martes, 26 de febrero de 2013

Cuestión de Estado

 
Por: Francisco Belaunde Matossian
 
Es estremecedor que el Ministerio del Interior haya anunciado que va a sacar 1 000 policías y 300 patrulleros más a las calles. Lo es, no por la medida en sí, que es bienvenida, sino por el hecho de que aparezca como una reacción a dos crímenes de gran impacto mediático. Es decir, se refuerza la sensación de que el actual gobierno no tiene un verdadero plan de seguridad, sino que actúa apurado por las circunstancias y por la presión de la opinión pública.
 
Lo peor de todo es esa impresión de que el actual ministro del Interior, al igual que sus antecesores, y más allá de que sea una persona respetable, no ejerce verdadera autoridad sobre la institución policial y que, por lo tanto, esta sigue siendo un feudo que escapa al control del Estado, con sus virtudes, sin duda, pero también con su espíritu de cuerpo y, a la vez, sus rivalidades internas, a lo que se añade, por cierto, la gangrena de la corrupción. Así no se puede elaborar ni ejecutar en el tiempo ningún plan. Diversos especialistas vienen advirtiendo sobre esa situación. El hecho de que el general Raúl Salazar permanezca en el cargo de director de la institución, no obstante cuestionamientos como el relacionado con su rol en el escándalo de las Brujas de Cachiche, parece darles la razón.
 
Ciertamente, la policía no es la única organización que está en cuestión en el tema de la seguridad. También lo están el Ministerio Público y el Poder Judicial, afectados por la corrupción, para beneplácito de un gran número de delincuentes que se ven favorecidos por resoluciones sospechosas y salen libres. Estas entidades también deben ser plenamente recuperadas para el interés público.
 
En otros casos, es la ineficiencia la que conspira contra las políticas de seguridad. Así, por ejemplo, no se entiende por qué sigue en Proinversión, desde hace año y medio desde que fuera anunciada, la iniciativa privada para la instalación de bloqueadores de celulares en las cárceles del país, sin costo alguno para el erario público, de acuerdo a lo informado por las autoridades del INPE.

Está claro que si en su momento el expresidente Fernando Belaunde Terry hablaba de la conquista del Perú por los peruanos, ahora es el tiempo de la conquista del Estado por los peruanos.
La policía no es la única organización que está en cuestión en el tema de la seguridad. También lo están el Ministerio Público y el Poder Judicial, también afectados por la corrupción.