El programa Tribuna abierta presentó ayer un peritaje oficial que confirma fehacientemente la manipulación de los USB (memorias digitales) incautados a Giselle Giannotti el 8 de enero del 2009 y que los mismos fueron alterados en horas de la madrugada cuando dichas pruebas ya se encontraban bajo custodia del Poder Judicial.
Se trata del “Informe de Pericia Informática Caso BTR” suscrito por el perito ingeniero CIP Santos Alejandro Camarena realizado a petición de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada y que fue culminada recién el último 15 de febrero del 2012.
En la tercera conclusión de dicho informe se determina que las dos memorias digitales incautadas a de Gianotti, con denominación “MGG95 y MGG96 son las que contienen fechas de creación posteriores al 8 de enero del 2009”, es decir, que fueron hechas después del arresto de los implicados en las interceptaciones telefónicas que realizaba Business Track.
En el peritaje informático se determina que estos USB fueron manipulados el 4 de mayo del 2009, entre la 1:05:59 am y 1:37:42 am. La pregunta salta a la vista. Si Giannotti estaba detenida desde el 8 de enero del 2009, ¿quién alteró los archivos el 4 de mayo a la 1 de la madrugada, cuando ya estaban en manos del Poder Judicial? Por cierto, las muestras MGGG95 y MGGG96 son nada menos que los dos USB Boston Technologies de color plomo que fueron cambiados por los de tapa transparente.
En la muestra MGG95 se habrían borrado 296 archivos de los 594 existentes, mientras que en la MGG96 se borraron 181 de los 475 archivos. Es necesario destacar que los USB incautados a Giannotti fueron entregados al Poder Judicial, es más, su presidente de ese entonces, Javier Villa Stein ordenó trasladar el material inculpatorio al Palacio de Justicia con las máximas medidas de seguridad, que al parecer no fue tanta.
A este hecho se suma la nebulosa participación de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), institución que dirigía Miguel Hidalgo, y quien llevó a cabo la incautación de los USB en una sombría participación, pues los extrabajadores de BTR lo han acusado de manipular las pruebas por orden de Alan García, debido a que en las memorias digitales se encontraban las pruebas de escandaloso casos de corrupción del gobierno aprista.
También los exministros Jorge del Castillo, y Hernán Garrido Lecca han sido más de una vez mencionados durante el juico oral del BTR. Uno de los implicados, Martín Fernández Virhuez, aseguró que ambos altos dirigentes apristas enviaron a sus emisarios para resguardar el contenido de los audios y así conocer el contenidos de estos.
Hasta el momento, cuatro de los principales implicados han sido condenados entre siete a cinco años de cárcel efectiva, mientas que todavía existen dudas y muchas sospechas sobre el verdadero paradero de los USB y su contenido.
Es por eso que la Sala que sentenció a los ex trabajadores de BTR decidió remitir copias de todo lo actuado al Ministerio Público y al Congreso de la República para que “en el uso de sus atribuciones realicen las investigaciones pertinentes contra el expresidente Alan García, los ministros de su gestión Jorge del Castillo, el extitular de Vivienda Hernán Garrido Lecca, del Interior Miguel Hidalgo, así como el general de la Dirandro (Dirección Antidrogas) Carlos Morán e, incluso, el fiscal Walter Milla, el exfiscal superior Mateo Castañeda, quien en la actualidad es abogado del exalcalde Luis Castañeda Lossio.
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JAIME ESPEJO ARCE