Las autoridades sudanesas deben detener la ejecución de un activista darfurí cuya condena se elevó de 10 años de cárcel a pena de muerte, ha pedido hoy Amnistía Internacional ante el temor de que el activista sea ejecutado en la horca este fin de semana.
Bakri Moussa Mohammed, que participó en las protestas contra la represión de las personas desplazadas por las fuerzas de seguridad en Darfur del Sur, fue encarcelado en 2010 por su presunta implicación en un asesinato.
"Creemos que Bakri Moussa Mohammed corre peligro inminente de ser ejecutado en la horca, e imploramos a las autoridades sudanesas que actúen de inmediato para detener la ejecución empleando todos los medios a su alcance”, ha dicho Netsanet Belay, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
"Las imprecisas circunstancias en las que se modificó la condena de Bakri constituyen una clara violación de las normas sobre garantías procesales."
La familia de Bakri Moussa Mohammed cree que lo detuvieron y condenaron por el asesinato en represalia por su activismo.
El 31 de diciembre de 2012, casi tres años después de ser encarcelado, un funcionario de la cárcel de Kober, en Jartum, le comunicó que se había revisado su pena y ahora estaba condenado a muerte.
Ese mismo día lo trasladaron a la zona de los condenados a muerte y, según los informes, lo llevaron tres veces al cadalso y después le dijeron que la ejecución se pospondría 35 días.
El plazo ya ha expirado y Amnistía Internacional entiende que el nuevo periodo de gracia solicitado por el abogado de Bakri finalizará en aproximadamente 24 horas.
No parece haber habido ninguna vista judicial sobre la modificación de la condena.
La familia de Bakri cree que la decisión fue tomada por la administración penitenciaria bajo la influencia del Servicio Nacional de Seguridad.
"Las autoridades sudanesas deben responder a importantes preguntas sobre la revisión de esta condena. Los juicios por delitos punibles con la muerte deben ajustarse a las más estrictas normas sobre garantías procesales reconocidas internacionalmente”, ha dicho Netsanet Belay.
"Estas normas no parecen haberse respetado en el caso de Bakri Moussa Mohammed, que nos tememos que ha sido procesado únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión.”
Bakri Moussa Mohammed, activo crítico del gobierno, era activista comunitario en el campo de Kalma para personas desplazadas en Darfur Meridional. Fue detenido en 2009 y condenado en 2010 por un asesinato que sostiene no haber cometido.
El derecho internacional prohíbe cualquier ejecución después de un juicio que no ha cumplido las normas internacionales sobre garantías procesales.
Además, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación de su pena.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena capital viola el derecho a la vida y es la forma extrema de castigo cruel, inhumano y degradante.
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JAIME ESPEJO ARCE