Chuponeo

Inteligencia: el poder oculto

Nos chuponean para obtener información que luego transforman en Inteligencia que es ofertada al mejor postor. Hay una articulación que actúa en las sombras, entre la inteligencia, grupos de poder económico, políticos y mandos militares, y que intenta manipular la vida de la sociedad. 

En los últimos días del gobierno fujimontesinista se hizo patente algo que siempre se había manejado en secreto, tras bambalinas: el poder de la inteligencia en la vida política, social y económica del país. El video en el que Alberto Kouri recibe “su pago” de manos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos en su oficina (conocida como “la salita”) del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), puso en blanco y negro lo que siempre estuvo negado públicamente.

Y dentro de la acción de este poder oculto está el manejo de la información (procesada para convertirse en Inteligencia) obtenida por medios legales e ilegales. Con Vladimiro Montesinos se hizo evidente la manipulación por intereses personales de los servicios de Inteligencia y sus herramientas para captar información, pero él no descubrió esto, ni tampoco ha sido el único en utilizarlo.

El informe final de la comisión de chuponeo del Congreso, presentado esta semana, ha vuelto a poner en el centro del debate de la ciudadanía la fragilidad del sistema y de sus instituciones respecto a los poderes ocultos.

Para el ex senador Javier Diez Canseco está claro que hay una línea de continuidad desde el primer gobierno de Alan García hasta la actualidad, pasando por la época fujimontesinista, cuando ha sido descubierto el caso de Business Track (BTR). Es evidente una articulación entre los grupos de Inteligencia, con los grupos de poder económico, los mandos militares y la participación de políticos. Esto ha crecido y se ha privatizado, subraya.

Las pistas 

Nadie ignora que el almirante Luis Giampietri fue el enlace de inteligencia entre los rehenes de la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki, y quienes organizaban el operativo de rescate, que finalmente fue realizado exitosamente el 15 de marzo de 1997.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, “la labor de Inteligencia para el adecuado cumplimiento de la parte operativa en el campo militar, le fue encomendada al entonces asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, por el mismo ex presidente de la República”. Montesinos, a su vez, encargó al coronel EP Roberto Huamán “las labores de explotación de la información que se obtenía secretamente desde el interior de la residencia a través de micrófonos escondidos y de un beeper que portaba uno de los rehenes”, que no era otro que el almirante, en ese tiempo recién pasado al retiro, Luis Giampietri, quien había sido jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra.

Giampietri es un oficial con mucha influencia en la Marina, la que ha mantenido pese a haber pasado al retiro en 1995. 

La fiscal Marlene Berrú investigó al contralmirante Giampietri por la adquisición de equipos de defensa a empresas relacionadas con Vladimiro Montesinos, entre 1994 y 1995, y elevó su acusación al Poder Judicial. En ese momento, saltó a la luz el primer atisbo del gran poder que tiene el primer vicepresidente de la República, pues reaccionó furibundo contra la fiscal y la denuncia fue archivada.

Conclusiones preliminares

LA PRIMERA conclusión de la Comisión Luizar señala que “existen indicios razonables que las empresas de seguridad, como Business Track S.A.C. y Andrick Service S.A.C., (...) actuarían de manera organizada, planificada, sistematizada, para obtener información clasificada mediante las interceptaciones telefónicas y electrónicas”.

Y añade en la tercera conclusión, que “de la investigación se tienen indicios suficientes para afirmar que las empresas Business Track S.A.C. y Andrick Services S.A.C. triangulaban información proveniente de las interceptaciones telefónicas”.

Por ende, la cuarta conclusión dice que “existen elementos razonables para considerar que las Unidades de Inteligencia de la Marina de Guerra conocían de las actividades ilícitas de interceptación de las comunicaciones por parte de las empresas mencionadas y que compartían informaciones a través de los miembros de la Marina en actividad y retiro vinculados a las empresas señaladas”.

Sin embargo, el comandante general de la Marina, almirante Rolando Navarrete, señaló que “la Marina no posee ese tipo de equipos de interceptación telefónica (...) en nuestro inventario no tenemos equipos de interceptación telefónica; más aún, nuestro personal no hace interceptación telefónica”.

Pero, sin duda, la conclusión más importante, aunque no categórica, es la que sostiene que “se tienen suficientes indicios para presumir que las interceptaciones realizadas por Business TrackS.A.C. a través de Elías Manuel Ponce Feijóo a diversos personajes políticos, entre ellos, de Virly del Carmen Torres Curvelo, secretaria de la embajada de Venezuela, del padre Marco Antonio Arana Zegarra, Isabel Paiva Zárate, vinculada al diario Ollanta (aliados del candidato Ollanta Humala Tasso), fueron del conocimiento del señor Almirante (r) Luis Alejandro Giampietri Rojas, por razones políticas en su calidad de candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Aprista Peruano”.

Otro indicio que abunda en el nexo con el almirante Giampietri, según el informe de la Comisión Luizar, es la contratación de BTR por el gobierno regional del Callao, cuyo presidente es Alex Kouri, quien a su vez es máximo dirigente del movimiento “Chimpum Callao” del cual Giampietri es parte. También está la relación con la empresa de seguridad Forza, de la cual eran directores Julio Favre y Ricardo Vega Llona, que frecuentaban Palacio de Gobierno.

Susana Grados Díaz