El último martes 13 de octubre, a las 7 de la noche, se realizó en Palacio de Gobierno una cumbre de las principales autoridades políticas y jurisdiccionales del país, con agenda reservada.
La reunión fue convocada por el presidente Alan García Pérez. Su secretaria llamó, casi a las 5 de la tarde, al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, al primer ministro Javier Velásquez Quesquén, al presidente del Tribunal Constitucional Juan Vergara Gotelli, al presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein y a la fiscal de la Nación Gladys Echaíz Ramos.
La convocatoria a una reunión sin agenda incomodó a más de uno, pero asistieron. La cumbre se realizó en un ambiente del segundo piso de Palacio de Gobierno.
Alva Castro llegó tarde, aunque otra fuente dice que no asistió pues se encontraba en una gira por el interior del país. Habría enviado a un representante.
El presidente García les habló de su preocupación por los enfrentamientos públicos entre el Congreso, el PJ, el TC y la Fiscalía por el tema de los audios de Business Track (BTR) y la necesidad para el país de terminar con esa situación.
Por este motivo les pidió ponerse de acuerdo y encontrar una solución a sus diferencias. Hasta este punto es lo que ha podido confirmar La República, incluso con dos fuentes. Se habló de otros temas, pero todos guardan hermetismo y, además, se retiraron en distintos momentos.
Una fuente refiere que Velásquez Quesquén y la fiscal de la Nación permanecieron callados. Alva Castro, o quien lo representó, insistió en que la jueza María Martínez entregue información al Congreso.
Villa Stein respondió que la prensa lo malinterpretó en el tema del TC y que la jueza decidirá qué información entrega. Vergara dio por superado el incidente con Villa y planteó que, si la discrepancia se mantiene en torno a los audios, esta institución podría definir la controversia entre el PJ y el Congreso.
Mano poderosa
Al parecer no se llegó a ningún acuerdo en la reunión. Ayer, el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, declaró que tiene claro que existe una “mano poderosa” que quiere evitar qué información sobre el material incautado a Bussines Track pase a la comisión legislativa que investiga la interceptación telefónica.
“Alguien poderoso quiere ocultar esto. Es bien extraño y no pone bien al PJ, porque hay magistrados que han sido citados”, indicó en alusión a los audios que comprometerían a magistrados y al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega.
El presidente del PJ no quiso precisar si se refería a Villa Stein o a otro magistrado. “Cuando aparecen estos audios –explicó–, el PJ empieza a negar información. Algo no se quiere revelar y hay peligro de que el material desaparezca o que ya esté desapareciendo. El PJ quiere ser juez y parte y no quiere que otro poder del Estado en uso de facultades constitucionales investigue. Esto jamás ocurrió”.
Alva Castro fue contundente también al asumir que al Congreso le corresponde establecer responsabilidades políticas, y estas pueden alcanzar a magistrados.
“El Congreso puede determinar estas responsabilidades. Si el PJ no tiene nada que esconder, que facilite la información. Los invito a reflexionar”, insistió.
Más temprano, Alva había advertido de la eventual existencia de “manos muy poderosas” que presionan a la jueza Martínez. “Hay un magistrado que reconoce conversaciones, y dice: ‘hagamos un secreto de esto, que no se haga pública la información’”.
Idas y venidas
Según Alva Castro, a la Mesa Directiva del Congreso y a la comisión que preside Oswaldo Luizar les parecen sintomáticas las idas y venidas de la jueza María Martínez. En setiembre, la jueza se comprometió con dicha comisión a entregar información, pero luego se negó.
“El juez titular Barreto entregó toda la información que tenía del caso a la comisión, unos 15 mil correos electrónicos. Si antes se entregó, ¿por qué ahora no?”, cuestionó.
La comisión esperará hasta hoy la respuesta del PJ. “En todo caso, iremos (mañana) al Tribunal Constitucional para que dilucide el conflicto de competencias. El Congreso investiga y sanciona a vocales supremos y altos funcionarios del Estado”, recordó Oswaldo Luizar.
Por otro lado, el periodista Pablo O’ Brien afirmó que las comunicaciones de unas 12 mil personas fueron interceptadas por Business Track (BTR) y otras empresas dedicadas a estas actividades ilícitas.
Según O’Brien, el grueso del material “chuponeado” que está en manos del Poder Judicial es de los años 2001 y 2005, por lo que no sería obra de BTR ya que esta empresa funciona desde el 2006.
Agregó que las víctimas han sido interceptadas básicamente en sus correos electrónicos. Anotó que esta gran cantidad de “chuponeados” explica por qué la jueza María Martínez no termina de revisar los equipos de los chuponeadores.
En tanto, el viernes, Villa Stein viajó a la Federación Rusa y no regresa hasta el 25 de octubre. La jueza Martínez sigue con la visualización de los CPUs de Elías Ponce Feijóo y hasta ahora no se sabe si enviará información al Congreso o si esperará el fallo del TC.
OCMA
Denuncia. El 9 de octubre la Comisión Luizar presentó un pedido a la Ocma para investigar por qué la jueza María Martínez se niega a entregarles información. Ayer, la Ocma pidió al Congreso precisar las circunstancias de la negativa de la jueza.
Precisión. El viernes, Javier Villa Stein envió un oficio a Luizar en la que se precisa que deberían dirigirse nuevamente a la jueza precisando el tipo de información que requieren para su cometido.
La demanda que prepara el Congreso
La demanda que el Congreso presentará al Tribunal Constitucional se sustentará en la Ley de Acceso a la Información. Para ello, la mesa directiva nombraría como apoderado al aprista Javier Valle Riestra, quien elaboró un informe sobre el sustento jurídico y los antecedentes dentro y fuera del Perú, que dan la razón al Parlamento.
Valle Riestra cita un texto del jurista Francisco Eguiguren respecto a que la persona emplazada por el Congreso carece de competencia para evaluar la conveniencia u oportunidad del pedido de información.
Igualmente, se cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que reconoció al Congreso la facultad de investigar y buscar información en un asunto que se encuentra en juicio.
La reunión fue convocada por el presidente Alan García Pérez. Su secretaria llamó, casi a las 5 de la tarde, al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, al primer ministro Javier Velásquez Quesquén, al presidente del Tribunal Constitucional Juan Vergara Gotelli, al presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein y a la fiscal de la Nación Gladys Echaíz Ramos.
La convocatoria a una reunión sin agenda incomodó a más de uno, pero asistieron. La cumbre se realizó en un ambiente del segundo piso de Palacio de Gobierno.
Alva Castro llegó tarde, aunque otra fuente dice que no asistió pues se encontraba en una gira por el interior del país. Habría enviado a un representante.
El presidente García les habló de su preocupación por los enfrentamientos públicos entre el Congreso, el PJ, el TC y la Fiscalía por el tema de los audios de Business Track (BTR) y la necesidad para el país de terminar con esa situación.
Por este motivo les pidió ponerse de acuerdo y encontrar una solución a sus diferencias. Hasta este punto es lo que ha podido confirmar La República, incluso con dos fuentes. Se habló de otros temas, pero todos guardan hermetismo y, además, se retiraron en distintos momentos.
Una fuente refiere que Velásquez Quesquén y la fiscal de la Nación permanecieron callados. Alva Castro, o quien lo representó, insistió en que la jueza María Martínez entregue información al Congreso.
Villa Stein respondió que la prensa lo malinterpretó en el tema del TC y que la jueza decidirá qué información entrega. Vergara dio por superado el incidente con Villa y planteó que, si la discrepancia se mantiene en torno a los audios, esta institución podría definir la controversia entre el PJ y el Congreso.
Mano poderosa
Al parecer no se llegó a ningún acuerdo en la reunión. Ayer, el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, declaró que tiene claro que existe una “mano poderosa” que quiere evitar qué información sobre el material incautado a Bussines Track pase a la comisión legislativa que investiga la interceptación telefónica.
“Alguien poderoso quiere ocultar esto. Es bien extraño y no pone bien al PJ, porque hay magistrados que han sido citados”, indicó en alusión a los audios que comprometerían a magistrados y al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega.
El presidente del PJ no quiso precisar si se refería a Villa Stein o a otro magistrado. “Cuando aparecen estos audios –explicó–, el PJ empieza a negar información. Algo no se quiere revelar y hay peligro de que el material desaparezca o que ya esté desapareciendo. El PJ quiere ser juez y parte y no quiere que otro poder del Estado en uso de facultades constitucionales investigue. Esto jamás ocurrió”.
Alva Castro fue contundente también al asumir que al Congreso le corresponde establecer responsabilidades políticas, y estas pueden alcanzar a magistrados.
“El Congreso puede determinar estas responsabilidades. Si el PJ no tiene nada que esconder, que facilite la información. Los invito a reflexionar”, insistió.
Más temprano, Alva había advertido de la eventual existencia de “manos muy poderosas” que presionan a la jueza Martínez. “Hay un magistrado que reconoce conversaciones, y dice: ‘hagamos un secreto de esto, que no se haga pública la información’”.
Idas y venidas
Según Alva Castro, a la Mesa Directiva del Congreso y a la comisión que preside Oswaldo Luizar les parecen sintomáticas las idas y venidas de la jueza María Martínez. En setiembre, la jueza se comprometió con dicha comisión a entregar información, pero luego se negó.
“El juez titular Barreto entregó toda la información que tenía del caso a la comisión, unos 15 mil correos electrónicos. Si antes se entregó, ¿por qué ahora no?”, cuestionó.
La comisión esperará hasta hoy la respuesta del PJ. “En todo caso, iremos (mañana) al Tribunal Constitucional para que dilucide el conflicto de competencias. El Congreso investiga y sanciona a vocales supremos y altos funcionarios del Estado”, recordó Oswaldo Luizar.
Por otro lado, el periodista Pablo O’ Brien afirmó que las comunicaciones de unas 12 mil personas fueron interceptadas por Business Track (BTR) y otras empresas dedicadas a estas actividades ilícitas.
Según O’Brien, el grueso del material “chuponeado” que está en manos del Poder Judicial es de los años 2001 y 2005, por lo que no sería obra de BTR ya que esta empresa funciona desde el 2006.
Agregó que las víctimas han sido interceptadas básicamente en sus correos electrónicos. Anotó que esta gran cantidad de “chuponeados” explica por qué la jueza María Martínez no termina de revisar los equipos de los chuponeadores.
En tanto, el viernes, Villa Stein viajó a la Federación Rusa y no regresa hasta el 25 de octubre. La jueza Martínez sigue con la visualización de los CPUs de Elías Ponce Feijóo y hasta ahora no se sabe si enviará información al Congreso o si esperará el fallo del TC.
OCMA
Denuncia. El 9 de octubre la Comisión Luizar presentó un pedido a la Ocma para investigar por qué la jueza María Martínez se niega a entregarles información. Ayer, la Ocma pidió al Congreso precisar las circunstancias de la negativa de la jueza.
Precisión. El viernes, Javier Villa Stein envió un oficio a Luizar en la que se precisa que deberían dirigirse nuevamente a la jueza precisando el tipo de información que requieren para su cometido.
La demanda que prepara el Congreso
La demanda que el Congreso presentará al Tribunal Constitucional se sustentará en la Ley de Acceso a la Información. Para ello, la mesa directiva nombraría como apoderado al aprista Javier Valle Riestra, quien elaboró un informe sobre el sustento jurídico y los antecedentes dentro y fuera del Perú, que dan la razón al Parlamento.
Valle Riestra cita un texto del jurista Francisco Eguiguren respecto a que la persona emplazada por el Congreso carece de competencia para evaluar la conveniencia u oportunidad del pedido de información.
Igualmente, se cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que reconoció al Congreso la facultad de investigar y buscar información en un asunto que se encuentra en juicio.
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JAIME ESPEJO ARCE