Las investigaciones del caso de Víctor Ariza Mendoza, el suboficial de la FAP acusado de espiar para Chile, han llegado a establecer que no pudo actuar solo y que habría alguien de rango superior que durante su carrera militar lo protegió y lo habría hecho su socio en el negocio de vender información clasificada al extranjero.
Según fuentes de inteligencia militar, el protector, auspiciador y socio de Ariza es un oficial de alta graduación, a quien el presunto espía denomina “Zapatero” en documentos que han sido incautados en su domicilio de la Urbanización Palao en San Martín de Porres.
Entre los documentos que el juez toma en cuenta para ordenar la detención preliminar de Ariza el 30 de octubre pasado, figuran, además de los informes de las superintendencias de Administración Tributaria y de Banca y Seguros, así como de los bancos comerciales, su movimiento migratorio, etc., el documento “denominado Caso Zapatero”.
El mismo informe judicial, menciona el “mensaje enviado por Zapatero presumiblemente al sargento chileno Víctor Vergara Rojas (y) la relación de correos electrónicos y direcciones de los presuntos colaboradores de Zapatero”, lo que evidencia que éste manejaba una red de informantes o que es un oficial con mando sobre “colaboradores”.
Ariza ha tenido un historial de indisciplinas y sanciones en la Fuerza Aérea, y hasta llegó a ser expulsado de la institución por insubordinación. Sin embargo, fue asignado a puestos importantes dentro de la FAP por una misteriosa protección que solamente pudo ser posible por alguien ubicado en niveles de mando, y que le habría además facilitado el acceso a la información clasificada que el doble agente vendió tanto a Chile como a traficantes internacionales de armas.
Ariza fue expulsado de la FAP por indisciplina, pero logró su reincorporación por medio de un fallo del Poder Judicial. Luego de ese grave antecedente, que anularía las aspiraciones de cualquier militar, el 13 de febrero de 2002 lo nombran inexplicablemente auxiliar del Agregado Aéreo en la Embajada de Perú en Chile, el entonces coronel FAP Eduardo Samamé Quiñones, quien hoy, con el grado de mayor general FAP, es jefe de Estado Mayor General, es decir el número dos de la institución castrense.
La investigación de inteligencia de la FAP concluye que allí en Santiago de Chile, agentes chilenos captan a Ariza para que les venda información, convirtiéndolo en doble agente.
La expulsión
Según fuentes de inteligencia militar, el protector, auspiciador y socio de Ariza es un oficial de alta graduación, a quien el presunto espía denomina “Zapatero” en documentos que han sido incautados en su domicilio de la Urbanización Palao en San Martín de Porres.
Entre los documentos que el juez toma en cuenta para ordenar la detención preliminar de Ariza el 30 de octubre pasado, figuran, además de los informes de las superintendencias de Administración Tributaria y de Banca y Seguros, así como de los bancos comerciales, su movimiento migratorio, etc., el documento “denominado Caso Zapatero”.
El mismo informe judicial, menciona el “mensaje enviado por Zapatero presumiblemente al sargento chileno Víctor Vergara Rojas (y) la relación de correos electrónicos y direcciones de los presuntos colaboradores de Zapatero”, lo que evidencia que éste manejaba una red de informantes o que es un oficial con mando sobre “colaboradores”.
Ariza ha tenido un historial de indisciplinas y sanciones en la Fuerza Aérea, y hasta llegó a ser expulsado de la institución por insubordinación. Sin embargo, fue asignado a puestos importantes dentro de la FAP por una misteriosa protección que solamente pudo ser posible por alguien ubicado en niveles de mando, y que le habría además facilitado el acceso a la información clasificada que el doble agente vendió tanto a Chile como a traficantes internacionales de armas.
Ariza fue expulsado de la FAP por indisciplina, pero logró su reincorporación por medio de un fallo del Poder Judicial. Luego de ese grave antecedente, que anularía las aspiraciones de cualquier militar, el 13 de febrero de 2002 lo nombran inexplicablemente auxiliar del Agregado Aéreo en la Embajada de Perú en Chile, el entonces coronel FAP Eduardo Samamé Quiñones, quien hoy, con el grado de mayor general FAP, es jefe de Estado Mayor General, es decir el número dos de la institución castrense.
La investigación de inteligencia de la FAP concluye que allí en Santiago de Chile, agentes chilenos captan a Ariza para que les venda información, convirtiéndolo en doble agente.
La expulsión
Un informante de la FAP dijo que Ariza fue confinado en prisión por insubordinación a sus superiores, y que al final de su reclusión fue expulsado del instituto armado. Entonces, Ariza enjuició a la FAP y reclamó su reincorporación, que la obtuvo tras un fallo judicial.
El informante hizo hincapié en que, por estas circunstancias, Ariza debió haber sido “congelado” en la FAP, sentado en alguna oficina sin mayores proyecciones, y no ser nombrado a un puesto en el exterior, lo cual para los uniformados significa un premio por alguna acción meritoria a favor del instituto armado o del país. Nada de esto ocurrió en el caso de Ariza.
La fuente hizo notar, asimismo, que la mayoría de viajes de Ariza a Chile, Argentina y Uruguay, de los últimos cinco años, no contaron con autorización de la FAP, y en ningún momento fue amonestado o castigado por sus superiores en la Dirección de Inteligencia de la FAP (DIFAP).
El informe de Inteligencia FAP Nº 001-2009 recalca que a su regreso de Chile en enero de 2003, Ariza fue nombrado a la DIFAP en donde estuvo trabajando hasta el 30 de octubre de este año, cuando fue apresado acusado de espionaje. No obstante, señala el informe, en el año 2007 toma conocimiento por una denuncia de la esposa de Ariza, María Flores, que éste recibía dinero “procedente de Chile (…) porque estaría proporcionando información clasificada a ese país”, y aún así, estando bajo investigación de Contrainteligencia FAP, Ariza viajó del “veintiséis de agosto al tres de setiembre de dos mil ocho, sin Resolución de Autorización de la FAP y a su retorno se duplica el depósito a su cuenta de ahorro en un monto de 7,000 dólares”.
La investigación de DIFAP sobre Ariza no avanzó casi nada desde el 2007 hasta agosto de este año, cuando la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a cargo del general PNP (r) Danilo Guevara inicia indagaciones a fondo sobre sus ingresos, propiedades y sus comunicaciones (correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc.), dando como resultado su confinamiento en el penal “Piedras Gordas” acusado de atentado contra la seguridad nacional, espionaje y lavado de activos. (LA PRIMERA)
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JAIME ESPEJO ARCE