legisle sobre normas procesales y penitenciarias de personal militar-policial condenado o procesado por violación a los derechos humanos busca generar un ambiente favorable para la excarcelación del Grupo Colina.
En ese sentido, coincidió con las declaraciones del fiscal supremo Avelino Guillén, quien denunció que existe una campaña de presión contra magistrados por parte del ministro de Defensa, Rafael Rey.
“Durante y después del juicio a Fujimori hemos visto cómo el grupo Colina manda mensajes a determinadas personas, ante sus abogados, diciendo qué pasa con los beneficios, si ya presentaron el proyecto de ley y cómo harían”, dijo.
La abogada advirtió que había un trato entre algunos miembros del destacamento Colina para no hablar ni decir la verdad de cómo fueron las matanzas, cómo era su organización y de dónde venían las órdenes, a cambio de un proyecto de ley en el que se les otorgue beneficios penitenciarios.
Por eso no es extraño –sostuvo– que tras dos intentos del congresista fujimorista Rolando Souza de presentar beneficios para acusados por delitos de lesa humanidad, ahora se le otorga facultades legislativas al Ejecutivo para que, en fruto de esa alianza aprofujimorista, se allane la posibilidad de dar libertad al grupo Colina.
Quieren la impunidad
Según Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la decisión del Congreso de otorgar facultades al Ejecutivo para legislar sobre materias referidas a delincuencia común, terrorismo y fuero militar-policial revela un afán de impunidad del gobierno.
Agregó que no le sorprendería que el presidente Alan García promulgue un decreto legislativo con el que pretenda archivar todos los procesos contra militares que violaron los derechos humanos.
El Congreso le otorgó al Ejecutivo tales facultades legislativas por 60 días.
Gamarra indicó además que la medida es “tan peligrosa” como las declaraciones del ministro Rafael Rey, quien dijo que hay una campaña contra los militares que enfrentan procesos por violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, el directivo de CNDDHH precisó que en el 85 % de los casos los militares enjuiciados son absueltos, y que quienes son condenados reciben penas leves en comparación con los delitos cometidos.
“Rey prepara indulto a Fujimori”
Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), aseguró por su lado que Rey miente, pues el Poder Judicial y el Ministerio Público enviaron numerosas comunicaciones solicitando información, que jamás fueron respondidas.
“Con toda esa presión política, el sector Defensa está preparando el terreno para también indultar a (Alberto) Fujimori. Es un resorte político a favor de la violación de derechos humanos”, señaló.
Solo 194 militares son procesados
En carta dirigida al ministro Rafael Rey, la adjunta para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, le aclara que su institución hace un seguimiento de 194 casos de violaciones ocurridas del año 80 al 2000. De igual forma reiteró su pedido para que el Ministerio de Defensa haga los esfuerzos posibles para brindar la información requerida por el Ministerio Público y el Poder Judicial en esas investigaciones.
“La Defensoría del Pueblo únicamente se refiere a los 194 casos y a la evolución y actualización de los procesos e investigaciones relacionadas con esos casos”, dice Vignolo.
Temprano, Rafael Rey sostuvo que son 755 los militares que han sido denunciados por supuestos delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo.
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JAIME ESPEJO ARCE